Brasil: En su respuesta a la COVID-19, las autoridades deben garantizar acceso adecuado a atención médica a grupos marginados

En un vídeo que se emitirá en directo desde su canal de YouTube el 14 de mayo de 2020, a las 19:00 horas hora local (23:00 BST), Amnistía Internacional Brasil lanzará su campaña Nuestras vidas importan en el contexto de la pandemia de COVID-19, y advertirá a las autoridades brasileñas de que no se debe dejar a nadie atrás en la respuesta a la crisis. Las autoridades federales, estatales y municipales deben tomar medidas concretas y urgentes para reducir al mínimo las graves repercusiones de la COVID-19 para las personas que viven en favelas, los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, miembros de comunidades afrodescendientes, profesionales de la salud, personas que trabajan en el sector informal, mujeres y personas mayores que viven en instituciones como residencias.

“Las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades son insuficientes. Deben reconocerse las necesidades de las poblaciones más marginadas, puesto que muchas de ellas tienen mayor riesgo de sufrir los efectos negativos de la pandemia y de la respuesta a ella. Las autoridades deben establecer medidas en estrecha colaboración con estas poblaciones para garantizar que todas las personas pueden disfrutar de sus derechos sin discriminación a fin de garantizar los derechos a la vida y a la salud de las personas que viven en favelas, las mujeres y niñas, los pueblos indígenas, las personas LGBTI —especialmente las personas trans—, miembros de comunidades afrodescendientes, las personas sin hogar, las que duermen en la calle y las que carecen de viviendas adecuadas, las personas privadas de libertad, las personas mayores que viven en instituciones como residencias, la población negra y las personas que trabajan en el sector informal y por cuenta propia”, afirma Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las desigualdades existentes en Brasil. Los datos del gobierno municipal de São Paulo muestran que el riesgo de morir de COVID-19 es un 62% mayor para las personas negras que para las blancas. Los datos del Ministerio de Salud ya indican un mayor numero de muertes entre la población negra y parda: uno de cada tres pacientes de COVID-19 fallecidos es negro o pardo. Por otra parte, también hay indicios de que el número de muertes en las favelas está aumentando, las infecciones en las cárceles podrían aumentar, las infecciones entre las personas indígenas están creciendo, y las infecciones y muertes de miembros de comunidades afrodescendientes también han aumentado. Al mismo tiempo, las medidas del gobierno para abordar las necesidades específicas de estas comunidades son inadecuadas. Por ejemplo, no hay ninguna política global para las personas sin hogar. Los trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a la protección social hacen filas masificadas para recibir la asistencia de emergencia a la que tienen derecho, lo que dificulta el aislamiento y aumenta, por tanto, su riesgo de infección.

“Desde que comenzó la crisis de la COVID-19, la sociedad civil ha movilizado iniciativas para ayudar a las poblaciones más marginadas. Amnistía Internacional lanza esta campaña para poner de relieve la importancia de estas medidas e instar al presidente Jair Bolsonaro, al vicepresidente, ministros, gobiernos estatales y alcaldes a que establezcan medidas urgentes para proteger la salud y la vida de todas las personas sin discriminación durante esta crisis. Según los especialistas, Brasil está entrando en la fase más crítica de la pandemia y las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos de todas las personas”, subraya Jurema Werneck.

En un documento lanzado junto con la campaña, Amnistía Internacional y organizaciones asociadas presentan siete grupos de medidas que deben adoptar las autoridades para garantizar que los colectivos que corren más riesgo en esta crisis pueden acceder a atención médica y disfrutar de sus derechos humanos.

Algunas de las medidas prácticas que Amnistía Internacional pide que implementen las autoridades son que actúen de inmediato para asegurarse de que taladores, usurpadores de tierras y mineros en pequeña escala no pueden entrar en los territorios de los pueblos indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de estos; y que garanticen que las instituciones estatales como la FUNAI tienen facultades para trabajar con las comunidades indígenas a fin de intensificar las inspecciones y patrullas destinadas a prevenir las invasiones de tierras en zonas protegidas. Podría ser necesario suspender la construcción de algunos proyectos en gran escala para evitar que quienes trabajan en las empresas responsables de estos entren en territorios indígenas durante los periodos de aislamiento. Las autoridades deben trabajar asimismo para detener los homicidios de miembros de comunidades indígenas y garantizar que se hace justicia para los homicidios que se han cometido.

