Entre 2022 y 2025, al menos 540 casos confirmados de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes sacudieron el estado Cojedes, una crisis demoledora y silenciosa que afecta considerablemente a una gran cantidad de hogares, tanto en la profundidad de la llanura como en las comunidades urbanas, agrícolas y rurales de esta región

Entre 2022 y 2025, al menos 540 casos confirmados de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes sacudieron el estado Cojedes, una crisis demoledora y silenciosa que afecta considerablemente a una gran cantidad de hogares, tanto en la profundidad de la llanura como en las comunidades urbanas, agrícolas y rurales de esta región. Cada cifra encierra historias de dolor, temor, traumas y resiliencia. Ante esta realidad, el Estado venezolano, las familias y la sociedad, a través de la red institucional conformada por Consejos de Protección, autoridades judiciales, cuerpos policiales especializados y organismos de salud, enfrentan el reto urgente de consolidar mecanismos efectivos de prevención y acompañamiento para impedir la repetición o incremento de estos abusos. La dimensión de esta problemática convierte la situación en una alerta humanitaria que no puede ser ignorada.

 La voz del CMDNNA de San Carlos sobre el abuso sexual infantil

El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) documentó, entre enero de 2022 y agosto de 2025, 328 denuncias por abuso sexual infantil, de las cuales 322 fueron confirmadas como casos positivos, reportó Miguel Ramírez, presidente del organismo en San Carlos. La mayor concentración de casos se registró en la zona sur de la ciudad, donde habita aproximadamente el 60% de la población, así como en las zonas rurales y agrícolas del municipio. Además, se reportaron 25 casos ocurridos dentro de entornos escolares, distribuidos en distintas localidades de la jurisdicción.

"El 98% de estos abusos fueron cometidos por familiares cercanos, tíos, hermanos, abuelos, padres biológicos o padrastros, y lamentablemente muchas veces los niños buscaron ayuda, contaron lo que les pasaba a sus padres o representantes y no les creyeron", advirtió Ramírez. "Eso complica la situación de las víctimas y dificulta que puedan ser tomadas en cuenta."

Sobre la atención que se brinda, indicó: "Acompañamos a las víctimas con ayuda médica y asesoría psicológica, pero hace falta una casa exclusiva para terapias especializadas, tanto para los niños como para sus familiares. Los traumas son profundos y requieren un acompañamiento integral."

En materia de prevención, el CMDNNA implementó programas educativos como “El CMDNNA va a tu Escuela”, “La Alcaldía va a tu Escuela” y “Mi Cuerpo No Se Toca”, que emplean un sistema lúdico y pedagógico tipo semáforo para que los niños identifiquen con claridad las partes del cuerpo según niveles de consentimiento y riesgo: verde (zonas que pueden tocarse con consentimiento), amarillo (zonas de precaución) y rojo (zonas prohibidas).

Ramírez comentó que, “cuando aplicamos estos programas, muchos niños lloran o se ponen nerviosos, lo que confirma que están viviendo situaciones graves”. En estos casos, se activan equipos especializados para protegerlos y apoyarlos.

El presidente destacó que el número de defensores escolares y parroquiales aumentó de 5 a 170, lo que amplió la cobertura a comunidades anteriormente desatendidas y alejadas del centro de la ciudad y de los organismos de protección y justicia, como La Sierra y caseríos adyacentes. Sin embargo, aún hacen falta vehículos para atender emergencias con rapidez, además de mejores condiciones laborales y apoyo adicional para el personal que cumple estas funciones.

Ramírez recordó que la red de protección está conformada no solo por el CMDNNA, sino también por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), el Ministerio Público (MP), los fiscales, la Defensoría Pública y los cuerpos de seguridad. Aseguró que todos mantienen un compromiso común de cero tolerancia al maltrato, el abuso sexual infantil y la impunidad, y actúan sin politización.

Por último, indicó que entre 2022 y 2025 se registraron solo dos casos de abuso sexual perpetrados por mujeres, lo que evidencia que esta es una forma excepcionalmente poco frecuente de violencia en San Carlos.

Municipio Tinaquillo: 109 casos y el desafío de la migración parental desprotegida

Entre enero de 2022 y agosto de 2025, en el municipio Tinaquillo se registraron 109 casos confirmados de abuso sexual infantil.

Año 2022: 19 casos, con víctimas entre 10 y 13 años.

Año 2023: 33 casos, con víctimas entre 6 y 13 años.

Año 2024: 38 casos, con víctimas entre 8 y 13 años.

Año 2025: 19 casos, con víctimas entre 6 y 12 años.

Las zonas más afectadas fueron: Barrio Teodoro Bolívar, Caño Claro, Las Granjitas, La Candelaria, Bolívar 200, Vallecito y El Bajío.

