Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando

Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país. 

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. 

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.

La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.

Durante y después del estado de emergencia, el mando de Carabineros, así como los subsiguientes mandos superiores, lejos de ejercer un control efectivo con el fin de prevenir o reprimir la comisión de actos violentos por parte de sus subordinados, han permitido que éstos sigan actuando de la misma forma, haciendo que el volumen de denuncias de maltrato, tortura, y lesiones oculares irreparables contra manifestantes sea constante. La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional.

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.

Crímenes de derecho internacional, graves violaciones de derechos humanos, intencionalidad y generalidad

1. Uso letal de la fuerza

Amnistía Internacional ha podido documentar cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional que activó el presidente Piñera el 19 de octubre: cuatro a manos de funcionarios del Ejército y una a manos de carabineros. Dos de ellas fueron con armamento militar.

A través del análisis de imágenes, la organización ha confirmado que el ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos. Se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. Aunque de forma más puntual, también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

En un caso, Romario Veloz, ecuatoriano de 26 años, murió después de que un militar le disparara en el cuello, mientras participaba en una pequeña marcha en la ciudad de La Serena. Al llegar a un parque de la localidad, el ejército comenzó a disparar de forma indiscriminada en contra de los manifestantes congregados. Vídeos del momento demuestran como Romario estaba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos.

En ese mismo evento, Rolando Robledo de 41 años quedó herido en el tórax por otro disparo de un militar. Pasó varios días en coma con pronóstico grave. De acuerdo con testigos, las autoridades no auxiliaron a ninguno de los dos y el ejército volvió a disparar en contra de los manifestantes mientras intentaban socorrer a los heridos.

En Curicó, José Miguel Uribe murió después de que un militar le disparara al tórax. Minutos antes, José Miguel de 25 años participaba en un corte de calle que jóvenes de la localidad habían puesto de manera improvisada para retener el tráfico como forma de presión. Los militares llegaron y de forma sorpresiva dispararon en contra de las personas que ahí se encontraban. Según testigos, ningún uniformado prestó auxilio a José Miguel, a pesar de haber visto cómo se desplomaba.

2. Tortura y malos tratos

Una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura – un crimen de derecho internacional. Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual.

La muerte de Alex Núñez de 39 años a manos de carabineros fue resultado de una salvaje golpiza. Alex cruzaba una manifestación para entregar un pedido en Maipú, Región Metropolitana de Santiago, cuando fue interceptado por tres carabineros que lo tiraron al suelo y patearon fuertemente en cabeza y tórax. Falleció al día siguiente por las consecuencias de los golpes en la cabeza.

Hasta el momento, la Fiscalía de Chile ha registrado un total de 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, quien fue violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial. Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto cortopunzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual.

En un caso emblemático de tortura y malos tratos, carabineros golpearon brutalmente a una persona cuya identidad se reserva, produciéndole la pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas con resultado de una lesión en un pulmón. Doce funcionarios lo atacaron cuando se manifestaba pacíficamente con una sartén y una cuchara en la plaza Ñuñoa de Santiago.

Otro caso ocurrió en la comuna Isla de Maipo de la Región Metropolitana, donde carabineros golpearon a Cristóbal Alexis “Flen” de 30 años desde el momento de su detención hasta su liberación horas más tarde. Durante el primer registro de lesiones, un oficial de Carabineros estuvo presente e impidió que el médico registrara exhaustivamente todas sus lesiones, práctica denunciada a Amnistía Internacional de forma recurrente, y que supone el encubrimiento de un delito. Cuando Amnistía Internacional le entrevistó 19 días después de los hechos, “Flen” todavía presentaba hemorragia ocular en ambos ojos y hematomas en diversas partes del cuerpo.

La organización también documentó la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano.

Además de los casos documentados, Amnistía Internacional verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción.

3. Lesiones graves y armas potencialmente letales

A pesar de que el derecho internacional exige que las armas de fuego con munición potencialmente letal (con munición como perdigones de goma) sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible, Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta.

Adicionalmente a un caso de muerte por perdigones, la organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes. Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza.

Kevin Gómez de 24 años, falleció según el parte médico por una “herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles” el 21 de octubre en la localidad de Coquimbo. De acuerdo con testigos, un militar disparó a Kevin sin mediar palabra y a corta distancia con una escopeta de perdigones, a pesar de que el joven se encontraba desarmado.

En un caso, una niña de 15 años recibió múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento, mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en la localidad de Cerrillos en la Región Metropolitana. Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello. 

En otra ocasión, un joven de 24 años recibió 18 perdigones de un disparo por un carabinero mientras caminaba por una calle de la capital grabando el actuar policial. En ese mismo video se escucha cómo reclama a los carabineros por haber agredido a un amigo suyo, cuando un oficial responde disparándole a quemarropa y hacia la parte superior de su cuerpo causándole heridas en ambas piernas, brazos, tórax, nariz y ojo, con resultado de trauma ocular severo.

Asimismo, se ha corroborado el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado. Su lanzamiento al cuerpo de las personas a corta distancia y a través de lanzagranadas como los Penn Arms L137-3, ha generado lesiones severas, entre ellas oculares.

A Natalia Aravena, de 24 años, un oficial de Carabineros le disparó sin previo aviso una bomba lacrimógena que impactó su ojo derecho mientras se manifestaba de forma pacífica. Natalia forma parte de las decenas de personas que han sufrido daño ocular severo ya sea por impacto de bomba lacrimógena o por un cañonazo de agua en contextos de manifestación.

También se ha identificado el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones. Este supuesto ocurrió el día 14 de noviembre en Temuco, cuando personal médico y de rescate fue atacado con un cañón lanza aguas y una granada de humo mientras socorrían a personas heridas.

Limitación del trabajo de personas defensoras de derechos humanos

Durante el mes de crisis en Chile un sinfín de movimientos y organizaciones de derechos humanos han estado atendiendo a personas heridas, velando por el respeto de personas detenidas y dando seguimiento a casos ante los órganos de justicia.

Sin embargo, en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios, como ocurrió en el Hospital público de urgencias “Posta Central”, donde entre los días 21 y 22 de octubre se impidió la entrada de funcionarios del INDH, a pesar de haber decenas de heridos a manos de agentes del estado. En el mismo sentido, Amnistía Internacional conoció casos de personas golpeadas o lesionadas con disparos de perdigones mientras prestaban primero auxilios, así como activistas y defensores amenazados por realizar su trabajo.

“La situación en Chile no puede seguir así. Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia”.

En este sentido, el día 29 de octubre el funcionario del INDH Jorge Ortiz recibió seis perdigones mientras realizaba sus labores de observación en una manifestación que tenía lugar en una plaza de Santiago junto con otros miembros de su equipo. A pesar de que todos estaban plenamente identificados con el uniforme amarillo de la institución y a la vista de carabineros, uno de los oficiales disparó contra Jorge sin ninguna razón, y sin prestarle auxilio posterior.

“La situación en Chile no puede seguir así. Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia,” dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

“Lamentablemente las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”.

En base a esta investigación, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones preliminares:

1. Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  
2. Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.
3. 3. Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.
4. Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.