La plataforma Justicia y Verdad presenta el Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho

Con el propósito de medir con rigor técnico y evidencia documentada la distancia entre los anuncios gubernamentales y la realidad estructural del país, la plataforma Justicia y Verdad, en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional, presenta un instrumento de monitoreo denominado el Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho, desarrollado a raíz de los acontecimientos políticos desencadenados el 3 de enero de 2026. Su propósito central es documentar, analizar y comunicar de forma sistemática los avances, retrocesos o estancamientos en materia de justicia, verdad, reparación y reforma institucional. 

El informe se nutre del trabajo de documentación de las organizaciones que integran la plataforma Justicia y Verdad y otras expresiones de la sociedad civil, que durante más de una década han monitoreado los crímenes y abusos cometidos por el Estado, acompañando de cerca a las víctimas y activando los mecanismos de protección del Sistema Universal, el Sistema Interamericano y la Corte Penal Internacional (CPI), así como de los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y demás instancias internacionales. 

El instrumento utiliza la idea de "temperatura acumulada" para seguir la evolución temporal y comunicar gradientes (avances, estancamientos o retrocesos), indicando si el país se inclina hacia la continuidad del sistema represivo (rojo) o hacia el Estado de derecho (amarillo).

Situación de Venezuela: ¿Transición genuina o cambio cosmético?

El escenario político venezolano cambió el 3 de enero de 2026 con la aprehensión de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. En los días sucesivos, tras el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se produjo una secuencia de anuncios que abrió por primera vez en años un debate público sobre el futuro institucional del país, entre ellos: excarcelaciones masivas, el anuncio de cierre de El Helicoide, la Ley de Amnistía, nuevos nombramientos en poderes públicos clave y el inicio de un proceso de reforma judicial, sin agenda clara. 

Sin embargo, estos anuncios en algunos casos no han pasado de ser meros gestos, mientras las estructuras que generaron las graves violaciones de derechos humanos permanecen intactas. Durante el periodo evaluado (de enero a mediados de junio de 2026), el gobierno interino demostró capacidad de acción rápida y voluntad legislativa para aprobar reformas orientadas a atraer inversión extranjera y proyectar una diplomacia colaborativa con actores externos. Sin embargo, el análisis demuestra que esta actuación ha sido sumamente selectiva: el aparato represivo sigue en pie, las leyes que criminalizan la disidencia continúan vigentes, las instituciones de justicia carecen de independencia verificable y muchas víctimas continúan a la espera de justicia y libertad incondicional. 

Análisis detallado de los cuatro pilares estratégicos

El informe estructura su evaluación en cuatro dimensiones fundamentales derivadas del análisis de más de 180 recomendaciones emitidas por la FFM, la OACNUDH y el Examen Periódico Universal (EPU). Estos pilares buscan traducir las recomendaciones internacionales en áreas concretas de monitoreo, seguimiento y construcción de condiciones mínimas para la justicia, la apertura democrática y las garantías de no repetición en Venezuela.

1. Pilar 1 — Cese de la represión (Temperatura: Amarillo-Rojo / Avance parcial e insuficiente): 

¿Se han adoptado medidas concretas, verificables y sostenidas para poner fin a los patrones de represión política?

Si bien se registraron excarcelaciones a escala masiva desde enero, el monitoreo señala que respondieron a presiones externas y no a una voluntad autónoma sostenida, manteniéndose numerosas restricciones y liberaciones condicionadas. 

La Ley de Amnistía presentó fallas estructurales al ser diseñada con exclusiones, aplicada con discrecionalidad por los mismos tribunales que reprimieron y declarada concluida unilateralmente bajo un enfoque de gracia y no de reconocimiento de derechos. 

El aparato de seguridad e inteligencia se mantiene intacto. Señales como la designación de exfuncionarios vinculados a órganos de seguridad en cargos ministeriales clave evidencian una intención de consolidación por encima de la reforma. 

Durante el periodo se documentaron nuevas detenciones arbitrarias y casos de personas fallecidas bajo custodia, evidenciando la continuidad de patrones coercitivos. 

2. Pilar 2 — Rendición de cuentas y reforma institucional (Temperatura: Rojo / Sin avance en rendición de cuentas):

Los procesos de renovación y designación en el Poder Ciudadano (Fiscalía y Defensoría del Pueblo) y la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reeditaron patrones históricos de opacidad y cooptación partidista. Se repitió la conformación de comisiones legislativas con minoría de representación civil y se recurrió al aumento del número de magistrados para asegurar control político. 

