Los reiterados periodos de combate en Siria han tenido un impacto devastador sobre la población civil. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a todas las partes de los recientes enfrentamientos para que cumplan las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario

Tras los reiterados periodos de combate entre las autoridades sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias (ala militar, bajo dirección kurda, de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, también bajo dirección kurda) en el noreste de Siria, y en respuesta a la transferencia a las autoridades sirias del control de algunos campos y centros de detención en los que permanecen recluidas personas sospechosas de estar afiliadas al Estado Islámico, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Las autoridades sirias, en coordinación con la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, deben llevar a cabo un proceso de selección que cumpla los derechos humanos en los campos y centros de detención que ahora controlan. Deben identificar a las personas que deben ser investigadas y procesadas por crímenes de derecho internacional, aquellas que deben ser repatriadas, si procede, y procesadas en sus países de origen, y aquellas que deben ser puestas en libertad. Los procedimientos nacionales deben cumplir las normas internacionales sobre juicios justos y no recurrir a la pena de muerte.”

“Las autoridades sirias y la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria deben asimismo asegurar urgentemente y preservar las pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por el Estado Islámico, incluidos los lugares donde se han cometido atrocidades, los emplazamientos de fosas comunes y las pruebas documentales de los centros de detención. Las pruebas de crímenes dejadas atrás serán fundamentales para determinar la suerte y el paradero de las personas sirias sometidas a desaparición por el Estado Islámico, así como para investigar y procesar a los autores de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.”

“Los reiterados periodos de combate en Siria han tenido un impacto devastador sobre la población civil. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a todas las partes de los recientes enfrentamientos para que cumplan las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario y garanticen que la población civil no paga el precio de otro colapso político en Siria.”

Información complementaria

Tras la caída del anterior gobierno de Bachar el Assad en diciembre de 2024, las Fuerzas Democráticas Sirias siguieron controlando grandes zonas del noreste del país. En diciembre de 2025 y enero de 2026 estallaron las hostilidades entre las autoridades sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias en la ciudad de Alepo, donde mataron e hirieron al menos a 20 civiles.

A mediados de enero, el presidente Ahmed al Sharaa emitió el Decreto núm. 13 de 2026, relativo a los derechos de la población kurda en Siria, y el 18 de enero anunció un acuerdo con el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazloum Abdi, que abarcaba la gobernanza civil, los pasos fronterizos, la integración de la seguridad y el control estatal de los lugares de detención relacionados con el Estado Islámico.

El acuerdo se vino abajo el 19 de enero, lo que dio lugar a una reanudación de las hostilidades. Según los informes, se han dañado y destruido bienes civiles, incluidas infraestructuras, y, según la ONU, unas 11.000 personas tuvieron que desplazarse a Qamishli, en la gobernación de Hasaka, a causa de los combates o por miedo a una intensificación de los enfrentamientos. El 20 de enero se anunció un acuerdo de alto el fuego de cuatro días de duración, aunque continuaron los informes sobre algunos combates.

También el 20 de enero, las autoridades sirias se hicieron con el control de algunos de los centros de detención en los que permanecen recluidas personas a causa de su presunta afiliación al Estado Islámico, y también con el del campo de Al Hol. La Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria siguió controlando otros campos y centros de detención en el noreste de Siria.

En 2024, Amnistía Internacional informó sobre las decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas (sirios, iraquíes y de otras nacionalidades) recluidos en campos y centros de detención en el noreste de Siria. Entre las personas detenidas se encuentran tanto autores como víctimas de crímenes cometidos por el Estado Islámico, entre ellas sobrevivientes de trata de este grupo armado, así como personas que no están afiliadas a él. Las víctimas incluyen posiblemente a cientos de supervivientes yazidíes y personas de otras comunidades minoritarias secuestradas por el Estado Islámico. En 2025, Amnistía Internacional pidió al gobierno sirio, a las autoridades autónomas, a la coalición encabezada por Estados Unidos y a la ONU que identificara urgentemente soluciones largamente demoradas a la crisis.