Construir justicia, proteger la verdad: poner fin a la impunidad contra periodistas en América Latina

Según la UNESCO, cerca del 85% de los asesinatos de periodistas a nivel global permanecen sin resolver. En América Latina, el observatorio Latam Journalism Review registró más de 300 periodistas asesinados entre 2006 y 2021, de los cuales apenas una fracción llegó a sentencia. Solo en 2022, la región concentró casi la mitad de las muertes globales de periodistas, de acuerdo con el Committee to Protect Journalists (CPJ). Esta impunidad tiene efectos devastadores: silencia voces, debilita la democracia y normaliza la violencia contra quienes informan.

El informe anual 2024/25 de Amnistía Internacional documenta que al menos 12 periodistas fueron detenidos arbitrariamente en Venezuela y continúan los ataques sistemáticos a medios independientes. El Gobierno ha cerrado emisoras de radio, bloqueado plataformas como X (antes Twitter) y promovido ataques digitales contra periodistas y particulares. De acuerdo con la ONG Espacio Público, entre enero y octubre de 2025 se registraron 192 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el país. Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación, el hostigamiento judicial y verbal, además de detenciones arbitrarias. Estos hechos confirman un patrón de represión estructural y una doble vulnerabilidad: riesgo físico y profesional, sumado a la impunidad institucional que legitima los ataques.

En Colombia, el exilio se ha convertido en la última frontera de protección para la prensa. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2024 se registraron más de 530 agresiones contra periodistas, una de las cifras más altas de los últimos años, y al menos cuatro casos de exilio, cifra que ya aumentó en 2025. La organización advierte que el exilio forzado no está reconocido legalmente como forma de victimización, lo que deja a muchos periodistas en un limbo jurídico sin acceso a reparación ni acompañamiento estatal. Las instituciones responsables de protección —como la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía y la Unidad de Víctimas— actúan de manera fragmentada, sin protocolos que aseguren la continuidad de las investigaciones ni atención integral a quienes deben abandonar el país.

La migración venezolana y el desplazamiento forzado de periodistas en la región reflejan un mismo fenómeno: la persecución por informar. El estudio Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018–2024, elaborado por la Universidad de Costa Rica (Proledi), señala que 913 periodistas fueron forzados a exiliarse en América Latina durante ese periodo. Venezuela, Nicaragua y Cuba concentran más del 90 % de los casos. Este exilio periodístico afecta directamente la circulación de información, la rendición de cuentas y la visibilidad de los abusos contra poblaciones migrantes o desplazadas. Cuando un periodista se silencia o debe huir, la sociedad pierde una voz esencial para fiscalizar el poder y defender derechos.

Proteger a los profesionales de la prensa es asegurar que las sociedad gocen de los derechos a la libertad de expresión e información. Garantizar justicia en los crímenes contra periodistas no solo reivindica a las víctimas, sino que fortalece los pilares democráticos y la lucha contra la impunidad. Amnistía Internacional reitera su llamado a los Estados de la región para que reconozcan el exilio forzado de periodistas como una violación grave de derechos humanos, investiguen y sancionen los ataques, y adopten medidas integrales de protección con enfoque de género, étnico y territorial.

“El silencio impuesto a un periodista es el silencio de toda una sociedad. Defender la verdad es defender la vida.” — Amnistía Internacional, Informe Anual 2024/25