 

La impunidad no responde a una inercia administrativa, sino a una política activa. La Misión ha señalado la absoluta ausencia de indicios de que las autoridades tengan la intención de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos. 

 

3. Pilar 3 — Protección del espacio cívico y derogación de leyes restrictivas (Temperatura: Rojo / Sin avance normativo):

El andamiaje legal construido entre 2000 y 2024 para criminalizar la disidencia y asfixiar a la sociedad civil, que comprende al menos 38 instrumentos normativos, tales como la Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización de ONG (Ley Antisociedad), la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo, permanece vigente y sin reformas. 

 

La decisión gubernamental de no modificar estas normas pese a demostrar capacidad legislativa acelerada en otras materias confirma que la inacción normativa es deliberada. Las organizaciones sociales continúan operando y asumiendo todos los riesgos en un entorno de hostilidad, no porque las leyes ofrezcan garantías de autonomía, sino a pesar de ellas. 

4. Pilar 4 — Multilateralismo y cooperación con mecanismos internacionales (Temperatura: Amarillo-Rojo / Contactos exploratorios sin cooperación plena):

Se reconocen ciertos avances tangibles que pueden traducirse en resultados positivos en el frente diplomático, tales como la presencia de una misión exploratoria de la OACNUDH en territorio venezolano, así como su posterior reinstalación, aunque limitada.

No obstante, el cuadro general sigue siendo restrictivo: la CIDH completa 24 años sin visitas al territorio. La Misión opera sin acceso directo al país, y la OACNUDH no ha consolidado una oficina con mandato pleno y público. Siguen pendientes varias visitas de Relatores Especiales de Naciones Unidas en el terreno. Persiste el riesgo de que el Estado utilice la presencia internacional de manera instrumental para legitimar su narrativa oficial sin abrir canales efectivos de verificación independiente. 

Exigencias oportunas y necesarias

El Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho concluye que el ciclo político abierto a principios de 2026 representa una oportunidad histórica trascendental, pero advierte que los gestos de apertura táctica y las reformas cosméticas no sustituyen los cambios estructurales necesarios para que esta oportunidad evolucione hacia una transición genuina. La plataforma Justicia y Verdad reitera diez exigencias prioritarias e indispensables: 

1. Liberar de forma plena e incondicional a todos los presos políticos y cesar las medidas cautelares arbitrarias. 

2. Reconocer formalmente los crímenes de Estado documentados por los mecanismos internacionales, abandonando el negacionismo oficial. 

3. Nombrar, erradicar y sancionar las violaciones normalizadas y depurar los cuerpos de seguridad involucrados en abusos. 

4. Derogar y reformar el marco normativo restrictivo del espacio cívico e institucional. 

5. Garantizar la independencia del sistema de justicia como preámbulo ineludible de cualquier reforma institucional. 

6. Designar un Contralor General independiente mediante procedimientos estrictamente transparentes y constitucionales. 

7. Firmar un nuevo memorándum de entendimiento con la OACNUDH que garantice un mandato público, amplio y de protección efectiva. 

8. Cooperar activamente con la Corte Penal Internacional en la investigación de crímenes internacionales. 

9. Extender invitaciones formales y abiertas a la CIDH, la FFM y los relatores especiales de la ONU para visitas de terreno en 2026. 

10. Iniciar investigaciones penales inmediatas, creíbles e independientes sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, garantizando verdad, justicia y plenas garantías de no repetición. 

Las organizaciones que integran la plataforma Justicia y Verdad y que respaldan este informe, reiteran que la diferencia entre una transición real y una oportunidad desaprovechada no puede medirse en anuncios. Se mide en hechos tales como si las víctimas obtienen verdad, justicia y garantías de no repetición, o si se establecen mecanismos genuinos para lograr esos objetivos, así como si los avances responden a cambios estructurales, y no meramente cosméticos, como ha ocurrido hasta ahora.

Una transición exige algo más que un cambio en la cúpula del poder: requiere que el Estado adopte medidas verificables para poner fin a las violaciones, rendir cuentas, garantizar la verdad a las víctimas y desmantelar las estructuras que hicieron posible la represión sistémica en Venezuela.

Consulte el Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho