Yemen: Las autoridades de Taiz deben hacer frente al abuso y la violación sexual de menores en el contexto de dominación de las milicias

Una investigación de Amnistía Internacional revela que se ha violado a niños de sólo ocho años en la ciudad yemení de Taiz. Todavía no se ha obligado a rendir cuentas a los presuntos perpetradores, entre los cuales hay miembros de milicias respaldadas por la coalición que dirige Arabia Saudí.

Las familias de cuatro muchachos contaron a Amnistía Internacional que sus hijos habían sido agredidos sexualmente en una serie de incidentes registrados en los últimos ocho meses. En dos de los casos, las familias aseguraban que los autores de las agresiones eran miembros de milicias afines a los islahistas apoyadas por la coalición liderada por Arabia Saudí.

“Los desgarradores testimonios de estos jóvenes sobrevivientes y sus familiares ponen de manifiesto cómo el conflicto en curso expone a menores a sufrir explotación sexual en una ciudad asediada por la falta de seguridad y la debilidad de las instituciones. Se ha dejado a estas víctimas y a sus familias desprotegidas y solas frente al terrible suplicio del abuso sexual y sus secuelas”, ha dicho Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades de Yemen deben investigar exhaustivamente estas denuncias para dejar claro que no se tolerarán estos crímenes y para proteger de represalias a las familias de los menores. Los presuntos autores, entre los que hay miembros de las fuerzas combatientes y dirigentes comunitarios que ocupan cargos de confianza, deben responder ante la justicia en juicios justos. Las violaciones y agresiones sexuales cometidas en el contexto de un conflicto armado son crímenes de guerra. Los superiores que no impiden estos actos abominables son ellos mismos responsables de crímenes de guerra".

Amnistía Internacional ha documentado cuatro casos de violencia sexual: la violación de tres niños y un intento de agresión sexual a otro. Los dos informes médicos que ha visto la organización señalan marcas de lesiones anales en dos de los sobrevivientes que son compatibles con sus testimonios.

Hasta ahora, un patrón recurrente de impunidad y represalias disuade a las familias de denunciar estos hechos, sobre todo porque, según informes, los presuntos agresores son políticamente afines a las autoridades locales controladas por los islahistas. Aunque actualmente hay dos personas detenidas en espera de juicio en relación con dos de los cuatro casos, no se ha detenido a ningún miembro de milicia sobre el que pueda haber sospechas en relación con los otros dos casos. Amnistía Internacional escribió al fiscal general de Yemen solicitando sus comentarios y aclaraciones, pero no obtuvo respuesta. En los últimos meses, las instituciones y el sistema judicial de Yemen han reanudado su funcionamiento en algunas partes del sur del país y han atendido un número modesto de casos.

Las familias se han encontrado con impedimentos múltiples para denunciar estos hechos a las autoridades. Según el testimonio de las familias y los documentos examinados por Amnistía Internacional, los cuatro casos se denunciaron directamente al Departamento de Investigaciones Criminales de Taiz. Aunque éste dio instrucciones a uno de los principales hospitales de la ciudad para que examinara a los tres sobrevivientes de violación y emitiera informes médicos, el hospital no cumplió estas órdenes en uno de los casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la madre de la víctima. Más aún, el hospital pidió, para elaborar el informe, una suma de dinero que la familia no podía pagar.

Estos casos documentados por Amnistía Internacional no parecen episodios aislados. Familiares y activistas locales informaron de al menos otros dos casos en que la familia de la víctima era reacia a hablar porque tenía demasiado miedo de sufrir las represalias de milicias locales respaldadas en gran medida por miembros de la coalición que dirige Arabia Saudí en Yemen. Dos de las cuatro familias afectadas han tenido que mudarse por temor a represalias de las milicias.

Ausencia de rendición de cuentas

En dos de los cuatro casos —una violación y un intento de agresión sexual—, las familias aseguraron que los agresores eran miembros de milicias afines a los islahistas.