La abogada Itzaida Cisneros, coordinadora de protección del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) de Tinaquillo, explicó que el programa Un Rayito de Luz brinda atención especializada a las víctimas y a su entorno mediante un equipo de psicólogos que aborda casos de tratos crueles, abuso sexual, y maltrato físico y psicológico. Se incluye a los familiares cercanos en la terapia, porque muchas veces, aunque sospechan o conocen la situación, el miedo y la violencia intrafamiliar los mantienen en silencio y luego de ocurrido el hecho, quedan traumas y heridas emocionales profundas.

La población de niñas, niños y adolescentes de Tinaquillo se ve afectada por las decisiones de padres y madres que migran sin dejar a sus hijos bajo la responsabilidad o protección de una persona legalmente establecida a través de un tribunal y las instituciones competentes. "Si un padre sabe que va a viajar en busca de una mejor calidad de vida, tiene la responsabilidad de cumplir con los lineamientos y procedimientos legales, para resguardar al niño con un familiar cercano (ya sea abuelo, tía, tío o madrina). Si se omite este trámite, la encargada o el encargado carece de la autoridad jurídica para representar al menor," advirtió la abogada Itzaida Cisneros.

De igual forma, Cisneros aseguró que, aunque el Estado garantiza la protección de estos niños, la falta de representación legal dificulta trámites fundamentales como la cedulación. Además, sin documentos de identidad, el derecho a la educación se ve afectado, porque no se les puede entregar el título de bachiller y enfrentan complicaciones administrativas, por todo esto, la colocación familiar es un proceso complejo, pero necesario.

La Unidad de Protección Infantil: Un puente entre la justicia y la prevención

La Unidad Especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (UEPNNA) de la Policía Municipal de Tinaquillo complementa la red de atención ante casos de abuso sexual infantil en la localidad. El oficial jefe Leonard Ramírez, coordinador de la unidad, explicó que esta dependencia se especializa en procedimientos de carácter penal relacionados con la vulneración de derechos de la infancia y la adolescencia, y está conformada por un coordinador y tres oficiales subalternos.

Ramírez destacó el programa "El Policía va a la Escuela", que agrupa a diversas organizaciones de seguridad ciudadana, civiles y militares, con la finalidad de orientar a docentes, personal administrativo y estudiantil para prevenir y detectar irregularidades que puedan afectar a los niños. Además, la UEPNNA forma parte de campañas de concientización junto con los Cuadrantes de Paz, la Policía Comunal, las Brigadas de Protección a la Mujer y el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA).

Esta unidad opera desde las instalaciones del CMDNNA, donde se reciben la mayoría de denuncias sobre vulneraciones de derechos infantiles. Ramírez explicó que, además de recibir casos, orientan a padres y familiares para evitar situaciones futuras de riesgo. La UEPNNA coopera estrechamente con otros cuerpos de seguridad, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía de Cojedes, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Municipio Tinaco: 39 casos y limitaciones operativas en la protección infantil

Entre 2022 y lo que va de 2025, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Tinaco ha documentado 39 casos confirmados de abuso sexual infantil: 7 en 2022, 9 en 2023, 12 en 2024 y 11 hasta octubre de 2025. Las zonas de mayor incidencia son La Reventona, Corozal, Mijagua, los apartamentos de La Manga, La Villeguera y Lomas del Viento.

Dodanis García, presidenta del CMDNNA local, lidera un equipo que trabaja con disciplina en condiciones institucionales adversas. La sede presenta deterioro considerable y no ofrece un ambiente apropiado para atender familias, niños, niñas y adolescentes. El espacio reducido compromete el principio de confidencialidad que los procesos de protección requieren. Este déficit infraestructural dificulta los abordajes especializados, la documentación adecuada de casos y el seguimiento que cada situación demanda. A esto se suma la ausencia de un equipo multidisciplinario, lo que limita aún más la capacidad de brindar atención integral.

El Consejo opera con cuatro consejeros cuando requiere siete, cada uno con su respectivo suplente, para cubrir efectivamente las necesidades del municipio. Sin personal suficiente, resulta imposible abarcar todo el territorio, desplegar equipos en las comunidades más vulnerables, mantener presencia preventiva en escuelas primarias y liceos, y responder con rapidez ante emergencias. La falta de movilidad, recursos económicos y herramientas básicas limita la ejecución de planes y programas en los sectores donde la incidencia de abuso exige intervención sostenida. Las consejeras mantienen su labor con un esfuerzo que trasciende las restricciones materiales, pero la protección efectiva de la niñez y adolescencia de Tinaco demanda inversión institucional que amplíe la capacidad del sistema.

