Estos juicios ofrecen una oportunidad histórica para romper el círculo vicioso de impunidad que ha caracterizado durante décadas la respuesta del Estado a los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos

Brasil se enfrenta en las próximas semanas a una prueba decisiva de su determinación para hacer frente a la impunidad por los ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando comienzan los juicios por los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes ante el Tribunal Supremo Federal y de Maria Bernadete Pacífico (Mãe Bernadete) ante el Tribunal del Jurado de Bahía.

“Hace tiempo que debería haberse hecho justicia a Marielle Franco, Anderson Gomes y Mãe Bernadette. Sus homicidios son representativos de la tendencia general y sumamente alarmante de violencia letal y racismo estructural contra defensoras y defensores de los derechos humanos en Brasil”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Estos juicios ofrecen una oportunidad histórica para romper el círculo vicioso de impunidad que ha caracterizado durante décadas la respuesta del Estado a los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. Es fundamental que se celebren con total independencia, transparencia y respeto al debido proceso. Nadie, con independencia de su posición o autoridad, debe estar fuera del alcance de la ley.”

Estos juicios ofrecen una oportunidad histórica para romper el círculo vicioso de impunidad que ha caracterizado durante décadas la respuesta del Estado a los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. Es fundamental que se celebren con total independencia, transparencia y respeto al debido proceso. Nadie, con independencia de su posición o autoridad, debe estar fuera del alcance de la ley.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Homicidios emblemáticos de defensoras y defensores

Marielle Franco, negra, bisexual, defensora de los derechos humanos de la favela de Maré y concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro, fue asesinada el 14 de marzo de 2018 junto con su conductor, Anderson Gomes. Este crimen, sobre el que aún no se ha hecho justicia, suscita muchas preguntas sobre discriminación de género, raza y clase que han de ser respondidas.

En el juicio ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, previsto para los días 24 y 25 de febrero de 2026, se examinará la responsabilidad de los individuos acusados de ordenar el crimen y participar en su planificación. Es fundamental que se respete el derecho a verdad, memoria, justicia y reparación de las víctimas, sus familiares y todas las comunidades que siguen exigiendo respuestas sobre quién ordenó el asesinato de Marielle y por qué.

Mãe Bernadete, defensora de los derechos humanos y miembro de la comunidad quilombola (comunidades afrobrasileñas formadas por descendientes de personas africanas esclavizadas que se fugaron y establecieron asentamientos autónomos) del quilombo Pitanga dos Palmares, fue asesinada en El Salvador en agosto de 2023 en un contexto de racismo estructural, violencia contra las comunidades quilombolas y conflictos por tierras y territorios que ponen en peligro la supervivencia material, cultural y espiritual de su pueblo desde hace años. El Tribunal de Justicia del Estado de Bahía programó el juicio con jurado contra dos individuos acusados para el 24 de febrero de 2026, casi dos años después del crimen, en un contexto de amenazas reiteradas, muertes de otros familiares y ataques a terreiros (templos afrobrasileños) y contra dirigentes negros que denuncian violaciones de derechos humanos y reclaman protección y políticas públicas efectivas.

Los retrasos ponen al descubierto la impunidad estructural

El hecho de que se haya tardado ocho años en celebrar el juicio por el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes pone de relieve el fracaso del sistema de justicia brasileño a la hora de dar respuestas rápidas, efectivas y respetuosas a las víctimas y sus familiares en los casos de ataques a defensoras y defensores de los derechos humanos.

Años después de los asesinatos, familiares de víctimas, quilombolas y comunidades negras, periféricas y religiosas continúan reivindicando memoria, verdad y reparación mientras sufren inseguridad, miedo y revictimización institucional, y con la impresión de que el Estado considera que sus vidas son prescindibles.

Estos dos casos, aun siendo emblemáticos, sólo representan una parte muy pequeña del cuadro general de violencia, amenazas y persecución —a menudo denunciados de forma reiterada— que no se investigan debidamente ni dan lugar a rendición de cuentas y que, en incontables casos, ni siquiera llegan a la fase de presentación de denuncia formal. La lentitud de las respuestas, la falta de investigaciones sobre quién ordenó los ataques, la selectividad racial y territorial del sistema de justicia y la ausencia de políticas coherentes de prevención y protección favorecen la impunidad que alienta nuevos ataques y transmite el mensaje de que es posible silenciar a defensoras y defensores de los derechos humanos sin sufrir las consecuencias.

