“Mientras no se permita el acceso a Siria de órganos de control independientes —incluida la Comisión de Investigación sobre Siria— a fin de evaluar la situación de la seguridad para el retorno sin riesgos de personas refugiadas, no hay modo de determinar si las personas retornadas correrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos una vez que estén de vuelta en Siria", declaró la directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, Lynn Maalouf

En respuesta a una comunicación oficial recibida por Amnistía Internacional que afirma que, en los últimos tres meses, las autoridades libanesas han devuelto a Siria a casi 2.500 personas refugiadas sirias, la directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, Lynn Maalouf, ha declarado:

“Pedimos a las autoridades libanesas que detengan estas deportaciones con carácter urgente y que el Consejo Superior de Defensa cancele su decisión al respecto.

“Mientras no se permita el acceso a Siria de órganos de control independientes —incluida la Comisión de Investigación sobre Siria— a fin de evaluar la situación de la seguridad para el retorno sin riesgos de personas refugiadas, no hay modo de determinar si las personas retornadas correrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos una vez que estén de vuelta en Siria.

“Este acceso y un mecanismo de vigilancia dentro de Siria serían un primer paso a la hora de poner en marcha el proceso para los retornos. Entre tanto, mientras no se puedan determinar los riesgos que encontrarán a su regreso, toda tentativa de devolver a personas refugiadas constituye una clara violación de las obligaciones de Líbano de no devolución.

“Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que comparta la responsabilidad respecto de las personas refugiadas con los países de acogida, entre ellos Líbano, principalmente mediante la reactivación de sus programas de reasentamiento y el uso de su influencia para exigir el acceso de observadores independientes a Siria”.

Información complementaria

El 13 de mayo de 2019, la Organización de la Seguridad General de Líbano empezó a aplicar la decisión del Consejo Superior de Defensa, órgano interministerial encargado de la política de defensa nacional y presidido por el presidente de la República, y empezó a deportar a las personas refugiadas que entraron “ilegalmente” en Líbano después del 24 de abril de 2019. Entre esa fecha y el 9 de agosto de 2019, según datos de Seguridad General y del ministro de Asuntos Presidenciales comunicados en correspondencia oficial con Amnistía Internacional, han sido deportadas a Siria 2.447 personas refugiadas procedentes de ese país.

El 31 de julio de 2019, había 926.717 personas refugiadas sirias en Líbano inscritas en el ACNUR y 31.000 personas refugiadas palestinas procedentes de Siria inscritas en la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA). Por otra parte, el gobierno libanés afirma que hay alrededor de 550.000 que viven en Líbano sin estar registradas.