Municipios Girardot y Pao de San Juan Bautista: 20 casos confirmados e irregularidades procedimentales

Entre los años 2022 y 2025, los municipios Girardot y Pao de San Juan Bautista del estado Cojedes registraron de manera conjunta un total de 20 casos confirmados de abuso sexual infantil, según cifras oficiales aportadas por los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA) de ambas jurisdicciones.

En el municipio Girardot los registros oficiales precisan: 5 casos denunciados en 2022, ninguno en 2023, 4 casos confirmados en 2024 y 3 casos en lo que va de 2025. Además, se contabilizan 8 hechos tipificados como actos lascivos.

En Pao de San Juan Bautista, el CMDNNA documentó 2 casos de presunto abuso sexual infantil en 2022, con víctimas de entre 12 y 13 años; ningún caso en 2023; 1 caso en 2024, correspondiente a una víctima entre 6 y 11 años; y 5 casos en 2025: una víctima entre 0 y 5 años, dos casos en el rango de 6 a 11 años, uno entre 12 y 13 años y uno entre 14 y 17 años.

No obstante, el CMDNNA del Pao de San Juan Bautista identifica una falla procedimental que afecta el registro de casos. Según la institución, varios episodios de abuso sexual infantil son enviados directamente por los cuerpos policiales al Ministerio Público (MP), y son procesados en otra jurisdicción, sin que el organismo municipal especializado tenga conocimiento de estos hechos. Esta situación impide que los consejeros realicen las evaluaciones técnicas, la documentación del caso y el acompañamiento correspondiente a las víctimas.

La omisión de este protocolo genera un subregistro que compromete la totalización oficial de casos, replicando las deficiencias de coordinación documentadas en los municipios Rómulo Gallegos y Anzoátegui. Sin seguir el proceso establecido, no solo se pierde la oportunidad de brindar atención integral especializada, sino que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema en el municipio, debilitando la respuesta que establece la LOPNNA para la protección de la infancia.

El reto de proteger a la infancia rural

Delia Avilera, presidenta del CMDNNA del Pao de San Juan Bautista, advierte que la institución opera con solo tres consejeros, un equipo insuficiente para cubrir las necesidades de protección infantil en todo el municipio. Por ello, ha solicitado cinco consejeros adicionales con sus suplentes y una sede más amplia y equipada.

Avilera explica que atender comunidades rurales como La Fe, Las Galeras del Pao y los caseríos más alejados exige recursos logísticos y personal especializado. Sin esos refuerzos, cientos de niños quedan desprotegidos por la distancia y la falta de supervisión institucional. Ampliar la plantilla y mejorar la infraestructura es, en su opinión, la única vía para garantizar protección efectiva en todo el territorio municipal.

Normalización cultural y desprotección territorial: factores de riesgo en caseríos rurales

La problemática documentada en los municipios Girardot y el Pao de San Juan Bautista, coincide con el fenómeno cultural y social identificado por el oficial jefe, Leomar Lucena de la División de Investigaciones Penales (DIP) del estado Cojedes: la normalización de relaciones sexuales entre adultos y adolescentes en poblaciones rurales y estados llaneros. Esta tolerancia social constituye un factor de riesgo que incrementa la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, especialmente en los caseríos recónditos, donde el monitoreo institucional y la orientación profesional especializada presenta limitaciones geográficas y operativas.

Los caseríos más alejados de ambos municipios, carecen de programas preventivos y personal especializado que contrarresten estos patrones. La lejanía de los centros urbanos impide el acceso a educación sexual, servicios de salud reproductiva y mecanismos de denuncia, creando territorios donde la desprotección permite que continúen prácticas que la ley tipifica como delitos contra menores de edad.

Municipio Rómulo Gallegos: retos estructurales en la lucha contra el abuso infantil

En este complejo contexto, en Rómulo Gallegos se registraron 19 casos confirmados de abuso sexual infantil entre enero de 2022 y agosto de 2025. La distribución anual fue la siguiente: 2 casos en 2022; 4 en 2023; 8 en 2024; y 5 casos hasta el 31 de agosto de 2025.

Es importante destacar que algunos de estos casos, debido a la urgencia y la decisión personal de los denunciantes, fueron presentados formalmente y procesados directamente por el CMDNNA de San Carlos, por lo tanto, el número real de casos en Rómulo Gallegos es superior al registrado oficialmente.

El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) dispone de cuatro consejeros que cubren guardias de 48 horas, garantizando atención continua. No obstante, José Dahel Moreno Blanco, abogado y presidente del organismo, señala que la falta de suplentes para cada consejero principal es un déficit que afecta la capacidad de respuesta y la sostenibilidad del trabajo.