Brasil es uno de los países más letales para defensores y defensoras

Varios estudios, encuestas y estadísticas oficiales apuntan a que Brasil es uno de los países más letales para defensoras y defensores de los derechos humanos, sobre todo quienes defienden los derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, y a los pueblos y comunidades tradicionales. Según la organización Global Witness, 342 defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en Brasil entre 2012 y 2021, más que en ningún otro país del mundo en ese periodo.

En las disputas agrarias y socioambientales, en las zonas urbanas marcadas por la violencia policial, en los quilombos y territorios indígenas, y en los espacios religiosos de las comunidades afrodescendientes, defensores y defensoras son objeto de amenazas, criminalización, asesinato y desaparición forzada, sin que el Estado tome medidas adecuadas para prevenir, investigar y castigar estos crímenes en la mayoría de los casos.

La protección de defensoras y defensores de los derechos humanos sigue siendo inadecuada debido a políticas públicas deficientes, programas de protección limitados, falta de recursos, uso policial de perfiles basados en criterios de raza, género, clase y territorio que sigue en gran medida sin abordarse, e investigación ineficaz de las amenazas. No reaccionar con firmeza y rapidez a los ataques y actos de intimidación contribuye a crear un entorno de miedo y autocensura, en el que mucha gente renuncia a denunciar violaciones de derechos humanos, lo que agrava aún más los riesgos para quienes continúan en primera línea.

“Defender derechos no debería costar vidas. Las autoridades brasileñas deben reconocer la importancia de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de sus acciones, proteger debidamente a estas personas y sus derechos, y garantizar la investigación exhaustiva de todas las violaciones de derechos y su reparación justa y rápida. Los asesinatos atroces de Marielle Franco y Mãe Bernadete deben ser un punto de inflexión en la protección de todas las personas que se atreven a defender los derechos humanos en Brasil”, ha afirmado Agnès Callamard.

Defender derechos no debería costar vidas. Las autoridades brasileñas deben reconocer la importancia de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de sus acciones, proteger debidamente a estas personas y sus derechos, y garantizar la investigación exhaustiva de todas las violaciones de derechos y su reparación justa y rápida. 

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Compromiso de Amnistía Internacional con estas y otras personas que defienden los derechos humanos

Amnistía Internacional ha hecho una campaña incesante en favor de justicia para Marielle, Anderson y Mãe Bernadete, ha denunciado la violencia contra defensoras y defensores de los derechos humanos en Brasil a nivel nacional, regional e internacional, y ha pedido a las autoridades que garanticen investigaciones independientes, imparciales y efectivas así como la rendición de cuentas de los presuntos perpetradores, incluidos quienes ordenaron los crímenes. La organización ha puesto de relieve sus casos en informes, campañas y acciones de movilización global y los ha situado en el centro de la lucha por la memoria y la reparación frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres negras, dirigentes quilombolas, comunidades residentes en favelas y pueblos y comunidades tradicionales.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional subraya que combatir la violencia contra defensoras y defensores de los derechos humanos en Brasil no debe limitarse a reclamar justicia por estos homicidios. La organización seguirá exigiendo respuestas sobre los incontables casos que no han llegado a juicio, en los que no se ha identificado a los perpetradores, en los que no se han investigado las amenazas reiteradas y en los que familias y comunidades continúan sin obtener reparación de ninguna clase ni reconocimiento oficial.

Amnistía Internacional seguirá vigilando y apoyando a las personas y comunidades que están en primera línea de la defensa de los derechos humanos en Brasil, en favelas, llanuras, quilombos, tierras indígenas, periferias urbanas, terreiros, zonas rurales y todos los territorios marcados por el conflicto, el racismo y la desigualdad. Ahora que comienzan los juicios por los homicidios de Marielle, Anderson y Mãe Bernadete, la organización insta a las autoridades brasileñas en todos los niveles a:

• Garantizar juicios justos, independientes y transparentes, con protección efectiva a familiares, testigos, comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, fiscales y otras personas que participen en los procedimientos.

• Garantizar que los autores intelectuales, las redes criminales y los entramados e intereses económicos y políticos que están detrás de los crímenes son investigados eficazmente y rinden cuentas, sin temor ni trato de favor: romper con la práctica de exigir responsabilidades únicamente a los autores directos debe ser una prioridad.

• Reforzar con recursos, transparencia y participación social las políticas y programas para proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, garantizando de manera seria y efectiva la atención a la raza, el género, la orientación sexual, el territorio y la clase social.

• Abordar la impunidad estructural reabriendo y revisando casos cerrados o estancados, investigando rápidamente las amenazas denunciadas y adoptando medidas para evitar su repetición, incluidas reformas institucionales, formación para el funcionariado público y lucha contra el racismo y la violencia institucional.