El Salvador: Víctimas del conflicto armado no deben seguir esperando por verdad, justicia y reparación

En el marco de la discusión sobre una propuesta de ley en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que podría tener implicaciones para el acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado en El Salvador, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Los diputados y diputadas de El Salvador no pueden dar la espalda a las víctimas de los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Las autoridades salvadoreñas están obligadas a llevar a la justicia a toda persona sospechosa de ser responsable de las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante el conflicto armado. De lo contrario, se arriesgan a convertirse en cómplices de crímenes atroces”.

“Si los diputados y diputadas aprueban una nueva ley que concede amnistía y garantiza la impunidad para violaciones de derechos humanos, lejos de asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, estarían burlándose de su dolor y pisoteando sus derechos. Es inadmisible que en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, se siga intentando permitir que los responsables de los crímenes cometidos en el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad”.

Información adicional:

De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado interno en El Salvador entre 1980 y 1992.

El ejército de El Salvador fue responsable de un alto número de masacres en comunidades acusadas de apoyar a grupos de la guerrilla. Los grupos de oposición armada también cometieron, por su parte, crímenes de derecho internacional y abusos de derechos humanos.

Cinco días después de que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas publicara sus recomendaciones en 1993, las autoridades de El Salvador aprobaron una Ley de Amnistía que contraviene las obligaciones del país bajo el derecho internacional, y que constituye una afrenta a las miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias.

En el 2016, la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en un muy esperado e histórico fallo.