Viernes, 22 de julio, 2022
Pérez, Johny

El defensor fue detenido el pasado 2 de julio de 2021,  y presenta una serie de patologías y FundaRedes, la ONG que encabeza, denuncia que hasta la fecha no ha recibido atención médica y exige su liberación inmediata


El pasado 2 de julio Javier Tarazona, director de Fundaredes, cumplió un año detenido, por lo que Fundaredes se mantiene exigiéndole al Estado venezolano su inmediata e incondicional liberación.

“Como desde el día uno seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata. Javier Tarazona no solo ha sido víctima de una detención arbitraria, y una privación ilegítima de su libertad, sino que también de una desaparición forzada por más de 30 horas, en las cuales ni el equipo de Fundaredes, sus familiares, sus abogados y miembros de otras organizaciones supieron de su paradero”, expresó Clara Ramírez, coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, durante conversación con Amnistía Internacional Venezuela.

Fundaredes, un blanco de amenazas

Ramírez recordó que durante esas horas que se desconocía el paradero de Tarazona, acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela y El Helicoide en Caracas y no recibieron respuesta.

El defensor fue detenido junto también a los defensores de Fundaredes Omar de Dios García y Rafael Tarazona, después que fueron sacados de la sede del Ministerio Público (MP), en la ciudad de Coro, estado Falcón.

Por tal motivo, el equipo de Fundaredes en esa entidad acudió a la sede del Sebin y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), debido que los funcionarios que llevaron a cabo la detención se identificaron como pertenecientes a estos respectivos cuerpos de seguridad, sin embargo tampoco recibieron respuesta.

Ramírez afirmó que no se supo nada de ellos hasta el día 3 de julio después del mediodía, fecha en que se tuvo conocimiento que se encontraban en la sede del Palacio de Justicia en Caracas.

La defensora de derechos humanos indicó que la organización documentó entre marzo de 2020 hasta mayo de 2021 “11 actos de amenaza y hostigamiento por parte de voceros del Estado venezolano a nivel local, regional y nacional en contra de Fundaredes”.

“Lamentablemente esas amenazas se materializaron con la detención arbitraria de Javier Tarazona. Su caso es una muestra de cómo el Estado venezolano criminaliza la promoción y defensa de derechos humanos en nuestro país”, subrayó Ramírez.

Para Ramírez que a un profesor universitario y padre de familia como lo es Javier Tarazona, se le señale de “instigar al odio y de terrorista, no son más que argumentos falsos, y una actuación premeditada por parte del Estado Venezolano, que quiere hacer ver una conducta irreal contra Tarazona, que lo único que ha hecho es velar para que a los ciudadanos de los estados fronterizos no se le siga violando flagrantemente y sistemáticamente sus derechos humanos”.

La detención del defensor se ejecutó a pesar de ser beneficiario de una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 18 de octubre de 2020.

Asimismo, el caso ha sido reseñado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, y también ha sido presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI), entre otros organismos internacionales. 

Su estado de salud y sus condiciones de reclusión

El caso del defensor de derechos humanos ha llamado la atención de la comunidad internacional debido a su estado de salud, cuyo seguimiento lo hace la ONG a través de sus familiares, quienes, según Ramírez, pueden verlo con una cierta regularidad.

A su vez, afirmó que a través del teléfono oficial de El Helicoide permiten que Javier haga una llamada para informar sobre su estado de salud, al mismo tiempo que alertó de las preocupantes condiciones en las cuales se encuentra recluido.

“Las condiciones de detención de Javier incluyen no ver  la luz del sol, no contar con agua potable, con acceso de aire reciclado dentro de una estructura totalmente contaminada. También ha sido víctima de aislamiento en espacio cerrado por largo tiempo”, enfatizó. 

Además denunció que “en interrogatorios le han dado a ingerir sustancias, con el propósito de obligarlo a grabar videos con información falsa, y ha sido sistemáticamente sometido a ingerir alimentos descompuestos y no aptos para el consumo humano. Con la intención de causar sufrimiento y deterioro en su salud tanto física como mental”.

