Los Estados africanos que están en el Consejo de Seguridad de la ONU deben apoyar la renovación del embargo de armas a Sudán del Sur

Si la Unión Africana quiere que se silencien las armas en África para 2020, los países africanos que actualmente están en el Consejo de Seguridad de la ONU —Sudáfrica, Níger y Túnez— deben votar para que se renueve el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur.

El proyecto emblemático de la Unión Africana, “Silenciar las armas”, incluye tomar medidas para evitar las violaciones del embargo de armas de la ONU. Renovar y reforzar el embargo impuesto a Sudán del Sur es un elemento crucial de esta iniciativa.

El embargo de armas a Sudán del Sur no debe considerarse una medida punitiva, sino necesaria para frenar las violaciones de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, mejorar el frágil entorno de seguridad, aumentar las perspectivas de justicia para las víctimas y facilitar el desarrollo socioeconómico y la inversión en el sistema de salud del país, que padece una grave falta de financiación, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

Desde el inicio del conflicto, en diciembre de 2013, tanto las fuerzas gubernamentales como las de la oposición han empleado toda una gama de armas pequeñas convencionales y otro equipo militar para cometer crímenes de guerra y violaciones y abusos contra los Derechos humanos, incluido el homicidio deliberado de civiles, a menudo por razón de su etnia. Incluso las personas que se refugiaban en hospitales y lugares de culto han sido atacadas.

Muchos de los casos son terribles. En un episodio sucedido en la capital, Yuba, en diciembre de 2013, las fuerzas de seguridad rodearon a casi 300 hombres de la etnia nuer y los masacraron a tiros. En el Hospital Escuela de la localidad de Malakal, en el noreste del país, combatientes de la oposición armada mataron a tiros a civiles tras tomar la ciudad en febrero de 2014. Dos meses después, en la mezquita de Khaly Balek, las fuerzas de oposición mataron a 200 personas tras la toma de la ciudad de Bentiu, en el norte del país.

El abril de 2014, un grupo de jóvenes armados entraron por la fuerza en un campamento de la ONU situado en la localidad centro-oriental de Bor, en el que se refugiaban unas 5.000 personas desplazadas internamente, y mataron a unas 50. En junio de 2016, tropas dinka asesinaron a tiros a civiles, la mayoría de etnia fertit, que corrían a refugiarse en el recinto de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Wau, en el oeste del país. Durante una ofensiva del gobierno en el estado meridional de Unity, que tuvo lugar desde finales de abril hasta junio de 2018, Amnistía Internacional documentó el atropello de civiles por vehículos blindados. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, soldados del gobierno y combatientes de un grupo rebelde marginal perpetraron grandes abusos contra la población civil de Yei, en el sur del país.

Muchos de estos homicidios se han cometido con armas pequeñas y ligeras, que circulan ampliamente en el país. Este año, una delegación de investigación de Amnistía Internacional visitó 12 campamentos del ejército y observó que había fusiles tipo Kalashnikov de Europa oriental, nunca documentados en Sudán del Sur. La organización concluyó, por tanto, que esas armas habían entrado recientemente a Sudán del Sur, en violación del embargo de armas impuesto en julio de 2018.

Los helicópteros de combate Mi-24 del gobierno también han matado civiles, en ocasiones niños de tan solo seis años de edad. El 10 de julio de 2016, durante unos fuertes combates entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición, Joy Kamisa murió en la casa de su abuela en Yuba al ser alcanzada en el estómago por la metralla de un cohete disparado desde un helicóptero de combate.

Amnistía Internacional halló que a varios de los helicópteros Mi-24 se les había realizado un completo mantenimiento en Luri, base del Servicio de Seguridad Nacional, y en el Aeropuerto Internacional de Yuba, en octubre de 2018, y que desde entonces habían volado varias veces. Según información recibida por Amnistía Internacional, en el momento en que se estableció el embargo de armas la flota de helicópteros Mi-24 del país estaba inservible y en tierra. Las tareas de mantenimiento que documentamos implicaban que desde entonces el gobierno había adquirido piezas de repuesto para los helicópteros y conocimientos sobre su mantenimiento, otra violación del embargo de armas.

El embargo de armas de la ONU no ha erradicado las atrocidades, pero se puede afirmar casi con total certeza que sin él la situación habría sido peor. El embargo debe seguir vigente hasta que el gobierno demuestre que es capaz de poner fin a los graves abusos contra los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los presuntos responsables de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El gobierno de Sudán del Sur ha incumplido reiteradamente su obligación de investigar y enjuiciar los crímenes perpetrados en el conflicto. De hecho, ha obstaculizado activamente los intentos de garantizar la justicia a las víctimas bloqueando la creación del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, a la que había accedido en los acuerdos de paz de 2015 y 2018.

Para lograr una paz justa y duradera en Sudán del Sur, el Consejo de Seguridad de la ONU debe mantener la restricción de que entren armas en el país y mejorar su vigilancia. Cuando el Consejo vote a finales de mayo sobre la renovación del embargo de armas, sus miembros africanos deben mantenerse fieles al espíritu del proyecto de silenciar las armas y votar a favor de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Deben votar a favor de que se renueve el embargo de armas.

Artículo publicado por theafricareport, del semanario Jeune Afrique, el 30 de abril de 2020.