Américas: Las autoridades deben proteger a la población del COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas
Las autoridades de todos los Estados de las Américas deben evitar recurrir a medidas represivas y extralimitadas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos para “proteger” a la población del COVID-19; dijo Amnistía Internacional hoy, después de que su proyecto Evidence Lab y especialistas regionales verificaron casi 60 casos en la región en las últimas siete semanas que apuntan al uso de tácticas arbitrarias, represivas y punitivas por los gobiernos.
“Las imágenes grabadas en todo el continente americano que hemos verificado desde finales de marzo contienen indicios preocupantes de que los gobiernos están volviendo a recurrir a formas de represión que documentamos en 2019 y anteriormente; esta vez para hacer cumplir las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para la Américas.
Personal de investigación de Amnistía y su proyecto Evidence Lab verificaron vídeos en los que se observa el uso de la detención como primera medida y no como último recurso, el uso de fuerza innecesaria y excesiva para hacer cumplir el confinamiento por el COVID-19, y la imposición de cuarentenas en condiciones inhumanas. Los vídeos parecen indicar que quienes viven en la pobreza, las personas sin hogar y la población refugiada y migrante tienen mayores probabilidades de sufrir estas medidas punitivas.
“El COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero no de la misma forma. Muchas de las que sufren represión en las Américas son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios básicos, no ser criminalizadas y sometidas a malos tratos. Los gobiernos se equivocan si piensan que con medidas represivas van a proteger a la gente de esta enfermedad”, dijo Erika Guevara Rosas.
La detención como primera medida para hacer cumplir el confinamiento
Desde principios de abril, muchos países de las Américas han declarado estados de excepción y han impuesto cuarentenas y/o toques de queda con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Aunque las restricciones varían, algunos países están adoptando enfoques coercitivos para hacer respetar las restricciones, que incluyen el uso de la detención y otras medidas punitivas como primera medida y no como último recurso.
Por ejemplo, las autoridades de República Dominicana declararon el estado de excepción e impusieron el toque de queda en marzo. Según informes de la Policía Nacional, las autoridades han practicado unas 27.000 detenciones del 8 de abril al 7 de mayo, al parecer por incumplimiento del toque de queda nocturno. A Amnistía Internacional le preocupa la decisión de las autoridades de detener a personas sólo por incumplir las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19, sobre todo porque hay muy poca información pública y accesible respecto a las condiciones de detención de estas personas. Tampoco está claro si las personas detenidas tienen acceso a representación legal y otras garantías del debido proceso. Escribimos a las autoridades para solicitar más información.
Los vídeos verificados apuntan a que la policía dominicana está deteniendo y recluyendo rutinariamente a personas por no llevar mascarilla, sin guardar un distanciamiento físico por no llevar mascarilla. Las autoridades recurren con frecuencia al uso de fuerza innecesaria en las detenciones, tendencia que Amnistía Internacional ya ha documentado al investigar las reiteradas detenciones arbitrarias de trabajadoras sexuales y de jóvenes en informes anteriores sobre el país.
Igualmente, las autoridades de El Salvador han detenido a miles de personas por presunta violación de la cuarentena en sus casas y las han recluido en “centros de contención” del gobierno. Amnistía Internacional ha examinado documentos jurídicos presentados para impugnar estas detenciones, en los que se afirma que algunas personas han sido detenidas sólo por salir de casa a comprar comida o medicamentos.
Amnistía Internacional ha verificado más vídeos grabados en Puerto Rico, México y República Dominicana en los que la policía parece estar interceptando o deteniendo a personas que se dirigen a comprar alimentos y otros artículos básicos.
Los Estados tienen la obligación de prohibir las detenciones arbitrarias, incluso durante un estado de excepción. Las sanciones por incumplir las restricciones dirigidas a combatir el COVID-19 deben imponerse como último recurso y proporcionales a la protección de la salud pública. En lugar de imponer sanciones para hacer respetar las restricciones, los gobiernos deberían priorizar aquellas medidas que capacitan y apoyan a las personas para poder cumplirlas, incluidas políticas que garanticen el acceso general a la alimentación y a otras necesidades básicas. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que muchas personas en estos países viven al día y no pueden evitar incumplir las restricciones. En anteriores emergencias de salud pública se ha demostrado que los enfoques coercitivos para hacer cumplir las normas, incluida la imposición de sanciones, pueden ser contraproducentes y tienen efectos desproporcionados en los grupos marginados.
Malos tratos como castigo por incumplir el confinamiento
En otros vídeos verificados por Amnistía Internacional se ve a la policía recurriendo con frecuencia a castigos humillantes y degradantes en contra de quienes incumplen el confinamiento.
