América: El gobierno de Estados Unidos pone en peligro a solicitantes de asilo con políticas ilícitas

Las políticas fronterizas ilícitas de Estados Unidos están dejando a miles de personas solicitantes de asilo varadas en México, donde corren el riesgo de ser deportadas a sus países de origen pese a los graves daños que están expuestas a sufrir allí. La situación no puede más que empeorar, a juzgar por un acuerdo que, según informes, podrían alcanzar ambos países y que obligaría a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se tramitan sus solicitudes, en vez de permitirles entrar en Estados Unidos.

Como resultado de una investigación de Amnistía Internacional, centrada en el trato que reciben las personas refugiadas y migrantes de las caravanas y realizada en Guatemala, el estado de Chiapas al sur de México, la Ciudad de México y Tijuana a lo largo de octubre y noviembre, la organización ha formulado hoy 26 recomendaciones a los gobiernos estadounidense y mexicano, así como a las autoridades de los países centroamericanos de origen y de tránsito, para que garanticen medidas de protección de los derechos humanos y apoyo humanitario a todas las personas que solicitan asilo y que están en movimiento, entre ellas que respeten las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

“En vez de militarizar la frontera y sembrar miedo y discriminación, la administración del presidente Trump debe mostrar compasión con quienes tienen que huir de sus hogares, y recibir sus solicitudes de asilo sin demora, como disponen la legislación de Estados Unidos y el derecho internacional”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“Los gobiernos de México y los países centroamericanos, por su parte, deben adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todas estas personas que están en movimiento y garantizar que no sufran más violaciones de derechos humanos. Si México accede a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos a costa de la dignidad y los derechos humanos de los miembros de las caravanas, estará pagando, en la práctica, el vergonzoso muro fronterizo de Trump".

“El peligro que corren las familias desesperadas que esperan pacientemente su turno para solicitar asilo en la frontera es una situación de emergencia creada por el propio gobierno de Estados Unidos”, ha señalado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“Utilizar gas lacrimógeno en una situación en la que había familias con niños y niñas no sólo fue un acto horrible, sino también una muestra más del desprecio de esta administración por nuestra dignidad y nuestros derechos humanos compartidos.”

Condiciones insalubres y listas de espera ilegales para solicitar asilo

El 18 de octubre, Amnistía Internacional visitó el polideportivo Benito Juárez de Tijuana, convertido en albergue temporal, donde el gobierno municipal había alojado aproximadamente a 3.000 personas migrantes y solicitantes de asilo, llegadas en la primera de varias caravanas que, formadas en total por entre 8.000 y 10.000 personas, cruzan México. Esas personas se sumaron a miles más a las que las autoridades estadounidenses llevan semanas o meses obligando a esperar en Tijuana a que les permitan solicitar asilo en la frontera. El 22 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense Pompeo declaró que el gobierno de Estados Unidos tiene intención de negar ilícitamente ese derecho impidiendo la entrada de las caravanas en Estados Unidos.

Autoridades federales, estatales y municipales mexicanas confirmaron por separado a Amnistía Internacional que en el albergue temporal no había comida, agua ni servicios de salud suficientes, y que entre las personas acogidas en él se estaban propagando las enfermedades respiratorias.

Al menos desde abril de 2018, las autoridades estadounidenses y mexicanas exigen ilícitamente a las personas solicitantes de asilo que se inscriban en una lista cuasi oficial de espera en el lado de Tijuana del puerto de entrada de San Ysidro, en vez de permitirlas solicitar asilo directamente en la frontera. Son las propias personas solicitantes de asilo y las autoridades mexicanas las que coordinan conjuntamente la lista en función de la limitación estadounidense del número de solicitantes de asilo que se recibirán cada día. Quienes soliciten asilo sin documentos de identidad tienen prohibido inscribirse en la lista de quienes esperan a solicitarlo, y si no aparecen el día en que llaman a su número, se arriesgan a perder definitivamente su turno.

Al rechazar a solicitantes de asilo en los puertos de entrada, las autoridades estadounidenses están violando de manera flagrante su derecho a solicitar protección contra la persecución y creando una situación de emergencia a lo largo de la frontera. Esta cola formada a lo largo de la frontera deja a las personas solicitantes de asilo expuestas a ser detenidas y deportadas por los funcionarios de inmigración mexicanos y a sufrir explotación a manos de bandas delictivas.

El 21 de noviembre, Amnistía Internacional revisó la lista, que contenía los nombres de alrededor de 4.320 personas, entre ellas cerca de 2.000 miembros de la caravana, que habían ido llegando, en su mayoría de Honduras, desde el 15 de noviembre. Las personas que estaban ya en la lista antes de la llegada de la caravana habían estado alrededor de cinco semanas, por término medio, esperando en Tijuana a que las autoridades empezaran a tramitar sus solicitudes de asilo. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de México y una autoridad municipal de Tijuana dijeron a Amnistía Internacional que aproximadamente el 80 por ciento de las personas solicitantes de asilo anteriores a la llegada de la caravana eran de nacionalidad mexicana.

Las autoridades mexicanas no pueden, legalmente, impedir a la gente salir del país y solicitar asilo en la frontera estadounidense. Sin embargo, Amnistía Internacional confirmó con múltiples fuentes del gobierno de México que los funcionarios de inmigración mexicanos suelen apoderarse todas las noches de la lista de espera y coordinan con las autoridades fronterizas estadounidenses cuántas personas solicitantes de asilo inscritas en ella serán recibidas cada día. Amnistía Internacional ha recibido información anónima de funcionarios mexicanos que pone en duda la supuesta falta de capacidad de las autoridades estadounidenses para recibir a un número mayor de personas y revela la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre las autoridades mexicanas para restringir la entrada de solicitantes de asilo.

