Las condiciones de detención y el régimen al que podría estar siendo sometido generan preocupación adicional por su salud e integridad. Las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de garantizar condiciones humanas y proteger a quienes denuncian abusos

A un año de la detención de Fidel Antonio Zavala Pérez, integrante y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Amnistía Internacional expresa su preocupación por la prolongación de su detención provisional y por el uso abusivo del derecho penal contra personas defensoras y líderes comunitarios para criminalizar la defensa de derechos humanos en El Salvador. 

“Lo que observamos en el caso de los voceros de UNIDEHC evidencia un patrón preocupante de uso indebido del derecho penal contra quienes acompañan a comunidades en la defensa de sus derechos”, afirmó Ana Piquer, Directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.  “Cuando la justicia se convierte en herramienta de intimidación, se debilita el Estado de Derecho y se envía un mensaje intimidatorio a quienes denuncian abusos.” 

Cuando la justicia se convierte en herramienta de intimidación, se debilita el Estado de Derecho y se envía un mensaje intimidatorio a quienes denuncian abusos.” 

Ana Piquer, Directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.

Multiplicidad de procesos y detención prolongada 

El 25 de febrero de 2025, autoridades allanaron la sede de UNIDEHC y detuvieron a Zavala, junto con más de 20 líderes comunitarios que acompañaban procesos de defensa territorial frente a amenazas de desalojo en la comunidad conocida como “La Floresta”. En el mismo contexto se emitieron órdenes de detención contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, también voceros de la organización. 

Tras su detención, la Fiscalía inició múltiples procesos contra Fidel Zavala, incluyendo la reapertura de una causa en la que ya había sido absuelto. Durante 2025, enfrentó al menos cuatro procesos judiciales distintos; en tres de ellos fue absuelto o las causas fueron cerradas sin condena.  

Actualmente permanece privado de libertad por el proceso relacionado con La Floresta, bajo acusaciones de asociaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelas. 

“La prisión preventiva debe ser excepcional, necesaria y proporcional. Cuando se prolonga sin justificación suficiente y se combina con la apertura reiterada de procesos, surgen serias preocupaciones sobre el respeto a la presunción de inocencia y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, señaló Ana Piquer. 

La prolongación de la prisión preventiva plantea preocupaciones en relación con estándares internacionales de los cuales El Salvador es un Estado parte y que prohíben la detención arbitraria, así como establecen el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la presunción de inocencia. 

Riesgos a la integridad y denuncias previas 

Antes de su detención, Fidel Zavala había denunciado presuntos actos de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos en centros penitenciarios salvadoreños. 

“Las condiciones de detención y el régimen al que podría estar siendo sometido generan preocupación adicional por su salud e integridad. Las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de garantizar condiciones humanas y proteger a quienes denuncian abusos”, agregó Ana Piquer. 

Más de 20 líderes comunitarios han sido detenidos en el mismo operativo de La Floresta, así como a los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes enfrentaron órdenes de captura en el mismo contexto, entre ellas unas emitidas a través de INTERPOL en 2025. 

“La criminalización de líderes comunitarios y personas abogadas debe analizarse en su conjunto. Cuando se combinan detenciones prolongadas, acusaciones amplias y la activación de mecanismos internacionales, se busca la desprotección total de quienes se organizan para defender sus derechos”, concluyó Ana Piquer. 

La criminalización de líderes comunitarios y personas abogadas debe analizarse en su conjunto. Cuando se combinan detenciones prolongadas, acusaciones amplias y la activación de mecanismos internacionales, se busca la desprotección total de quienes se organizan para defender sus derechos”.

Ana Piquer, Directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.

Llamado al Estado salvadoreño 

Amnistía Internacional urge a las autoridades salvadoreñas a garantizar la integridad física y psicológica de Fidel Zavala y de todas las personas detenidas en los hechos de La Floresta; revisar de manera inmediata la auténtica necesidad de la detención provisional y a garantizar el debido proceso conforme a estándares internacionales. Además, insta a las autoridades a abstenerse de utilizar el derecho penal para criminalizar la labor legítima de defensa de derechos humanos.