Un muchacho de 16 años, que afirma que fue violado a finales de diciembre de 2018 por un miembro de una milicia afín a los islahistas en una zona de la ciudad de Taiz controlada por ellos, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

“Me amenazó con su fusil […] empezó a golpearme con la culata del fusil, me dio patadas y me empujó contra la pared para intentar dejarme inconsciente […]. Después me dijo: ‘Quiero violarte’. Yo me eché a llorar […] y le pedí que me tratara como a su hijo. Se enfureció y empezó a pegarme más […]. Me agarró por el cuello y me tiró al suelo, yo empecé a gritar pero me golpeó con el fusil en el cuello, y me violó”.

Así describió la madre del muchacho la tarde en que su hijo había vuelto a casa tras lo sucedido:

“Al llegar a casa aquella tarde, se fue directo al baño. Cuando salió un rato después le pregunté qué le pasaba, pero no quiso contarme lo que había sucedido. Luego se echó a llorar, y yo también”.

“Estuvimos tres días sentados uno junto al otro, incapaces de comer, beber o dormir […] su estado psicológico era penoso debido al miedo, estaba amarillento y parecía agotado […]. Se quedó ahí sin moverse, con la mirada perdida. Estuvo tres días sin poder sentarse ni ir al baño después de aquello".

Ella denunció la violación ante la Dirección de Investigaciones Criminales de Taiz, que cursó una orden para que el médico forense emitiera un informe; Amnistía Internacional ha visto la orden. El médico, que trabaja en un hospital controlado por los islahistas, se negó a hacerlo.

El hospital pidió entonces dinero para elaborar el informe, pero ella no podía pagarlo por anticipado. Dijo que lo haría a la entrega del informe, pero éste nunca se realizó.

“El médico me dijo: ‘A su hijo no le pasa nada y no pienso hacer el informe’. En ese momento, me puse a gritarle: ‘¿Es que usted no teme a Dios?’”.

Según otro testimonio, en julio de 2018, un miembro de una milicia afín a los islahistas en Taiz intentó agredir sexualmente a un muchacho de 12 años, que logró escapar.

Un familiar contó a Amnistía Internacional que el hombre había engañado al niño para que llevara un paquete a casa de un vecino, y que luego lo había seguido y atacado:

“Lo metió en su dormitorio, lo echó sobre la cama y lanzó el fusil junto a él [...] empezó a amenazarlo, diciéndole que si protestaba o gritaba usaría el fusil cargado [...]. [El hombre] cerró la puerta del dormitorio y empezó a desvestirse [... ]. En ese momento, el chico se asustó tanto que agarró el arma y disparó contra él para defenderse [... ]. Luego escapó”.

El agresor murió. La familia denunció los hechos ante las autoridades locales pero no recibió protección. A los dos días fueron atacados en su vivienda por miembros del mismo grupo que el agresor. Tres familiares resultaron heridos y tuvieron que ser operados, y una persona resultó muerta en los enfrentamientos.

Tras el ataque, las autoridades locales pusieron al muchacho de 12 años, a su padre y a dos hermanos en detención voluntaria durante dos semanas, para protegerlos de más represalias.

Vulnerables a las agresiones

En otro caso, la madre de un niño de ocho años contó a Amnistía Internacional que su hijo había sido violado al menos en dos ocasiones entre junio y octubre de 2018 por el hijo de un imán islahista y un amigo suyo en una mezquita local. La mujer explicó que había observado un cambio de conducta en su hijo, que lloraba con mucha frecuencia.

“Mi hijo me cuenta que [el hijo del imán] lo encerró en el servicio de la mezquita y le tapó la boca, asfixiándolo, y empezó a quitarle la ropa [...]. Después de acabar con él hizo entrar a otro hombre, que también hizo lo que quiso con mi hijo”, contó.

Según los informes médicos examinados por Amnistía Internacional, el niño de ocho años sufre desde entonces problemas de movilidad, falta de concentración y conmoción a causa de los reiterados golpes y agresiones.

Su madre contó a Amnistía Internacional que antes el niño sobresalía en la escuela pero, desde la agresión, ya no era capaz de sostener un bolígrafo ni de escribir. Explicó que ahora tiene trastorno del sueño y es propenso a sufrir ataques incontrolables de ira y llanto.

Amnistía Internacional habló asimismo con el padre de un muchacho de 13 años que afirma haber sido violado por esos mismos dos hombres en la misma mezquita.

