España: Un año después de su detención, “los Jordis” deben quedar en libertad

Un año después de la entrada en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Fotis Filippou, director adjunto para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El mantenimiento de la prisión provisional de “los Jordis” es injustificable y volvemos a pedir su liberación inmediata. Amnistía Internacional considera que el mantenimiento de esta medida constituye una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

Recientemente, dos resoluciones de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo rechazaron las peticiones de libertad formuladas por Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente.  El Tribunal Constitucional también ha rechazado suspender cautelarmente la situación de prisión provisional de Jordi Sànchez en al menos tres ocasiones.

“En lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a la detención de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart, las autoridades judiciales han agravado esta injusticia”, ha dicho Fotis Filippou.

Los cargos que pesan contra “los Jordis”, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados. En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría tratarse de una alteración de orden público y ser objeto de sanción penal. Pero atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición y mantenerlos detenidos durante un año es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Información complementaria

Desde que tuvo noticia de su ingreso en prisión, Amnistía Internacional manifestó que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart debían ser puestos en libertad de inmediato.

El 16 de octubre de 2017, la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes en ese momento, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, por delitos de sedición. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2017, su caso fue asumido por el Tribunal Supremo, uniéndose a la Causa Especial 20907/2017.

Tras la instrucción llevada a cabo por el magistrado correspondiente, fueron procesados por delitos de rebelión el 21 de marzo de 2018. En el auto se les atribuye la participación en la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que regula el referéndum, así como en los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, por los que se los acusa de convocar a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales.