Irán: Víctima de violencia familiar y sexual, detenida cuando era menor, ejecutada tras juicio injusto

Ante la terrible noticia de la ejecución esta mañana de Zeinab Sekaanvand, kurda iraní de 24 años, en la prisión central de Urumieh (provincia de Azerbaiyán Occidental), Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:

“La ejecución de Zeinab Sekaanvand es una demostración nauseabunda de la falta de consideración de las autoridades iraníes hacia los principios de la justicia de menores y el derecho internacional de los derechos humanos. Zeinab tenía sólo 17 años cuando fue detenida. Su ejecución es profundamente injusta y muestra el desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida de las personas menores de edad. El hecho de que fuera condenada a muerte en un juicio manifiestamente injusto hace que su ejecución sea aún más indignante.

“Zeinab Sekaanvand dijo que, poco después de casarse a los 15 años, pidió ayuda muchas veces a las autoridades en relación con la conducta violenta de su esposo y denunció que su cuñado la había violado reiteradamente. Sin embargo, en lugar de investigar estas denuncias, las autoridades la ignoraron sistemáticamente y no le proporcionaron ninguna ayuda como víctima de violencia familiar y sexual.

“Tras el asesinato de su esposo, Zeinab Sekaanvand dijo que la interrogaron bajo tortura agentes de policía varones sin la presencia de un abogado. Durante la última vista de su juicio, en la que le permitieron contar con asistencia letrada por primera vez, se retractó de su “confesión” inicial de que había asesinado a su esposo y dijo que la había hecho bajo coacción. A pesar de esto, el juez se negó a ordenar una nueva investigación y la condenó a muerte.

“Parece que las autoridades iraníes programan cada vez más la ejecución de personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito con muy poca antelación para reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan intervenciones públicas y privadas efectivas. Estamos horrorizados por su uso continuo de la pena de muerte contra personas que tenían menos de 18 años en el momento del delito, lo que constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Esta es la quinta ejecución de una persona de estas características que ha registrado la organización este año y tememos que no será la última a menos que la comunidad internacional actúe con urgencia.

“Seguimos instando a las autoridades iraníes a que establezcan de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones, conmuten todas las condenas a muerte con vistas a abolir la pena capital, y prohíban el uso de ésta contra personas menores de 18 años en el momento del delito”.

Información complementaria

La ejecución de Zeinab Sekaanvand constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados ratificados por Irán que prohíben estrictamente la imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito.

El 1 de octubre, Zeinab Sekaanvand fue sacada de su celda y recluida en régimen de aislamiento como preparación para su ejecución. El 29 de septiembre la habían llevado a la clínica de la prisión, donde el personal la sometió a una prueba de embarazo. El 30 de septiembre se conoció que el resultado era negativo. Posteriormente, las autoridades de la prisión se pusieron en contacto con la familia de Zeinab para decirles que fueran a la prisión el 1 de octubre a hacer una última visita, en la que les informaron de que su ejecución estaba prevista para el 2 de octubre.

Zeinab Sekaanvand fue condenada a muerte en virtud del principio de qesas (castigo equivalente al delito cometido) en octubre de 2014, tras un juicio manifiestamente injusto ante un tribunal penal de la provincia de Azerbaiyán Occidental, que la declaró culpable del asesinato de su esposo.

Fue detenida en febrero de 2012 en una comisaría de policía donde “confesó” el asesinato de su esposo. Pasó los 20 días siguientes recluida en comisaría, donde afirma que agentes de policía varones la torturaron pegándola en todo el cuerpo.

“Confesó” haber apuñalado a su esposo tras haberla sometido éste a insultos y malos tratos físicos durante meses y negarse a concederle el divorcio. No le proporcionaron un abogado de oficio hasta la última sesión del juicio, en la que se retractó de su “confesión” y dijo al juez que el autor del asesinato había sido su cuñado, que la había violado, aseguró, varias veces. Explicó además que éste le había dicho que, si asumía la responsabilidad, la indultaría (según el derecho islámico, los familiares de las víctimas de asesinato tienen la facultad de indultar al asesino a cambio de una indemnización).

El tribunal no investigó las afirmaciones de Zeinab Sekaanvand y se basó en las “confesiones” que había hecho sin que se hallara presente un abogado para condenarla a muerte.

Aunque Zeinab era menor de 18 años en el momento del delito, el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta las disposiciones sobre la imposición de condenas a menores del propio Código Penal Islámico de Irán de 2013, que deja a discreción de los jueces sustituir la pena de muerte por un castigo alternativo si determinan que el menor no comprendía la naturaleza de su delito o sus consecuencias, o si existen dudas sobre su “desarrollo mental y madurez” en el momento de cometerlo.

Zeinab Sekaanvand procede de una familia pobre y conservadora, y se fue de casa a los 15 años para casarse con Hossein Sarmadi, cuatro años mayor que ella. Dijo que pensó que ese matrimonio era la única oportunidad que tenía de una vida mejor. Sin embargo, poco después de casarse, su esposo comenzó a maltratarla de manera habitual con insultos y golpes. Zeinab le pidió el divorcio en varias ocasiones, pero él se negó a dárselo. También presentó numerosas denuncias de maltrato ante la policía, pero ésta nunca las investigó. Intentó regresar con su familia, pero ésta la había repudiado cuando se fue de casa.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado.