Hungría: Medida de la UE muestra que la “campaña de intimidación” contra quienes defienden a las personas solicitantes de asilo no se tolerará

En respuesta a la decisión de la Comisión Europea de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la legislación húngara conocida como “Stop Soros” e iniciar un nuevo procedimiento de infracción contra Hungría por negar alimentos a las personas que se encuentran en la zona de la frontera con Serbia, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha manifestado:

“La decisión de hoy deja claro que la campaña de intimidación de las autoridades húngaras contra quienes se oponen a sus leyes y políticas xenófobas no se va tolerar. También transmite a todos los Estados miembros el mensaje inequívoco de que las leyes que, como “Stop Soros”, contravienen de manera flagrante los derechos humanos se van a combatir en todos los niveles".

“Al criminalizar el trabajo legítimo que realizan activistas y ONG para proteger los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, esta legislación podría tener un efecto inhibidor de tan importante labor. Pero a pesar de este grave riesgo, Amnistía Internacional y otras organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos no se han dejado intimidar y continuarán haciendo oír su voz".

“Este nuevo procedimiento de infracción pone también de manifiesto el terrible trato que dispensan las autoridades a las personas migrantes y refugiadas para disuadirlas de buscar seguridad en Hungría, trato que incluye no proporcionar alimentos a las personas solicitantes de asilo rechazadas que se encuentran en la zona fronteriza".

Información complementaria

El conjunto de leyes conocido como “Stop Soros”, que entró en vigor hace un año, va dirigido contra los grupos que el gobierno considera que prestan apoyo a las personas refugiadas y migrantes. La criminalización de tales actividades constituye un ataque directo al trabajo de los agentes de la sociedad civil.

Amnistía Internacional impugnó judicialmente la constitucionalidad de esta controvertida legislación húngara; sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó la denuncia por considerar que la legislación no infringía las disposiciones constitucionales recogidas en la denominada Ley Fundamental de Hungría.

Además, en los últimos año, las autoridades húngaras han aprobado medidas dirigidas a negar el acceso al país y tránsito por él, han impuesto la detención arbitraria de quienes intenten entrar en territorio húngaro y han sometido a personas refugiadas y solicitantes de asilo a violentas expulsiones sin el debido procedimiento y puesto en peligro la vida de las que esperan a ser deportadas al negarles alimentos y obligarlas a cruzar la frontera de manera irregular para entrar en Serbia.

En septiembre del año pasado, el Parlamento Europeo remitió a Hungría al Consejo Europeo en aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, y el país está ya a la espera de su primera vista ante el Consejo de Asuntos Generales.