UE: Varios Estados presionan para flexibilizar el reglamento sobre exportación de tecnología de vigilancia a regímenes que cometen abusos contra los derechos humanos

Nueve Estados miembros de la Unión Europea (UE) están intentando bloquear las restricciones a la exportación de material de vigilancia a regímenes abusivos, lo que constituye una decisión retrógrada que podría poner en peligro los derechos humanos en todo el mundo, declararon hoy Access Now, Amnistía Internacional, Privacy International y Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Las empresas de la UE llevan demasiado tiempo equipando a Estados represivos con sofisticada tecnología de vigilancia que les permite espiar y perseguir a activistas, periodistas y cualquier otra persona que alce la voz contra los abusos contra los derechos humanos”, declaró Joshua Franco, investigador de Amnistía Internacional sobre Tecnología y Derechos Humanos.

Lucie Krahulcova, analista política de Access Now, dijo: “El año pasado, el Parlamento Europeo dio un paso importante para poner coto a este comercio peligroso al promover un reglamento más estricto. Con su intento de menoscabar estos avances, estos nueve Estados están tomando partido por los beneficios en lugar de la gente y brindando apoyo a Estados que cometen abusos contra los derechos humanos aprovechando el reglamento laxo de la UE para silenciar a quienes los critican”.

Elodie Vialle, directora de Periodismo y Tecnología de Reporteros sin Fronteras, añadió:

"Se trata de un paso atrás para la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas. Se está espiando y deteniendo a periodistas con ayuda de tecnologías de vigilancia europeas, lo que representa un obstáculo para el intercambio de información. Los Estados miembros de la Unión Europea deben aplicar normas de control de las exportaciones más estrictas, no más laxas, para proteger a quienes ejercen el periodismo en todo el mundo."

Aunque el documento de debate reconoce los riesgos que el uso indebido de las tecnologías de cibervigilancia comporta para los derechos humanos, ataca varias de las propuestas de la Comisión y el Parlamento destinadas expresamente a brindar protección frente a los abusos contra estos derechos.

Se opone, por ejemplo, a la propuesta de elaborar una lista de nuevas categorías de tecnología de vigilancia sujetas a licencias de exportación y a los requisitos de concesión de dichas licencias, en aplicación de los cuales éstas se denegarían cuando las exportaciones vulnerasen los derechos humanos.

Access Now, Amnistía Internacional, Privacy International y Reporteros sin Fronteras piden al Consejo de la Unión Europea que rechace las posturas expresadas en el documento de trabajo y, en su lugar, trabaje para articular una normativa sólida y exhaustiva sobre las exportaciones de material de vigilancia en torno a las salvaguardias de derechos humanos.

Gobiernos de todo el mundo están utilizando tecnología de vigilancia disponible comercialmente para espiar a activistas, periodistas y disidentes. Este mismo mes, Access Now reveló que el programa malicioso FinSpy, de desarrollo europeo, se ha usado contra la sociedad civil en Turquía, Indonesia, Ucrania y Venezuela. La ONG documentó el uso de cuentas falsas de Twitter para atacar a activistas y adversarios políticos en Turquía, donde la represión que se está llevando a cabo se ha saldado con el encarcelamiento de centenares de defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos personal de Amnistía, personas que ejercen el activismo político y periodistas.

La investigación de Access Now revela el último caso de una cadena de escándalos relacionados con la exportación de material de vigilancia. El defensor de derechos humanos Ahmed Mansoor, de Emiratos Árabes Unidos, fue condenado hace poco a 10 años de prisión por su activismo. La investigación de Citizen Lab ha puesto al descubierto que Mansoor fue atacado en varias ocasiones con material de vigilancia fabricado en la UE diseñado para acceder a información personal y vigilar la comunicación personal.

El mes pasado, Privacy International obtuvo unos registros que demuestran que Finlandia, uno de los Estados signatarios del documento de debate, había concedido más de 80 licencias de exportación de equipos para la interceptación de telecomunicaciones a Estados como Emiratos Árabes Unidos y México, donde, según informes, el año pasado las autoridades de la seguridad utilizaron tecnología de vigilancia comercialmente disponible contra destacados abogados y abogadas, periodistas y activistas contra la corrupción.

“Las exportaciones de material de vigilancia de la UE ya han causado daños enormes. Con el avance de la tecnología de espionaje aumentará también su potencial de causar daños. Sin salvaguardias significativas en materia de derechos humanos, los Estados miembros de la Unión Europea se arriesgan a facilitar campañas de represión como las que se están llevando a cabo en Turquía y México”, dijo Joshua Franco.

“Las propuestas de la Comisión y el Parlamento Europeo obligarían a los gobiernos a evaluar el riesgo de abusos en los países destinatarios antes de poder suministrarles programas espía. Esta medida supondría un paso importante para supeditar las exportaciones de material de vigilancia al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por la UE y sus Estados miembros, y pedimos al Consejo que siga adelante con este enfoque pese a la oposición cínica expresada en el documento.”

Información complementaria

Las cuatro ONG señalan que en el documento de debate se manifiesta apoyo a la adopción de más medidas de transparencia en la UE, algo por lo que los activistas han hecho campaña, al considerar que permitirá a la opinión pública, activistas y periodistas hacer un seguimiento de todas las exportaciones de tecnología de vigilancia regulada efectuadas por Estados miembros de la UE.

Organizaciones internacionales de la sociedad civil y parlamentarios y parlamentarias han pedido una reforma significativa del reglamento de exportación para proteger los derechos humanos frente a la vigilancia ilegítima.

En 2016, la Comisión Europea propuso reformas al sistema actual con el propósito de “impedir las violaciones de derechos humanos asociadas a ciertas tecnologías de cibervigilancia”.

Amnistía Internacional, Privacy International y Reporteros sin Fronteras son algunas de las ONG que han defendido el fortalecimiento de varias de estas protecciones, con medidas como reforzar las salvaguardias en materia de derechos humanos, ampliar el alcance del reglamento para que abarque las nuevas tecnologías de vigilancia, incrementar la transparencia y proteger la investigación en materia de seguridad.

Muchas de estas reformas quedaron reflejadas, de alguna manera, en la propuesta adoptada por el Parlamento Europeo a finales de 2017.

Está previsto que el Consejo haga pública su postura durante el segundo semestre del año. Las tres instituciones intentarán llegar a un acuerdo mediante negociaciones interinstitucionales conocidas como “triálogos”.

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