El director del CMDNNA explicó que los funcionarios de guardia mantienen comunicación permanente con los cuerpos policiales y todos los entes pertenecientes a la red regional de protección, para atender emergencias con rapidez las 24 horas y los 365 días del año. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias entorpecen la eficacia y el alcance de la operatividad.

Aunque el CMDNNA depende económicamente del gobierno nacional, la Alcaldía ha asumido los gastos que hacen posible el funcionamiento de esta importante institución. Moreno Blanco también destacó la urgencia de gestionar recursos adicionales para mejorar la sede y adquirir vehículos que faciliten la atención directa de los casos, además de permitirles realizar visitas en las escuelas, liceos, y recorridos en los pueblos y caseríos vulnerables y lejanos.

De igual forma, la máxima autoridad de este ente afirmó que, en la actualidad, en la mayoría de las ocasiones son los consejeros quienes financian de su propio bolsillo el transporte y los gastos logísticos derivados de los casos, situación que compromete la sostenibilidad del sistema.

El núcleo familiar como epicentro y la lucha para romper el silencio

Según las estadísticas y reportes oficiales, en Rómulo Gallegos, la mayoría de los abusos ocurren dentro del hogar y son perpetrados por miembros de las familias de las víctimas; esta es una realidad compleja que dificulta la detección temprana y la intervención efectiva.

“En el CMDNNA estamos trabajando arduamente para superar el tabú, el miedo, el silencio, los obstáculos y prejuicios relacionados con el abuso, porque queremos que los niños se sientan protegidos y confíen en nosotros”, enfatizó el presidente, quien también reveló que están utilizando buzones anónimos en las charlas con infantes y jóvenes para facilitar la expresión libre de emociones y las solicitudes de ayuda cuando enfrentan problemas en sus entornos de convivencia.

Migración, permisos y vacíos administrativos que agravan la vulnerabilidad

Lamentablemente, muchos de los padres que migran o se marchan del país en busca de un mejor futuro toman decisiones apresuradas y negligentes, dejando a sus hijos al cuidado de familiares que no cuentan con las condiciones, recursos ni la capacidad necesaria para proteger y atender adecuadamente a los menores. Muchas de estas familias enfrentan situaciones precarias, tanto económicas como sociales y emocionales, y no analizan adecuadamente el entorno en que quedan los niños.

Además, muchas veces los padres y representantes no tramitan los permisos formales ni dejan en regla los papeles legales de sus hijos, lo que impide que los niños y adolescentes puedan acceder a documentos esenciales como la cédula o la partida de nacimiento.

Este vacío administrativo incrementa la vulnerabilidad, dificultando que los menores ejerzan y disfruten plenamente sus derechos fundamentales relacionados con la identidad, la educación y otros servicios esenciales.

No obstante, es vital destacar que la atención y protección inmediata frente a situaciones de abuso o vulneración es una obligación irrenunciable del Estado, establecida en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).

Casa de abrigo municipal: necesidad urgente para proteger a la niñez

Actualmente, Rómulo Gallegos no cuenta con una casa de abrigo propia. En Cojedes, solo existe una casa de abrigo en el municipio Tinaco, bajo administración del ente rector nacional.

Aunque no es una obligación legal que el municipio cuente con una casa de abrigo, el CMDNNA sostiene que disponer de un espacio local facilitaría la protección, el cuidado, el acompañamiento psicológico, la alimentación y la vigilancia directa. Por ello, sería un recurso valioso cuando la casa de abrigo oficial de Tinaco, administrada por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), esté llena o los traslados sean complejos.

Escuelas como primer frente para la prevención del abuso infantil

En prevención, el municipio ha logrado avances significativos, ya que 26 de los 31 planteles tienen defensores escolares, quienes fortalecen la vigilancia y la garantía de los derechos infantiles durante el horario académico.

El CMDNNA, en alianza con el Ministerio Público (MP), realiza visitas regulares a las escuelas, donde imparte charlas sobre acoso escolar, embarazo precoz, prevención del maltrato y abuso sexual infantil, además de informar sobre derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, participan en el programa nacional Escuelas Abiertas, ampliando la protección y generando espacios seguros para la comunidad infantil.

Municipio Anzoátegui: cifras preocupantes y retos institucionales para garantizar la protección

En el municipio Anzoátegui, los registros del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), evidencian una realidad preocupante. Entre 2022 y agosto de 2025 se documentaron diez casos de abuso sexual infantil: dos en 2022, tres en 2023, uno en 2024 y cuatro hasta agosto de 2025.

