Brasil: Los casos de violencia en el contexto electoral deben investigarse teniendo en cuenta la posibilidad de que sean crímenes de odio

A Amnistía Internacional le suscita preocupación el aumento de los episodios de violencia durante el periodo electoral denunciados en varias ciudades del país. Los casos ya difundidos por la prensa, y otros relatados en las redes sociales y en sitios web creados para recopilar información sobre estos episodios, demuestran que muchas de estas agresiones pueden haber sido crímenes de odio motivados por la discriminación racial, de género, de orientación sexual e identidad de género, o incluso por la opinión política.

Amnistía Internacional insta a las autoridades brasileñas a actuar sin demora y con la debida diligencia para garantizar que los casos de ataques y agresiones en el contexto electoral se investigan de manera pronta, independiente e imparcial, y los responsables sean llevados ante la justicia. Las investigaciones deben tener en cuenta que dichos casos pueden haber sido crímenes de odio por motivos relacionados con la identidad o la asociación real o percibida de la víctima con determinado grupo u opinión política.

“Las autoridades tienen la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los crímenes de odio cometidos por cualquier persona. Con la intensificación de las denuncias de agresiones en un contexto de creciente intolerancia hacia las diferencias y las opiniones políticas durante el periodo electoral, es esencial que todos los casos se investiguen prontamente y que se tengan en cuenta los posibles motivos de discriminación de esos delitos”, ha afirmado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

Hasta la fecha, se ha tenido noticia de un asesinato en este contexto. El maestro de capoeira Moa do Catendê fue asesinado a puñaladas el 8 de octubre en Salvador de Bahía, tras una discusión sobre las elecciones presidenciales en la que declaró su apoyo a uno de los candidatos. El agresor, de distinta opinión, fue detenido y la policía ya está recabando testimonios. Las informaciones sobre el caso difundidas públicamente indican que el asesinato tuvo una motivación política.

Amnistía Internacional también ha notado que varios candidatos a cargos públicos en estas elecciones han realizado declaraciones que fomentan un clima de intolerancia y que, en algunos casos, podrían incluso calificarse de discursos de odio, que incitan a la violencia y a la discriminación. Brasil, como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de implementar las medidas necesarias para combatir toda forma de discriminación, incluida la discriminación por opinión política.

“Con el preocupante clima de creciente intolerancia y polarización que se vive hoy en el país, es importante recordar a las autoridades los compromisos internacionales adquiridos por Brasil. Los derechos humanos no pueden ser únicamente un compromiso que el país adquiere sobre el papel, sino que este compromiso debe traducirse en acciones concretas. En este momento, las autoridades brasileñas no pueden eludir su deber de combatir la incitación al odio y a la discriminación, y deben adoptar medidas de protección de los derechos a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación”, ha sostenido Werneck.

El 28 de octubre se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y de las elecciones para los gobiernos estatales. Las autoridades brasileñas, en todos los niveles, deben actuar antes y después de las elecciones para prevenir crímenes de odio por motivos de discriminación. Las autoridades públicas, los partidos políticos y los candidatos y candidatas deben condenar públicamente la incitación al odio, la discriminación y la violencia, y transmitir el mensaje claro de que no se tolerarán los delitos dirigidos contra personas por motivos de discriminación.

“Los brasileños y brasileñas tienen derecho a participar en el proceso electoral sin sufrir ningún tipo de coacción, discriminación o represalia por parte de nadie, y las autoridades deben garantizar la protección de su integridad física y mental. La gente debe poder caminar por la calle sin miedo a ser agredida simplemente por pertenecer a un grupo determinado o por expresar una opinión. El papel de las autoridades es garantizar esto. Es esencial que los partidos políticos y los candidatos y candidatas transmitan a la población y a sus bases de apoyo que la violencia contra la oposición política debe cesar”, ha concluido Werneck.