Francia: La policía acosa, intimida e incluso usa la violencia contra quienes ayudan a personas refugiadas

Las autoridades francesas han acosado, intimidado e incluso agredido violentamente a personas que ofrecen ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en el norte de Francia, en un intento deliberado de restringir los actos de solidaridad. Así lo ha concluido un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.

Targeting solidarity: Criminalization and harassment of people defending migrant and refugee rights in northern France revela cómo la policía y el sistema judicial atacan a quienes ayudan a personas refugiadas y migrantes en Calais y Grand-Synthe.

“Proporcionar comida a quienes tienen hambre y ofrecer calor a quienes carecen de hogar se ha convertido en una actividad cada vez más arriesgada en el norte de Francia, pues las autoridades atacan de forma habitual a quienes brindan ayuda a las personas migrantes y refugiadas”, ha manifestado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

“Las personas migrantes y refugiadas no desaparecieron sin más con la demolición del campamento de la ‘Jungla’ en 2016, y más de un millar de hombres, mujeres, niños y niñas siguen viviendo de forma precaria en la zona. El papel de los defensores y defensoras de los derechos humanos que les ofrecen apoyo es crucial.”

Dos años y medio después de la destrucción del campamento denominado la “Jungla”, más de 1.200 personas refugiadas y migrantes, entre ellas menores no acompañados, viven en tiendas y campamentos informales en torno a Calais y Grande-Synthe. No tienen acceso habitual a alimento, agua, saneamiento, cobijo o asistencia jurídica, y sufren desalojos, acoso y violencia a manos de la policía.

Un hombre afgano contó a Amnistía Internacional que la policía lo golpeó con una porra en la espalda durante un desalojo forzoso; otro describió cómo un agente de policía había orinado en su tienda. Un iraní contó a Amnistía Internacional: “Salí de mi país en busca de seguridad, pero aquí sufro abusos de la policía [...] La policía viene todos los días a llevarse mi tienda y mi ropa.”

El número de campamentos y tiendas destruidos en Calais y Grande-Synthe aumentó el año pasado, y se han llevado a cabo 391 desalojos únicamente en los primeros cinco meses de 2019. Una vez desalojadas, las personas migrantes y refugiadas corren un mayor peligro de sufrir violencia y abusos. Una mujer de la zona que brinda ayuda a las personas migrantes dijo a Amnistía Internacional que había presenciado cómo la policía rociaba a migrantes con gas lacrimógeno en la cara mientras dormían en el jardín de esta defensora.

Los abusos verbales y físicos, práctica diaria

El creciente número de desalojos es consecuencia de la política francesa de “sin puntos de sujeción”, que pretende disuadir a la gente de que se queda en la zona asegurándose de que no se establecen campamentos. Aunque las autoridades han puesto en marcha un servicio de difusión para permitir a las personas refugiadas y migrantes acceder a centros de recepción y oficinas de asilo en Francia, estos centros están lejos de Calais y Grande-Synthe, y a veces no tienen capacidad suficiente para alojar a estas personas. Con el fin de aliviar su sufrimiento, los defensores y defensoras de los derechos humanos han tratado de llenar el vacío y proporcionar apoyo y servicios esenciales que el Estado francés no ofrece.

En lugar de reconocer la importancia de la labor de estos defensores y defensoras, las autoridades han obstaculizado su trabajo, los han intimidado y acosado y, en algunos casos, han iniciado contra ellos procesamientos infundados e incluso han utilizado la violencia.

Varios defensores y defensoras de los derechos humanos dijeron a Amnistía Internacional que la intimidación, las amenazas y los abusos se han convertido en “parte integrante de su trabajo cotidiano”. Una trabajadora humanitaria contó a Amnistía Internacional que la policía la había empujado violentamente al suelo y la había asfixiado en junio de 2018 después de que filmara a cuatro agentes que perseguían a personas de ciudadanía extranjera en Calais.