“Estos terribles abusos ilustran la exposición progresiva de los menores en un conflicto armado donde las instituciones y los mecanismos de protección se han desintegrado, dejando un vacío en el que pueden prosperar los abusos y la explotación. A esta grave situación se añade la ausencia del Estado de derecho en Yemen. Toda demora en llevar a los responsables ante la justicia pone en riesgo de ataques a más menores”, ha dicho Heba Morayef.

“Las autoridades yemeníes, apoyadas por las organizaciones humanitarias que trabajan en el país, deben asimismo proporcionar ayuda, asistencia médica y apoyo psicosocial con carácter urgente a las víctimas y a sus familias.”

Como en otras situaciones de conflicto, el número de casos de violencia sexual denunciados en Yemen sigue siendo inferior al real debido a la dificultad de verificar los hechos por la delicadeza del asunto. No hay datos recientes a disposición pública sobre violencia sexual contra menores. No obstante, según ha informado el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hay 60.000 mujeres en riesgo de violencia sexual, incluida la violación. La violencia sexual contra varones menores y adultos en un conflicto armado es habitual, pero el número de casos denunciados no refleja la realidad, según la ONU.

Llamamientos a la rendición de cuentas

Tras años sin actividad, las instituciones y el sistema judicial de Yemen han reanudado su funcionamiento en los últimos meses en algunas partes del sur del país y han atendido un número modesto de casos.

Según la familia del niño de 12 años, los miembros de milicias no han sido detenidos por el ataque posterior y la familia ha tenido que mudarse de Taiz tras cerrar los negocios familiares por miedo a sufrir represalias. Tampoco se ha detenido a nadie en relación con la violación del muchacho de 16 años, y el presunto autor continúa en libertad. Mientras, hay dos personas detenidas en espera de juicio en relación con los otros dos casos.

“Deben llevarse a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos estos casos. Toda persona contra la que existan pruebas admisibles suficientes debe ser enjuiciada con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte ni a otros castigos crueles, inhumanos y degradantes”, ha afirmado Heba Morayef.

La legislación yemení establece la pena de muerte para los autores de delitos de violencia sexual. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Yemen en 1991, obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas precisas para proteger a niños y niñas frente a toda forma de violencia física o mental, incluido el abuso sexual.

Información complementaria

Desde 2015 tienen lugar en Taiz fuertes enfrentamientos armados intermitentes entre las fuerzas huzíes y una amalgama de fuerzas antihuzíes leales al gobierno yemení y a la coalición, que se intensificaron a lo largo de 2018.

Cuatro años de conflicto han favorecido la proliferación de milicias en el bando del gobierno yemení y la coalición, y las más importantes están afiliadas a los grupos salafistas o islahistas respaldados por Arabia Saudí. Aunque en teoría estén en el mismo bando del conflicto, estas milicias tienen intereses enfrentados y las luchas internas son frecuentes.

En una investigación publicada recientemente, Amnistía Internacional pone de relieve el riesgo de que miembros de la coalición desvíen armas ilegalmente a incontables milicias —parecidas a los grupos de Taiz— acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos. La organización pide a todos los Estados que suspendan de inmediato las transferencias de armas a los miembros de todas las partes del conflicto de Yemen.

Desde 2015, Amnistía Internacional y otras organizaciones vienen documentando los efectos del conflicto armado continuo en Taiz, incluidos los bombardeos indiscriminados por las fuerzas huzíes y otras milicias, que han causado centenares de víctimas mortales. La ciudad de Taiz, sometida al asedio de las fuerzas huzíes desde hace casi cuatro años, sigue siendo el escenario de una catástrofe humanitaria. Amnistía Internacional ya había documentado restricciones arbitrarias impuestas por los huzíes sobre la distribución de provisiones médicas esenciales y la circulación de civiles y bienes civiles.

Amnistía Internacional ha documentado también cómo fuerzas afines al gobierno yemení y la coalición intimidaron y hostigaron al personal del hospital y pusieron en riesgo la vida de civiles al situar combatientes y puestos militares cerca de centros médicos, especialmente durante los combates de finales de 2016. Al menos tres hospitales se cerraron por amenazas contra el personal.