Lunes, 23 de julio, 2018
200 familias corren peligro inminente de desalojo forzoso en la comunidad campesina de Guahory, departamento de Caaguazú, en el este de Paraguay
Según información pública, el 13 de julio de 2018 se desplegaron unos 400 agentes de policía en la comunidad campesina de Guahory después de que los fiscales encargados del caso decidieran implementar el Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno. Amnistía Internacional ha identificado que este procedimiento conduce a desalojos forzosos encubiertos, llevados a cabo sin las debidas salvaguardias para respetar y proteger el derecho a una vivienda adecuada.
Los desalojos forzosos podrían comenzar en cualquier momento, y violarían el derecho al debido proceso y a una vivienda adecuada de cientos de personas, incluidos decenas de niños y niñas que viven en la comunidad. Amnistía Internacional teme también que estos desalojos forzosos puedan dar lugar a una escalada de violencia, como ha sucedido en operaciones de desalojo anteriores llevadas a cabo en la comunidad campesina de Guahory en 2016 y 2017.
Las familias de la comunidad campesina de Guahory afirman su derecho a la alimentación y a una vivienda adecuada en el contexto del acceso a la tierra y la reforma agraria en Paraguay. La titularidad de la propiedad de las tierras en las que viven no ha sido determinada por ninguna autoridad judicial.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:
- se abstengan de desalojar forzosamente a las personas que viven en la comunidad campesina de Guahory;
- deroguen el Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno, que es incompatible con los derechos al debido proceso y a una vivienda adecuada;
- proporcionen información completa y detallada (incluido el número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados, las medidas adoptadas por ellos y las fechas) sobre este intento de implementar el Plan de Acción Conjunta en la comunidad de Guahory.
Envíen llamamientos antes del 30 de agosto de 2018 a:
Ministro del Interior
Ariel Martínez Fernández
Correo-e: buzonciudadano@mdi.gov.py
Twitter: @minteriorpy
Fiscal General
Sandra Quiñónez
Correo-e: comunicaciones@ministeriopublico.gov.py
Twitter: @SandraQuinonezA @fiscalia_prensa
Tratamiento: Señora Fiscal General
Comandante de la Policía Nacional
Luis Carlos Rojas Ortiz
Correo-e: comandancia@pn.gov.py
Twitter: @RRPPpoliciapy
Tratamiento: Señor Comisario General Comandante
Información complementaria
El 15 de septiembre de 2016, un fiscal acompañado por unos 1.200 agentes de policía que utilizaban tractores desalojaron por la fuerza a residentes de la comunidad campesina de Guahory. Según las familias campesinas, sus casas y cultivos fueron destruidos. No hubo discusión y no se entregó ninguna orden de desalojo. Tanto los funcionarios como representantes de la comunidad informaron que en la operación habían participado individuos particulares.
El 3 de enero de 2017 se destruyeron de nuevo casas y cultivos en la comunidad campesina de Guahory en una segunda operación de desalojo. Se detuvo a doce personas, entre ellas tres adolescentes, que quedaron en libertad a medianoche y fueron acusadas de invasión de territorio ajeno. Hombres, mujeres, niños y niñas informaron de que la policía los había golpeado y atacado con gas lacrimógeno. Unos policías les dijeron: “los campesinos son basura y no quieren trabajar” y “dejen de estar con los campesinos si quieren evitar problemas”.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y los campesinos de Guahory, hubo otros desalojos en febrero y octubre de 2015 y en diciembre de 2016.
El Plan de Acción Conjunta para Hechos Punibles de Invasión de Inmueble Ajeno es un acuerdo entre la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, iniciado el 28 de marzo de 2012 y actualizado el 20 de marzo de 2017, que establece las acciones que estas tres instituciones llevarán a cabo para detener una potencial invasión de propiedad. La Fiscalía General del Estado, el organismo a cargo de la investigación penal, no define la titularidad de la propiedad; esto es competencia de las autoridades judiciales, que lo definen mediante procedimientos civiles y agrarios. Como resultado, existe el riesgo de que se lleven a cabo desalojos forzosos en relación con propiedades cuya titularidad aún no se ha establecido.
Índice: AMR 45/8815/2018