Funcionarios mexicanos y solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional en el puerto de entrada de San Ysidro que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos habían venido aceptando últimamente entre 30 y 70 solicitudes de asilo al día. El 16 de noviembre, la dirección del puerto de entrada de la CBP de San Ysidro dijo al Washington Post que su personal podía tramitar de 90 a 100 solicitudes de asilo al día, siempre y cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ocupara, en el plazo de 72 horas, de las personas cuyas solicitudes se hubieran tramitado.

En una reunión que mantuvieron con Amnistía Internacional el 20 de noviembre, los funcionarios del ICE se negaron a aclarar si estaban ocupándose de las personas solicitantes de asilo dentro del plazo o tenían alguna limitación de capacidad debido a la reciente llegada de las caravanas, tras lo cual pusieron fin a la reunión bruscamente.

Amnistía Internacional pide a las autoridades estadounidenses que respeten de inmediato el derecho de las personas a solicitar asilo tanto si se dirigen a los puertos oficiales de entrada como si llegan por las zonas situadas entre ellos. Tras las declaraciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos indicando que piensa negar ilícitamente ese derecho a las personas de las caravanas, el Congreso debe negarse a financiar las operaciones de la CBP si no están supervisadas rigurosamente por él y si la CBP no se compromete por escrito a detener las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo tanto en los puertos de entrada estadounidenses como en las zonas situadas entre ellos. Amnistía Internacional ha documentado estas expulsiones ilegales en un informe reciente.

Personas solicitantes de asilo expuestas a ser deportadas por las autoridades mexicanas

El 19 de noviembre, la policía municipal de Tijuana anunció que había detenido a 34 miembros de caravanas por “alterar el orden” con actos como tomar bebidas embriagantes en la calle y las había transferido al INM para su posible deportación. Amnistía Internacional pidió de inmediato al INM que le facilitara el acceso a las personas detenidas a fin de entrevistarlas, tras haber recibido información no verificada, que indicaba que la policía municipal de Tijuana podría haber seleccionado a algunas de ellas por su perfil racial o haberlas engañado o extorsionado y que sus detenciones podrían haber sido causa de su separación de los familiares que tenían en el polideportivo Benito Juárez. El INM no permitió a la organización visitar a esas personas.

El 20 de nombre, un experto en derechos de las personas migrantes que trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México confirmó a Amnistía Internacional que al menos una familia había quedado separada como consecuencia de las detenciones, pero que la CNDH no había entrevistado aún a ninguna de las personas detenidas para evaluar la validez de los cargos contra ellas. Señaló que las personas que formaban parte de las caravanas corrían gran riesgo de deportación si la policía municipal las detenía, ya que se encontraban en situación irregular en México o su estancia legal en el país estaba a punto en expirar, incluso en el caso de las que pensaban solicitar asilo en la frontera estadounidense. Según la legislación mexicana en materia de migración, la policía municipal no está autorizada a revisar por motivos migratorios los documentos de las personas, pues esta función le está reservada al INM.

Medios de comunicación de Tijuana informaron el 20 de noviembre de que la policía municipal había detenido a 40 miembros de caravanas, a quienes el INM había luego deportado. Estas detenciones forman parte de una tendencia más general de los últimos días, en el marco de la cual el INM ha practicado detenciones masivas en todo México en respuesta a las caravanas, incluso de familias y niños y niñas. En algunos casos, el número de personas detenidas ha ascendido a centenares. El 25 de noviembre, las autoridades mexicanas dijeron que algunas de las personas que habían intentado entrar en Estados Unidos y a las que se había respondido con gas lacrimógeno serían deportadas. La deportación de personas a países donde su vida corra peligro, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, infringe la legislación mexicana y el derecho internacional.

“A las autoridades municipales, estatales y federales mexicanas les ha costado alojar y prestar asistencia humanitaria adecuada a las personas varadas en Tijuana, y en algunos casos han intentado que los funcionarios de inmigración deporten a los miembros de las caravanas, potencialmente en contra del derecho internacional”, ha añadido Erika Guevara Rosas.

“El Instituto Nacional de Migración de México debe aclarar con urgencia si todos estos miembros de caravanas detenidos en los últimos días han tenido la oportunidad de solicitar asilo en México o de regularizar su situación y reunirse con sus hijos e hijas u otros familiares".

Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano que garantice y acelere la debida detección de las personas migrantes y solicitantes de asilo con necesidad de protección y proporcione documentación provisional a las que esperan a ser recibidas en los puertos de entrada estadounidenses para impedir que sean deportadas a sus países de origen mientras se tramitan sus casos.

La organización recomienda también a las autoridades de los países de origen que aborden los factores que impulsan a las personas a salir de ellos, mientras que los países de tránsito y receptores deben garantizar su salud y su seguridad, prestarles asistencia humanitaria, respetar su derecho a solicitar asilo y prevenir e investigar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra ellas.

Estas recomendaciones están basadas en entrevistas que Amnistía Internacional ha mantenido con aproximadamente 200 personas de las caravanas –individualmente o en grupos, e incluidas varias familias, mujeres que viajan con niños y niñas y miembros de la comunidad LGBTI–, así como en información obtenida de gobiernos de la región, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil presentes en el terreno.