El incremento registrado durante el año 2025 refleja, según las autoridades locales, una situación compleja relacionada con decisiones parentales inadecuadas, pero no malintencionadas. Los progenitores han confiado el cuidado de sus hijos a terceras personas sin realizar la debida evaluación sobre la idoneidad de estos cuidadores ni sobre el entorno donde desenvolverán y permanecerán los menores. Esta falta de verificación previa ha creado condiciones de vulnerabilidad que han sido aprovechadas por los agresores. Los casos de abuso sexual infantil se han concentrado principalmente en caseríos adyacentes a los centros urbanos de las parroquias Cojedes y Juan de Mata Suárez.

Martín Veloz, presidente del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), reflexiona sobre los desafíos institucionales: "A pesar de todos los obstáculos y dificultades operativas y presupuestarias, "hemos logrado dar cumplimiento a nuestros programas de prevención, asistencia especializada y seguimiento de casos que involucran a niños, niñas, adolescentes y familias vulnerables. 

El funcionario explicó que se necesita mucho apoyo y dedicación para lograr el principal objetivo, que es instruir y proteger a los menores desde temprana edad para evitar que desarrollen problemas psicológicos, conductuales y emocionales, y así formar “hombres y mujeres sanos, criados y educados sin traumas en sus vidas”.

Municipio Lima Blanco: fortalecimiento familiar y desafíos operativos

Entre 2022 y 2025, en el municipio Lima Blanco se documentaron al menos diez casos confirmados de abuso sexual infantil y más de 300 casos de maltrato infantil, así lo confirmó Félix Alberti, presidente del CMDNNA local.

Alberti cree fielmente en que todos los programas preventivos y de protección deben estar dirigidos principalmente a la familia, a fortalecer los valores familiares, las buenas costumbres y la educación en casa: "Es necesaria la orientación de los adolescentes, la vigilancia, el seguimiento y la comunicación, para brindarles herramientas que les permitan identificar el bien del mal y discernir lo bueno de lo malo. Pero para eso deben tener una educación familiar sólida". Alberti enfatiza que la educación sexual también debe ser amplia, minuciosa, explicativa y sin tabúes, porque "la familia es la columna vertebral" de toda prevención.

El funcionario también advierte que la migración de los padres y las malas decisiones con respecto a la colocación de los menores agravan la vulnerabilidad infantil. Además, señala que el CMDNNA de Lima Blanco requiere una sede apropiada, más grande y equipada, y que los empleados necesitan mejores condiciones laborales, sueldos, beneficios, transporte y herramientas para realizar su labor de forma amplia y eficiente, debido a las limitaciones operativas que enfrentan.

Por último, Alberti considera que los defensores escolares deben estar mucho más preparados, conocer sus competencias detalladamente, ser pedagógicos y conocer a fondo la LOPNNA.

Para Alberti, la protección integral exige un abordaje simultáneo en todos los frentes: fortalecimiento familiar, capacitación institucional, mejores recursos operativos y formación especializada del personal educativo, como única forma de cerrar los espacios de vulnerabilidad que aprovechan los agresores.

Municipio Ricaurte: sin cifras oficiales y registro extraoficial de 11 posibles casos

En el municipio Ricaurte no fue posible acceder a cifras oficiales provenientes del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA). No obstante, según reportes institucionales y fuentes humanitarias extraoficiales, se habrían registrado al menos once casos de abuso sexual infantil entre 2022 y 2025. La ausencia de datos primarios impidió la verificación independiente, por lo que estos registros deben ser interpretados con cautela.

División de Investigaciones Penales (DIP) y su unidad especializada suman 180 detenciones en tres años

La División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Cojedes, a través de su Unidad Especializada en Materia de Delitos contra Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, reporta 180 detenciones por abuso sexual infantil entre 2023 y 2025 en los nueve municipios de la entidad. Esta cifra, auditada por la propia Unidad, constituye la acción investigativa más consistente y efectiva dentro de la red institucional analizada en este reportaje y confirma que, pese a las restricciones presupuestarias y adversidades logísticas descritas por los CMDNNA, este organismo especializado demuestra capacidad operativa y eficiencia procesando las denuncias hasta lograr las capturas correspondientes y presentar a los presuntos agresores ante los administradores de justicia para su debido procesamiento judicial.

La unidad especializada actúa en coordinación con el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), la Zona de Defensa Integral (ZODI-34) Cojedes, la Guardia del Pueblo, el Ministerio Público (MP) y los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA). Esta articulación interinstitucional permite el desarrollo de patrullajes preventivos en sectores de alta incidencia delictiva, abordajes comunitarios mediante operativos de identificación y rescate de menores en situación de vulnerabilidad, jornadas de formación dirigidas a funcionarios y comunidades sobre detección temprana de señales de abuso, y actividades educativas para la sensibilización sobre derechos de la infancia y mecanismos de denuncia.

El oficial Leomar Lucena, jefe de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, detalló que el trabajo investigativo se desarrolla coordinadamente con las fiscalías quinta, sexta y séptima del Ministerio Público (MP) del estado Cojedes como organismos conductores de la investigación penal. Lucena identifica un patrón cultural que obstaculiza la efectividad de la lucha contra el abuso infantil: "Lamentablemente, en los estados llaneros y poblaciones rurales, consideran normal que los adultos tengan relaciones sexuales con adolescentes, lo que refleja una decadencia de valores y una evidente descomposición social".

El funcionario enfatiza que la solución trasciende la acción punitiva y demanda un trabajo social profundo: "Hay que trabajar muy duro en solventar esta problemática, rescatar los valores familiares y la conciencia social para que esta lucha sea más efectiva" en la protección de la infancia y adolescencia cojedeña.

PoliCojedes: 60 detenciones por abuso sexual infantil y articulación preventiva coordinada

La Policía del estado Cojedes logró al menos 60 detenciones por el delito de abuso sexual infantil entre 2022 y 2025, de las cuales 28 fueron confirmadas oficialmente por la institución (13 en 2024 y 15 en lo que va de 2025) y el resto fue documentado a través de recopilaciones de reportes policiales, minutas y publicaciones en medios digitales y redes institucionales.

En este despliegue operativo, el Servicio de Investigación Penal (SIP) y la Dirección de Prevención del Delito (DPD) de PoliCojedes concentran esfuerzos en la investigación criminal, la captura de presuntos agresores y el desarrollo de programas preventivos en comunidades y grupos de riesgo. Esta labor converge con los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), el Ministerio Público (MP) y todos los organismos que integran la red de protección en la entidad.

Parte de esta estrategia institucional se ejecuta en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, donde PoliCojedes administra 18 de los 48 cuadrantes existentes en la entidad, ubicados en los municipios Tinaco, Tinaquillo, Ezequiel Zamora (San Carlos), Ricaurte, Rómulo Gallegos y Anzoátegui. El comisario jefe Pérez Simplicio, coordinador estadal de esta misión, explicó que la institución mantiene presencia en los nueve municipios a través de Centros de Coordinación Policial (CCP), Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) y estaciones policiales.

"Realizamos un trabajo esencialmente preventivo; buscamos evitar cualquier hecho delictivo antes de que ocurra", destacó Pérez Simplicio. Para ello, desarrollan acciones conjuntas con organismos que conforman un frente integrado de prevención. "Cuando enfrentamos una situación específica, coordinamos con los especialistas o autoridades correspondientes para atender el caso. Esto incluye abuso sexual infantil, violencia contra la mujer y otros delitos. Diagnosticamos, identificamos la causa y conectamos con los expertos para evitar que la incidencia se repita", afirmó.

La dimensión psicológica del trauma: radiografía clínica del abuso sexual infantil en Cojedes

En este complejo panorama que abarca los 540 casos documentados entre 2022 y 2025 en los nueve municipios de Cojedes, la doctora Reinailis Páez, psiquiatra infanto-juvenil, ofrece una radiografía clínica devastadora sobre las secuelas que el abuso sexual genera en las víctimas y propone estrategias urgentes que Venezuela y Cojedes deben implementar desde el ámbito de la salud mental para combatir esta crisis humanitaria.

La especialista documenta y precisa cinco categorías principales de afectación psicológica que sufren las víctimas. Los trastornos de ansiedad y depresión constituyen las manifestaciones más frecuentes: "El trauma puede generar ansiedad generalizada, ataques de pánico y depresión, incluso muchos años después de ocurrido el abuso". El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) se manifiesta cuando las víctimas "reviven el evento traumático a través de flashbacks, pesadillas y evitación de situaciones que lo recuerden".

Los problemas de autoconcepto emergen como secuela devastadora: "Sentimientos de culpa, vergüenza, baja autoestima y odio hacia sí mismos o hacia la sociedad". Las alteraciones en el desarrollo emocional comprenden "dificultades para formar vínculos sanos, desconfianza en los adultos y problemas en las relaciones interpersonales futuras". Los problemas de conducta incluyen "aislamiento social, agresividad, comportamiento sexual de riesgo, consumo de sustancias y problemas de adaptación social". Finalmente, el impacto en la sexualidad genera "una visión distorsionada de la sexualidad, que puede manifestarse en conductas de riesgo o aversión al contacto físico".