La situación de Tarazona se hace más preocupante porque no se le ha permitido recibir atención médica por parte de un personal de confianza, a pesar de que ha sido una de las principales exigencias del equipo de Fundaredes y su familia.

Tan solo en varias oportunidades ha sido trasladado hacia la enfermería de El Helicoide, y la atención ha sido primaria. 

La negativa a que sea tratado por un médico de confianza está ocurriendo a pesar de que previo a su detención se emitieron certificados en los cuales se deja constancia de que Tarazona presenta patologías como: “hipertensión arterial, arritmia cardíaca, frecuencia cardíaca elevada,  dislipemia, síndrome cardiometabólico, es hiperinsulínico,  y es una persona asmática”, por lo tanto por el tiempo que lleva recluido su salud se ha complicado.

“En octubre fue diagnosticado con Covid-19, lamentablemente en ese momento a Javier no se le prestó asistencia médica inmediata”, denunció Ramírez. 

Esta situación se produjo dentro de El Helicoide, donde otros detenidos dieron positivo, y varios de ellos fueron llevados a centros asistenciales, a excepción de Javier porque “era un paciente asintomático”, a pesar de que su prueba dio positiva no se le trasladó para que recibiera un tipo de tratamiento.

“Esto trajo como consecuencia que en el mes de diciembre presentará una neumonía atípica derivada del Covid-19 no tratado en octubre”, sostuvo.

También, el equipo de Fundaredes conoció en meses recientes que a Javier Tarazona se le diagnosticó una insuficiencia venosa grado 2, y ha presentado arritmias muy frecuentes, lo que ha llevado a que paramédicos de El Helicoide lo atiendan de emergencia para lograr estabilizarlo.

 Además, un doctor de medicina general  de la enfermería de ese centro de reclusión le diagnosticó que estaba presentando una colitis, por lo que era necesario que recibiera atención médica especializada para la realización de una colonoscopia y endoscopia.

“Pero, hasta la fecha, Javier Tarazona no ha sido trasladado a ningún centro médico. Su estado de salud se ve constantemente comprometido. Seguimos exigiendo al Estado venezolano que garantice el derecho a la salud de Javier Tarazona y que también garantice su derecho a la vida. Pedimos que pueda ser tratado por un médico de confianza de manera urgente, hemos alertado que no queremos que Javier Tarazona sea otro privado de libertad que muere bajo custodia del Estado por no tener asistencia médica”, exclamó.

El compromiso sigue intacto

A pesar de lo que representa la detención de Tarazona para la organización, sus miembros no han bajado la cabeza en pro de seguir acompañando a miles de personas víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

“Fundaredes es una institución. Nosotros hemos decidido continuar con nuestra labor, seguir operativos en los seis estados fronterizos donde tenemos un mayor impacto como: Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, sin dejar de lado el caso de la detención arbitraria de nuestro director general con una campaña permanente, lo que ha impulsado a este equipo a seguir con mayor convicción y pasión para seguir con las actividades que por años han caracterizado a Fundaredes”, dijo.

Objetivos, programas, y recomendaciones

A propósito de eso pese al momento difícil que atraviesa la organización, el objetivo de Fundaredes sigue siendo el mismo desde su fundación hace más de 20 años, y es el de generar tejido social en las zonas fronterizas del país anteriormente mencionadas, a través de su Observatorio de Derechos Humanos, que es el programa bandera de la organización, por lo que están enfocados en consolidar los equipos que tienen en esas respectivas entidades.

“Esperamos en un corto plazo ya tener equipos en estados como Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, y en estados estratégicos por los temas que nosotros monitoreamos como Guárico, y Monagas, es lo que la organización busca como objetivo en este momento”, agregó.

También, la meta de Fundaredes es seguir sensibilizando a las comunidades, y seguir enfocados en todos los temas de documentación, y denuncias, y no solo sobre la actuación de grupos armados irregulares, sino de todas las violaciones de derechos humanos.

“Aunque sobran personas y organizaciones que hablan de derechos humanos, hay muchos por hacer, sin lugar a dudas nuestros objetivos son lo que dieron pie a la fundación de FundaRedes, pero uno de los pilares para nosotros es seguir formando a las comunidades, los líderes emergentes,  y universitarios”,  puntualizó.

Con el Observatorio el equipo ha podido documentar diversas denuncias de violaciones de derechos humanos, sobre todo las que tienen que ver con la actuación de grupos armados irregulares que “siguen siendo la constante”.  

“Casos de amenazas, extorsiones, casos donde desalojan a familias, y no solo por parte de grupos armados irregulares, sino que dentro de operativos que está llevando a cabo el Estado venezolano hemos visto cómo están arremetiendo contra la población civil en los estados: Apure, Táchira, y Zulia”, afirmó.

Ramírez señaló que esto está ocurriendo en los operativos contra grupos armados irregulares, “que ellos han denominado Tancol, pero estos son falsos positivos, ellos a quienes están deteniendo es a campesinos y a habitantes de las zonas que ellos se han tomado, estas son denuncias recurrentes que hemos documentado”.

Asimismo, Fundaredes ha documentado casos de violencia en esas entidades, lo que quedó plasmado  en el informe denominado “Curva de la Violencia”.

“Allí estamos analizando tres unidades de investigación que son homicidio, enfrentamiento, desapariciones o secuestros. En lo que va de año hemos recibido denuncias de personas desaparecidas, esto comparado a años anteriores ha tenido un crecimiento bastante importante sobre todo en Táchira”, sostuvo. 

A esto se le suma denuncias que tienen que ver con violaciones a derechos económicos, culturales y ambientales.

A su vez, la ONG cuenta con el programa Observatorio de Educación, a través del cual han podido recoger las principales preocupaciones de la población vulnerable en este tema. 

En este sentido, es recurrente las denuncias que tienen que ver con el mal estado de la infraestructura de las instituciones educativas, lo que se ve reflejado en varias aulas que están completamente inhabilitadas porque hay filtraciones, además los techos están en mal estado y las zonas recreativas necesitan ser recuperadas.

También, en muchas instituciones no cuentan con agua potable, ni piezas sanitarias, y además, no tienen energía eléctrica porque se han robado el cableado.

A parte de eso, la organización ha podido recoger que hay una deserción escolar no solamente de estudiantes, sino también de los docentes, lo que ha obligado a muchos padres y representantes a sumarse como voluntarios, quienes cuentan con la mejor voluntad, pero no tienen ningún tipo de acreditación.

“Todo esto está impactando la educación de los niños en los estados fronterizos en las zonas más rurales, donde la presencia del Estado en muchos sentidos y por varios años ha sido nula”, resaltó.

Entre  los programas que tiene la organización está también el “Que no se acueste un niño sin comer”, el cual consiste en acudir a una población vulnerable y se crea un plan de alimentación dirigido a niños con necesidades de nutrición para que al menos tengan una comida al día en muchos casos, pero de momento este proyecto se tiene previsto que se retome debido a que la pandemia del Covid-19 obligó a que fuera suspendido.

“Las condiciones de vida de los estados fronterizos siempre han sido pésimas, incluso antes de declararse la emergencia humanitaria compleja. En los momentos de mayor crisis a los estados fronterizos se le ha criminalizado, siempre a las personas de estos estados han sido tratadas como contrabandistas. Entonces las condiciones de vida no han mejorado, son paupérrimas. Son condiciones de vida sometidas a la ilegalidad para intentar sobrevivir a la crisis que viven los venezolanos”, enfatizó.

En resumen, Fundaredes a través de su trabajo de acompañamiento a las víctimas, sus jornadas de formación, y documentación, ha logrado impactar en la vida de más de 10.000 personas en los últimos dos años.

“Una de las políticas que se podrían tomar para mejorar la situación de estas personas, es que el Estado venezolano acate y cumpla las recomendaciones que han dado los organismos internacionales que han hecho un seguimiento riguroso, y trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que están en el terreno,  ¿hasta cuándo la van a seguir criminalizando?, creo que ese es un punto de partida”, concluyó.

 

 

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