Las autoridades deben adoptar medidas para proteger a las personas privadas de libertad y lanzar iniciativas urgentes para abordar la gran masificación de las prisiones. Las personas recluidas en prisiones y otros centros de detención deben tener acceso a atención médica adecuada y a las instalaciones pertinentes para la higiene física. Los estados deben considerar también medidas para descongestionar el sistema penitenciario, como aplazar la recepción de nuevas llegadas, revisar decisiones de mantener la detención preventiva y considerar la liberación temprana, temporal o condicional de las personas condenadas por delitos menores y de quienes tienen mayor riesgo, como las personas de edad, las embarazadas y las que tienen afecciones médicas subyacentes. También se recomienda una campaña de información general en las prisiones que incluya tanto a la población reclusa como a quienes trabajan en el sistema de justicia. El personal penitenciario también deberá ser protegido del riesgo de infección. Esto incluye el deber de las autoridades de proporcionar todo el equipo de protección individual posible, así como orientaciones médicamente fundamentadas e instrucciones sobre la mejor forma de evitar cualquier riesgo de ser infectado.

Las personas sin hogar y las que viven en viviendas inadecuadas, incluidos niños y niñas y jóvenes en situaciones de calle como los que viven en favelas y en las afueras de grandes ciudades, tienen un riesgo aún mayor de exposición durante este periodo de la crisis de la COVID-19. Las autoridades deben garantizar que toda la población tiene acceso a lugares adecuados donde aislarse cuando sea necesario, incluidas las personas mayores, las que viven en la pobreza y las que carecen de hogar o viven en viviendas inadecuadas. En caso necesario, los departamentos municipales de salud, de asistencia social y de derechos humanos deberán garantizar el acceso a lugares donde aislarse, a cuyo fin, las autoridades pueden explorar colaboraciones con otras partes, como hoteles y otras instalaciones públicas. Estas instalaciones deben tener acceso a todos los servicios esenciales, incluidos agua, saneamiento, electricidad, alimentos y acceso a la atención médica.

Durante la campaña, Amnistía Internacional y las organizaciones asociadas a ella llevarán a cabo una movilización nacional para presionar a las autoridades directamente y exigir que adopten medidas y mantengan reuniones para determinar las necesidades de las poblaciones que sufren más discriminación.

“Los grupos más marginados tienen voz y deben participar en las decisiones que afectan a sus derechos durante este periodo de la pandemia. Las autoridades deben escuchar y comprender sus necesidades, corregir desigualdades históricas y garantizar el acceso a la atención para la salud a todas las personas”, concluyó Jurema Werneck.

Participan en esta campaña las siguientes organizaciones:-
Abrasco (Brazilian Association for Collective Health)
- Afirmação
- ANTRA ( National Association of Transvestites and Transsexuals)
- APIB (The Brazil’s Indigenous People Articulation)
- Casa Fluminense
- CDVHS (Center for Defense of Life Herbert de Sousa)
- CEDECA-CE – COIAB (Childrens’ Defence Center, Ceará, and Coordination of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon)
- CEDENPA (Center for studies and defense of Black in Pará)
Consejo Indigenista Misionero / Consejo Indigenista MisioneroIndigenous Missionary Council
- Coletivo Papo Reto
- Coletivo Sapato Preto
- COIAB ( Coordination of Indigenous Organisations of the Brazilian Amazon)
- CONAQ (National Coordination of Articulation of Black Rural Afro-descendants Communities)
- Coalizão Negras por Direitos (Black Coalition for Rights)
- Criola
- Elas Existem
- Fórum Nacional de Reforma Urbana (National Forum for Urban Reform)
- Geledés – Instituto da Mulher Negra
- Instituto Marielle Franco
- Instituto de Mulheres Negras do Mato Grosso
- Instituto Socioambiental (Social-Environmental Institute)
- Instituto Terramar (Ceará)
- Justiça Global
- Marcha de Mulheres Negras de São Paulo
- Movimento Moleque
- Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH Brasil (National Human Rights Movement - Brazil)
- Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo
- OAB (Brazilian Bar Association)
- Perifa Connection
- Rede Antirracista Quilombação
- Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (Brazilian Society for Family and Community Medicine)
-Think Olga
- Terra de Direitos
- UNEAFRO
- WWF Brasil