La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Pedro Domingo Díaz Díaz, paciente oncológico privado de libertad en el centro penitenciario Rodeo II, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 28/2026, tras evaluar información sobre su diagnóstico de cáncer desarrollado durante su detención, así como afecciones renales preexistentes, y la falta de acceso a atención médica adecuada, oportuna y especializada durante su reclusión. En ese sentido, la CIDH solicitó al Estado venezolano adoptar medidas urgentes para garantizar atención médica integral, acceso efectivo a tratamientos y condiciones de detención compatibles con estándares internacionales.

La detención de Pedro Díaz fue una de las tantas que se registraron en la denominada Operación Trueno, un operativo de seguridad ejecutado en 2022 en varios municipios del estado Guárico, con especial énfasis en Altagracia de Orituco. Una investigación desarrollada por Defiende Venezuela y difundida de manera colaborativa con la organización InSight Crime, documentó al menos 34 casos de presuntas violaciones de derechos humanos durante dicho operativo, incluyendo detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y actos de tortura y tratos crueles. El informe concluyó que varias de las personas detenidas no tenían vínculos comprobados con estructuras criminales, lo que sugiere patrones de actuación indiscriminada en el marco de operativos de seguridad.

Estos hechos también han sido objeto de análisis por mecanismos internacionales. En la opinión 38/2024, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la privación de libertad de Pedro Díaz fue arbitraria y que su proceso judicial ha estado plagado de violaciones a garantías fundamentales, incluyendo el derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a recursos judiciales efectivos. Este organismo también le pidió al Estado venezolano la adopción de medidas inmediatas para remediar las violaciones constatadas, incluyendo su liberación, la adopción de medidas de reparación y la investigación de los hechos denunciados.

En el caso específico de Pedro Díaz, la CIDH advirtió que la atención médica recibida hasta la fecha resulta insuficiente frente a la gravedad de su condición grave de salud, lo que incrementa el riesgo de un daño irreparable. Asimismo, reiteró la obligación del Estado de adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger su vida e integridad personal.

Defiende Venezuela lideró la documentación del caso y la presentación de la solicitud ante el sistema interamericano, aportando información médica y jurídica sobre la situación de riesgo del beneficiario.

“El otorgamiento de estas medidas cautelares confirma la gravedad del estado de salud de Pedro Díaz y la insuficiencia de la atención médica que ha recibido bajo custodia. Conforme a la legislación interna venezolana, en estos casos procede una medida humanitaria que le permita continuar su proceso penal en libertad, a fin de garantizar acceso prioritario a tratamiento especializado. Además, su detención preventiva se ha extendido por cuatro años, en un proceso que ha estado marcado por retrasos y obstáculos que afectan el ejercicio pleno de sus garantías”, señaló Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela.