Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos, las componendas entre funcionarios y privados para apropiarse de fondos públicos y otras prácticas corruptas fueran un deporte olímpico, Venezuela habría subido al podio por segundo año consecutivo para recibir la medalla de bronce. En 2025, nuestro país terminó en el tercer lugar entre los Estados percibidos como los más corruptos del planeta, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025, por sus siglas en inglés) que anualmente elabora Transparencia Internacional.

En el estudio publicado este 10 de febrero, Venezuela obtuvo nuevamente 10/100 puntos y terminó en el puesto 180 de entre 182 evaluados. La calificación es igual a la que Venezuela consiguió en 2024 para ubicarse apenas por encima de Sudán del Sur y Somalia, que ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente, como los países percibidos como los más corruptos del globo.

¿Deberían sorprendernos estos resultados?

Nuestra organización ha documentado cómo en Venezuela se han configurado factores que determinan la captura sistémica del Estado venezolano, donde la preservación del poder por parte de la estructura cleptócrata es el único fin, por encima de las necesidades de la población. Entre estos factores están el control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de Gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control.

Sobre la consolidación de las economías ilícitas en Venezuela, nuestra organización ha rastreado en los últimos años el avance de las estructuras corruptas en Venezuela, que es un país considerado un nodo criminal trasnacional donde se ha establecido una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado, impulsando las economías ilícitas como el narcotráfico; la producción irregular y desvío del oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión en la que participan, además de las organizaciones criminales, funcionarios del Estado de distintos niveles.

También hemos sistematizados datos sobre personas de la élite o vinculadas a la élite y sobre representantes de sectores particulares que configuran redes cleptócratas. Hasta 2025 hemos identificado 787 empresas en 36 sectores, 1087 personas relacionadas—como directivos, accionistas, exdirectivos, comisarios, empleados, agentes de las empresas— y 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con algunas de estas personas.  Así hemos revelado conexiones del poder con algunos privados, como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, y con aliados en sectores como el deporte.

Una investigación de Transparencia Venezuela sobre bienes decomisados en procesos judiciales, relacionados con distintas tramas corruptas que tienen su origen en Venezuela, reveló que los corruptos que se han beneficiado con el patrimonio del país tienen bloqueados casi 4.000 millones de dólares. Es un cálculo que no es definitivo, porque corresponde solo a una fracción de lo que se sabe que ha sido desfalcado.

Transparencia Venezuela   además denunció cómo  las autoridades recurrieron al uso de las criptomonedas para evadir sanciones internacionales y también para sus actividades ilícitas.

Pero más allá de estos hechos, en el reporte del IPC 2025 se advierte que “países con democracias plenas tienden a obtener mejores resultados, mientras que aquellos no democráticos se desempeñan peor”.

“En autocracias plenas como Venezuela o Azerbaiyán la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles”, se lee en la investigación de Transparencia Internacional.

Desde 2018, justo cuando organismos internacionales comenzaron a calificar a Venezuela como una dictadura, la evaluación en el Índice no ha hecho más que retroceder. De hecho, desde 2016, nuestro país ha descendido 7 puntos.

Señales preocupantes

Pero Venezuela no es la única que repite puesto. Dinamarca, Finlandia y Singapur también vuelven a ocupar en ese mismo orden los primeros lugares como los países percibidos como menos corruptos del planeta con 89/100; 88/100 y 84/100, respectivamente.

Y aunque hasta aquí todo pareciera revelar que no se han producido cambios, una lectura más detallada del reporte advierte retrocesos importantes, que revelan que la corrupción está avanzando incluso en democracias consolidadas. Prueba de ello es que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.

La mayoría de los países, 122 de 182, obtuvieron calificaciones por debajo de 50.

Países como Estados Unidos (64/100), Nueva Zelanda (81/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con el Índice anterior. En el caso de Estados Unidos su puntuación es la más baja hasta la fecha.

¿Por qué estos resultados? “Ha habido un preocupante patrón de restricciones a las libertades de expresión, asociación y asamblea. En la última década, se han producido interferencias políticas a las operaciones de organizaciones no gubernamentales en países como Georgia, Indonesia Perú y Túnez (…) En estos contextos es más difícil que periodistas independientes, organizaciones civiles y denunciantes puedan hablar libremente de hechos de corrupción”, se explica en el Índice.

En el informe se recuerda que Transparencia Venezuela debió cerrar sus operaciones en el país y comenzar a operar desde el exilio, como consecuencia de la serie de regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025 que hacen casi imposible que las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar adelante sus actividades.

El remedio a la enfermedad

“En un momento de crisis climática, inestabilidad y polarización, el mundo necesita de líderes que se sometan a los controles y de instituciones independientes para proteger los intereses del público más que nunca”, afirmó Maira Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional.

En el reporte, además de señalar cómo son vistos los distintos países en materia de corrupción, también se presentan seis recomendaciones para mejorar:

1. Asegurar que los poderes judiciales sean independientes, transparentes y accesibles.

2. Combatir las influencias en las tomas de decisiones políticas.

3. Garantizar a las víctimas de corrupción acceso a la justicia.

4. Proteger el espacio cívico, en particular libertades fundamentales como la expresión y acceso a la información pública.

5. Fortalecer la contraloría sobre los servicios públicos.

6. Castigar los casos de corrupción a gran escala.

El Índice clasifica a los 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio). Y para ello utiliza datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, se explica en el documento.

Vea el informe aquí y su versión en inglés aquí.