Sábado, 02 de marzo, 2019
La reforma legislativa propuesta en Guatemala impondría restricciones, controles y sanciones indebidos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), y amenazaría el derecho a la libertad de expresión y de asociación en el país. Está previsto que las reformas se sometan a votación y se adopten en las próximas semanas. Pidan al Congreso de Guatemala que se abstenga de debatir y aprobar el proyecto de ley 5257 para garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden continuar con sus actividades
Álvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente del Congreso
Correo-e: aarzu@congreso.gob.gt
Twitter: @AlvaroArzuE y @CongresoGT
Señor Arzú:
Me dirijo a usted para expresar mi preocupación por el proyecto de ley 5257, destinado a reformar la “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo” guatemalteca.
El proyecto de ley 5257 constituye una grave amenaza al derecho a la libertad de expresión y de asociación en Guatemala. Si se aprueba, la reforma impondría unos controles excesivos y unos gravosos requisitos para la inscripción y el funcionamiento de las ONG en el país. También otorgaría al gobierno amplios poderes para suspender permanentemente las actividades de una ONG por motivos como “alteración del orden público”. La interpretación de esta ambigua expresión podría dar lugar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y a la imposición de sanciones penales contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en ellas, en un intento de silenciarles y acosarles.
Las y los gobernantes fuertes saben que poner obstáculos burocráticos excesivos a las ONG daña a la sociedad que deben proteger. Por tanto, le insto a abstenerse de debatir y aprobar la entrada en vigor del proyecto de ley 5257 como forma de liderar el respeto del derecho a la libertad de expresión y de asociación en Guatemala y de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden continuar con su trabajo.
Atentamente,
[Nombre]
Información complementaria
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guatemala llevan a cabo sus actividades en un entorno extremadamente hostil, especialmente los que trabajan sobre derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. Se enfrentan a amenazas, intimidación y ataques constantes. La Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) informó de que en 2018 se había asesinado a 26 defensores y defensoras de los derechos humanos.
Los defensores y defensoras se enfrentan además a campañas de estigmatización y difamación por parte de actores privados y de las autoridades guatemaltecas, y el sistema de justicia penal se utiliza indebidamente de forma habitual para penalizarlos, en un intento de disolver sus movimientos e investigaciones, desgastar el ánimo de estos defensores y defensoras y apartarlos de la escena pública. Para más información, véanse los informes de Amnistía Internacional “Defendemos la tierra con nuestra sangre”: Personas defensoras del territorio y del ambiente en Honduras y Guatemala, y América: Situación de los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Amnistía Internacional citó recientemente el proyecto de ley 5257 en su informe Leyes concebidas para silenciar: Ataques a las organizaciones de la sociedad civil, como ejemplo de la tendencia mundial hacia el uso de la legislación para reprimir a las ONG y a quienes defienden los derechos humanos.
Pueden escribir llamamientos en: Español
También pueden escribir en su propio idioma.
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 9 de abril de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
Nombre y pronombre preferido: Organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores y defensoras de los derechos humanos en (ellos y ellas)