El Salvador: Sistema penal utilizado como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos.
Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos como “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente
Amnistía Internacional advierte que el régimen de excepción prorrogado por el gobierno y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Ello, al consolidar un aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas, exponiéndolas a un régimen carcelario que atenta contra su integridad personal y su vida.
A más de tres años de iniciado, el régimen de excepción, prorrogado ya 42 veces consecutivas, ha consolidado un modelo que le da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa. Paralelamente, las reformas legales en materia penal y procesal penal han introducido medidas como el ocultamiento de la identidad de jueces, la aplicación automática de prisión preventiva y el endurecimiento punitivo contra niños, niñas y adolescentes. Estas reformas han sido observadas por organismos regionales y universales de derechos humanos por concluir que contravienen estándares internacionales.
“En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El derecho a defender derechos bajo ataque
Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos como “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente. Por su parte, organizaciones locales contabilizan más de 70 casos de este tipo en el que las personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de Derecho.
Ante el recrudecimiento de la persecución y criminalización de las personas defensoras, en julio de 2025, Amnistía Internacional declaró personas prisioneras de conciencia a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, al determinar que fueron encarceladas exclusivamente por su labor de defensa de derechos humanos y por ejercer pacíficamente su libertad de expresión.
A pesar de que ni el decreto original del régimen de excepción ni sus prórrogas contemplan su aplicación a personas acusadas de delitos comunes, en estos tres casos la organización pudo verificar cómo el Ministerio Público y las autoridades judiciales aplicaron los plazos y la suspensión de garantías procesales, a pesar de que los cargos que se les imputan no guardan relación con el accionar de las pandillas.
Tanto Ruth, como Alejandro y José Ángel fueron sometidos a la ampliación de la detención administrativa hasta 15 días, y la imposición de la detención preventiva sin fundamentos suficientes ni revisión judicial efectiva. Recientemente, el juzgado que conoce la causa de Alejandro y José Ángel, quienes están siendo procesados por los delitos de resistencia y desórdenes públicos, resolvió prorrogar por tres meses adicionales la fase de instrucción, sin que existan en principio nuevos elementos por investigar. Esta decisión vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y da sustento a la afirmación de que en El Salvador la prisión preventiva ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un castigo anticipado, independientemente del delito por el que la persona está siendo procesada.
En el caso de Ruth se verificó, además, la modificación arbitraria de delitos imputados, y la reserva total del proceso. Otras personas defensoras y voces disidentes criminalizadas documentadas por organizaciones locales presentan irregularidades similares.
Cárceles como espacios de castigo y tortura
La situación carcelaria en El Salvador continúa siendo alarmante: incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica oportuna y el riesgo de tortura caracterizan el régimen penitenciario. Esto impacta no solo a las personas criminalizadas, sino también a sus familias. El caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya evidencia los peligros que enfrenta una persona cuando el sistema limita deliberadamente su derecho a una defensa técnica efectiva, agravando riesgos incluso para su salud, cuya condición se ha deteriorado en detención. Por su parte, Fidel Zavala, vocero de UNIDECH, enfrenta un riesgo real de ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en un entorno carcelario caracterizado por la opacidad, la impunidad y la ausencia de controles externos.
“La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan. El impacto es devastador: autocensura, reducción de actividades y un espacio cívico cada vez más asfixiado”, agregó Ana Piquer.
El 23 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Ruth López y Enrique Anaya, al advertir que la incomunicación prolongada y la detención indefinida a la que están sometidos ponen en grave riesgo su vida, salud e integridad. El organismo exigió al Estado salvadoreño cesar de inmediato el aislamiento y garantizar condiciones de detención acordes con los estándares internacionales.
Amnistía Internacional exige a las autoridades salvadoreñas la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Asimismo, insta a las autoridades a cumplir cabalmente y de manera inmediata con las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de Ruth López y Enrique Anaya. Finalmente, hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que intensifique su escrutinio sobre las autoridades salvadoreñas, con el fin de frenar el uso indebido del sistema de justicia como herramienta represiva.