Egipto: Deben liberar al abogado de derechos humanos detenido por llevar chaleco amarillo
“Mohamed Ramadan fue detenido únicamente por expresar sus opiniones y en relación con su actividad como abogado de derechos humanos. Las autoridades egipcias deben ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones, y retirar todos los cargos en su contra", declaró Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África
Las autoridades egipcias deben ordenar la liberación inmediata e incondicional de un abogado de derechos humanos que lleva detenido desde el 10 de diciembre por “incitación a alterar el orden público” con la publicación en Facebook de una fotografía de sí mismo llevando un chaleco amarillo; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación a la vista que se celebrará mañana para prorrogar su reclusión preventiva.
Mohamed Ramadan difundió la imagen después de que las autoridades egipcias restringieran la venta de los chalecos, parecidos a los llevados por manifestantes en Francia, en un intento de impedir que se imiten esas protestas en Egipto.
“La detención de Mohamed Ramadan por una publicación en Facebook donde ridiculiza las restricciones del gobierno sobre la venta de chalecos amarillos es completamente absurda. Su caso pone de relieve las medidas radicales que las autoridades egipcias están dispuestas a adoptar para reprimir el menor gesto que perciban como un desafío a su autoridad”, ha dicho Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Mohamed Ramadan fue detenido únicamente por expresar sus opiniones y en relación con su actividad como abogado de derechos humanos. Las autoridades egipcias deben ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones, y retirar todos los cargos en su contra".
Tres agentes de la Seguridad Nacional vestidos de civil detuvieron a Mohamed Ramadan en Alejandría el 10 de diciembre de 2018 cuando se bajaba de un autobús en el trayecto a su casa. Su familia y abogados estuvieron sin conocer el paradero de Mohamed hasta que compareció al día siguiente en la Fiscalía de Montaza.
La fiscalía ordenó prisión preventiva durante 15 días para investigarlo por varios cargos de redacción imprecisa, como “pertenencia a un grupo prohibido”, “difusión de noticias falsas a través de redes sociales” e “incitación a alterar el orden público”. La fiscalía ha renovado su orden de detención cada 15 días desde el arresto, y el Ministerio del Interior lo trasladó a la cárcel de Borg el Arab el 8 de enero.
Dos de sus abogados, que estuvieron presentes en su interrogatorio el 25 de diciembre, afirman que entre las pruebas presentadas contra él está la posesión de cinco chalecos amarillos que, según las autoridades, iban a ser utilizados en protestas contra el gobierno.
Uno de los abogados de Mohamed Ramadan contó a Amnistía Internacional que un agente de la Agencia de Seguridad Nacional lo había agredido físicamente inmediatamente después de su detención y le había advertido que “dejara el trabajo político”.
En el centro de detención de la Agencia de Seguridad Nacional en Alejandría, Mohamed Ramadan permaneció con los ojos vendados y encadenado al suelo. Dos de sus abogados que estuvieron presentes en el interrogatorio del 22 de enero confirmaron que Mohamed Ramadan había contado que, el 17 de enero, un guardia de la prisión le había golpeado en el abdomen cuando él intentaba defender a otro preso al que estaban atacando.
Mohamed Ramadan es abogado de derechos humanos y ofrece asesoramiento jurídico a personas que defienden los derechos humanos, personas trabajadoras, manifestantes pacíficos y residentes de asentamientos informales de Alejandría.
El Tribunal Penal de Alejandría ya había condenado a Mohamed Ramadan in absentia, en abril de 2017, a 10 años de prisión más cinco años de arresto domiciliario y otros cinco de prohibición de usar Internet, por una publicación en Facebook.
Fue declarado culpable de una serie de cargos sobre seguridad nacional de imprecisa redacción, como insultos al presidente, uso indebido de las redes sociales e incitación a la violencia, en aplicación de la draconiana legislación antiterrorista del país.
Amnistía Internacional considera que su declaración de culpabilidad es un ejemplo de la campaña represiva de las autoridades contra opositores pacíficos. Su nuevo juicio se suspendió en espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la ley antiterrorista en virtud de la cual había sido condenado.