El entorno familiar: pilar fundamental para la recuperación integral

La doctora Páez enfatiza la importancia crucial del trabajo terapéutico con las familias, identificando cuatro dimensiones fundamentales de esta intervención. La reconstrucción de la confianza presenta desafíos particulares según el contexto del abuso: "Si el abuso ocurrió fuera del entorno familiar, este puede ser un factor protector para la recuperación. Sin embargo, cuando el agresor es un familiar, el rol de la familia es aún más crítico, ya que la confianza básica ha sido traicionada. El trabajo terapéutico debe enfocarse en reconstruir los vínculos de confianza con los miembros sanos de la familia".

El apoyo emocional familiar resulta vital para la sanación: "La familia puede ser la principal fuente de apoyo emocional para la víctima. Brindar un entorno seguro y de escucha sin juicios es vital para que la víctima se sienta validada y comprendida". La reducción de la victimización secundaria requiere intervención especializada: "El tratamiento familiar ayuda a la familia a evitar la revictimización de la víctima, por ejemplo, al proteger al agresor o al culpar a la víctima, lo cual agrava el daño psicológico".

El manejo de la dinámica familiar resulta especialmente complejo en casos de abuso intrafamiliar: "El abuso sexual, especialmente el intrafamiliar, afecta profundamente la dinámica familiar. La terapia familiar puede ayudar a manejar las crisis, establecer límites y sanar las heridas emocionales de todos los miembros involucrados".

Líneas estratégicas urgentes para Cojedes y Venezuela desde la salud mental

Frente a la crisis documentada en los municipios del estado Cojedes, la doctora Páez propone seis líneas estratégicas que el Estado venezolano debe priorizar urgentemente para enfrentar y erradicar el abuso sexual infantil.

1.    La capacitación de profesionales constituye la base fundamental: “Invertir en la formación especializada de psiquiatras infantiles, psicólogos, trabajadores sociales y educadores para que puedan detectar, abordar y derivar casos de abuso sexual de manera adecuada y respetuosa”.

2.    El fortalecimiento del sistema de salud mental exige recursos específicos: “Destinar recursos para fortalecer las unidades de psiquiatría infantil y juvenil, tanto en la red tradicional como en la red comunitaria, y asegurar que ofrezcan atención integral y diferenciada, garantizando la privacidad y confidencialidad”.

3.    Los programas escolares obligatorios representan una herramienta preventiva fundamental: "Implementar programas de educación sexual integral y prevención del abuso infantil en todas las escuelas del país. Estos programas deben ser obligatorios y estar diseñados según la edad de los estudiantes, enfocándose en la autonomía corporal, la identificación de riesgos y el desarrollo de habilidades socioemocionales".

4.    Las campañas de concientización masivas buscan erradicar la desinformación: "Lanzar campañas de sensibilización pública para erradicar mitos y desinformación sobre el abuso sexual infantil. Estas campañas deben informar sobre las señales de alerta y educar a los adultos sobre su responsabilidad en la protección de los menores".

5.    La creación de un registro epidemiológico permitiría políticas basadas en evidencia: "Desarrollar un sistema de registro epidemiológico actualizado y detallado para monitorear la morbilidad relacionada con el abuso sexual infantil. Esto permitiría diseñar políticas públicas y protocolos de atención basados en las necesidades reales de la población".

6.    La articulación interinstitucional debe garantizar atención integral: "Asegurar la colaboración efectiva entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y el sistema de justicia para garantizar una ruta de atención integral y multidisciplinaria para las víctimas".

Déficits críticos en el sistema educativo: la realidad institucional que obstaculiza la protección

La doctora Páez identifica una problemática grave que complementa las deficiencias documentadas por las autoridades municipales en los seis municipios de Cojedes. La especialista observa con preocupación que "en colegios privados se lleva medianamente estos aspectos, pero en los públicos muchas veces no se tiene el conocimiento de qué hacer o la motivación para indagar en los chicos sino solo cumplir rutina de clases sin contactar siquiera las emociones del chamo. Si se les presenta una dificultad hacen vista gorda o peor aún proceden a suspender la asistencia regular del pequeño".

El factor humano en las instituciones educativas: cuando los educadores requieren sanación

La brecha entre protocolos y realidad constituye un obstáculo estructural: "Una cosa es lo que dice el protocolo. Y otra cosa es lo que se lleva a cabo en el día a día". La especialista enfatiza la necesidad crítica de "intervenir en los aspectos emocionales de los docentes, porque he visto que son los docentes los que emocionalmente están afectados en ese aspecto. Es decir, han sido abusados o maltratados física y psicológicamente y obviamente para ellos trabajar con los niños en ese aspecto les resulta más difícil porque nadie ha trabajado con ellos eso".