Un informe Un informe publicado el año pasado por cuatro organizaciones concluyó que había habido 646 casos de abuso y acoso policial contra voluntarios y voluntarias entre noviembre de 2017 y junio de 2018. Este año se han registrado 72 casos, pero es probable que la cifra real sea mucho más alta.

Eleonore Vigny, que participó en el proyecto Observadores de los Derechos Humanos en Calais, dijo que la intimidación a voluntarios y voluntarias había alcanzado su punto culminante el pasado verano, cuando la policía empleó nuevas técnicas de acoso. “En abril y mayo de 2018 hubo varios registros corporales, especialmente de voluntarias, y en algunos casos realizados por agentes masculinos. También hubo una escalada de los insultos, y ha habido gente a la que han empujado, a veces hasta arrojarla al suelo [...] Recientemente recibimos más amenazas de demandas judiciales, y amenazas de arrestos.”

Cuando denuncian malos tratos a personas refugiadas o migrantes y a defensores y defensoras de los derechos humanos, los denunciantes aseguran que no los toman en serio. A Charlotte Head, una voluntaria que presentó varias denuncias sobre la conducta policial al órgano de investigación interna de la policía, la advirtieron de que sus denuncias eran “de carácter difamatorio” y podían constituir “delito”.

Una organización local de derechos humanos, Cabane Juridique, presentó más de 60 denuncias a diferentes autoridades y órganos entre enero de 2016 y abril de 2019. En mayo de 2019, el Ministerio de Justicia francés dijo a Amnistía Internacional que los tribunales regionales habían recibido únicamente 11 denuncias desde 2016, y que sólo una estaba siendo investigada por fiscales.

Estrés, ansiedad y miedo al procesamiento

Los defensores y defensoras de los derechos humanos dijeron a Amnistía Internacional que se sienten sometidos a una presión cada vez mayor y que eso tiene un impacto negativo en todos los aspectos de su vida. Algunos han sufrido insomnio, estrés y ansiedad, mientras que otros describen el impacto de los procesamientos como debilitador.

Loan Torondel, que había estado trabajando en Calais, contó a Amnistía Internacional: “Me siento atrapado entre las acuciantes necesidades de la gente a la que intento ayudar y la intimidación de las autoridades francesas que tratan de obstaculizar las actividades humanitarias y califican nuestro trabajo de delito. Este no es un entorno sostenible en el que trabajar, y la gente a la que ayudamos es la que paga las consecuencias".

Otro defensor de los derechos humanos dijo a Amnistía Internacional: “Para los voluntarios es muy difícil. Tienen miedo. Les informamos sobre la seguridad y el contexto, y se asustan. Luchamos por captar nuevos voluntarios”.

Sin embargo, pese al acoso, muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional están decididas a seguir adelante con su labor fundamental. Una voluntaria local dijo a Amnistía Internacional que da gracias por la presencia de las personas migrantes y refugiadas: “Nos han hecho más humanos, han enriquecido nuestra vida”.

“En lugar de intentar que la vida de las personas migrantes y refugiadas sea lo más difícil posible, las autoridades francesas deberían tomar medidas concretas para aliviar su sufrimiento y proporcionar cobijo y apoyo a todas las personas que viven en la calle”, ha manifestado Lisa Maracani.

“También es hora de defender a los defensores y defensoras. En lugar de tratarlos como a un enemigo, las autoridades deberían verlos como un aliado fundamental, y celebrar los actos de solidaridad y compasión, en lugar de criminalizarlos.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las violaciones de derechos humanos que sufren los defensores y defensoras deben examinarse en el contexto del trato que reciben las personas cuyos derechos defienden. Es fundamental que se respeten los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Eso significa mejorar el sistema de asilo y recepción en Francia, proporcionar rutas seguras y legales a Reino Unido y reformar el sistema europeo de asilo para eliminar el requisito dispuesto en el Reglamento de Dublín, según el cual los solicitantes de asilo deben pedir protección en su primer país de entrada.