Los docentes traumatizados enfrentan bloqueos emocionales ante los casos de abuso: "Encontrarse con situaciones así hace que sea más difícil para ellos manejar eso. Se bloquean unos, otros se disgustan, otros no quieren saber nada del caso porque les reviven situaciones del pasado". Este fenómeno compromete la función preventiva del sistema educativo, sumándose a las deficiencias operativas documentadas en los nueve municipios.

La perspectiva clínica de la doctora Reinailis Páez revela que los 540 casos documentados en Cojedes representan traumas psicológicos profundos que persistirán por décadas sin intervención especializada. Sus seis estrategias de salud mental, desde la capacitación de profesionales hasta la creación de registros epidemiológicos, abordan directamente las deficiencias operativas y presupuestarias identificadas por los CMDNNA en los 9 municipios estudiados, donde la falta de casas de abrigo, terapeutas especializados y docentes capacitados mantiene a las víctimas en situación de desprotección prolongada.

Anatomía de una crisis institucional y social

Los testimonios recogidos en Cojedes permiten comprender la magnitud de un desafío que excede las capacidades actuales del sistema de protección infantil, no por negligencia institucional, sino por la desproporción entre la escala de la crisis y los recursos disponibles para enfrentarla. La red conformada por Consejos de Protección, autoridades judiciales, cuerpos policiales especializados y organismos de salud, despliega esfuerzos sostenidos en un contexto marcado por limitaciones estructurales que obstaculizan la efectividad de su labor.

La brecha entre la demanda de atención y la capacidad de respuesta institucional constituye el nudo crítico. Mientras los casos de abuso sexual infantil se multiplican en los nueve municipios, los equipos técnicos trabajan con recursos materiales y humanos que no logran cubrir la totalidad del territorio ni garantizar el acompañamiento integral que cada víctima requiere. Esta realidad no anula los avances alcanzados, como la ampliación de defensores escolares o el fortalecimiento de programas terapéuticos, pero sí evidencia la necesidad imperiosa de ampliar sustancialmente el alcance del sistema.

Las dinámicas culturales arraigadas en el llano venezolano representan un obstáculo adicional que trasciende lo institucional. La normalización social de relaciones entre adultos y adolescentes en zonas rurales, la incredulidad familiar ante los relatos de los niños cuando el agresor pertenece al círculo cercano, y el silencio impuesto por el miedo y el tabú, configuran barreras que ninguna institución puede derribar en solitario. La transformación cultural exige un esfuerzo colectivo prolongado que involucre a familias, comunidades, escuelas y medios de comunicación.

Los fenómenos migratorios han generado vulnerabilidades específicas que requieren respuestas jurídicas y administrativas innovadoras. Muchos niños permanecen bajo cuidado informal de terceros sin la colocación familiar legal que garantizaría sus derechos fundamentales, creando vacíos de protección que los agresores aprovechan. La solución demanda mecanismos ágiles de regularización que permitan a los encargados ejercer legalmente la representación de los menores.

El sistema educativo enfrenta el reto de cerrar la distancia entre los protocolos diseñados y su necesaria implementación cotidiana. La capacitación continua del personal docente, el apoyo psicosocial a educadores para fortalecer su capacidad de intervención ante situaciones complejas, y la presencia de defensores escolares preparados en todas las instituciones educativas constituyen pasos ineludibles para convertir las escuelas en espacios efectivos de detección temprana y protección.

La atención especializada en salud mental emerge como la deuda más urgente con las víctimas. Los trastornos derivados del abuso sexual (ansiedad, depresión, estrés postraumático, alteraciones en el desarrollo emocional) demandan equipos multidisciplinarios amplios, protocolos de intervención integral y seguimiento prolongado que actualmente no existen en la escala requerida. Sin esta atención, las secuelas acompañarán a los sobrevivientes durante décadas, perpetuando el daño.

La articulación interinstitucional y el registro epidemiológico riguroso representan instrumentos indispensables para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. La coordinación efectiva entre salud, educación, protección infantil y justicia, sumada a la documentación sistemática de casos, permitiría identificar patrones, anticipar riesgos y asignar recursos estratégicamente.

Este diagnóstico no constituye una acusación contra quienes trabajan en condiciones adversas, sino un llamado a la acción colectiva. La crisis humanitaria que atraviesa Cojedes requiere una respuesta de Estado que trascienda lo coyuntural: inversión sostenida en infraestructura y personal especializado, transformación cultural mediante educación sexual integral obligatoria, campañas masivas de prevención, y el compromiso político de situar la protección de la niñez entre las prioridades nacionales. Solo así podrá cerrarse la brecha entre los derechos consagrados en la Constitución, la LOPNNA y los tratados internacionales, y la realidad que enfrentaron 540 niños, niñas y adolescentes cuyas vidas fueron fracturadas por el abuso sexual.