Este ejemplo de Venezuela refleja una tendencia observada en múltiples países, entre ellos Paraguay y República Dominicana.
En Argentina, Amnistía Internacional verificó un vídeo donde se ve a la policía golpeando a una persona sin hogar, al parecer por estar en la calle durante el confinamiento. En el contexto del COVID-19, los gobiernos deben habilitar centros para las personas sin hogar para que puedan aislarse si es necesario, y garantizar que ninguna persona queda expuesta a contraer la enfermedad.
A finales de abril, las autoridades de El Salvador publicaron vídeos en redes sociales sobre el trato inhumano y degradante a personas detenidas que, según informes, pertenecerían a organizaciones delictivas. Las autoridades adoptaron medidas punitivas en los centros de detención, como reclusión las 24 horas, aislamiento de varios presuntos dirigentes de organizaciones criminales y suspensión de la comunicación con el exterior. Según la ONU, con tales medidas se corre el peligro de agravar la propagación del COVID-19.
Indicios de uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestaban por la falta de comida, agua y medicamentos
En abril, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de posibles hambrunas de “dimensiones bíblicas” debido a la repercusión económica del COVID-19, y nombró los 10 países con mayor riesgo, entre ellos Haití y Venezuela.
Amnistía Internacional ha visto a personas manifestándose por la falta de acceso a alimentos, agua y saneamiento en varios países durante la pandemia.
En Venezuela, donde una crisis humanitaria ha llevado a casi cinco millones de personas a huir del país, a pesar de la cuarentena, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en abril hubo 150 manifestaciones para pedir alimentos y 464 para reclamar acceso a servicios básicos como electricidad, agua y gas.
En algunos casos, como en este vídeo de Venezuela, hay indicios de uso excesivo e innecesario de la fuerza para disolver las manifestaciones, compatibles con la política de represión generalizada que viene aplicándose al menos desde 2017 para silenciar la disidencia.
En Honduras, la organización no gubernamental ACI Participa documentó 106 manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales y nacionales en abril. Según sus informes, las fuerzas de seguridad reprimieron muchas de las protestas utilizando, entre otras medidas, gas lacrimógeno y armas de fuego, contra quienes se manifestaban pacíficamente.
Cuarentenas obligatorias en condiciones inhumanas
Algunos gobiernos les han impuesto cuarentenas a personas que incumplen el confinamiento en sus casas, como en El Salvador, o a personas migrantes y refugiadas y otras que han regresado a su país de origen, como en Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador y Paraguay.
Aunque las autoridades puedan estar legitimadas para imponer cuarentenas en respuesta al COVID-19, deben garantizar unas condiciones humanas y no discriminatorias a las personas sujetas a tales medidas, implementar un sistema de seguimiento e inspección efectivo que proteja de los malos tratos y garantizar que las personas afectadas por la medida tengan acceso a asistencia médica y asesoramiento jurídico independiente.
Sin embargo, en múltiples vídeos examinados por Amnistía Internacional, personas en cuarentena obligatoria describen su confinamiento en centros que no están preparados para guardar el distanciamiento físico o donde la provisión de refugio, agua y saneamiento es insuficiente. Algunas afirman que no se les han hecho pruebas de COVID-19 o no han recibido los resultados, lo que significa que personas que no tienen el virus pueden estar sufriendo privación de su libertad de manera arbitraria en un lugar donde corren mayor peligro de infectarse.
A mediados de abril, en el contexto de la pandemia, unas 6.000 personas venezolanas refugiadas volvieron a Venezuela de los países vecinos que las acogían, como Colombia, Perú y Ecuador, ante la precariedad del trabajo y la falta de seguridad social; estas personas han sido ubicadas en unos 97 centros y obligadas a guardar una cuarentena y a sufrir condiciones precarias y estigmatización. De acuerdo con varios informes, al momento de esta publicación, unas 33.000 personas venezolanas habrían regresado a su país en respuesta al COVID-19.
En un vídeo se ve a personas venezolanas que habían regresado de Colombia protestando por la cuarentena en un recinto deportivo cerrado en Pueblo Nuevo, Tachira.
Otros materiales del 27 de abril muestran que el recinto ya ha sido desocupado.
Amnistía Internacional ha planteado motivos de preocupación parecidos a las autoridades de Paraguay, donde ha habido quejas por la imposición de cuarentenas en condiciones inadecuadas a personas paraguayas que habían regresado a su país tras desempeñar trabajos informales en Brasil y otros países vecinos. Estas personas afirman que no les han hecho pruebas de COVID-19, que no hay mascarillas ni condiciones higiénicas suficientes y que no pueden adoptar medidas preventivas como el distanciamiento físico. Además, a Amnistía Internacional le preocupa un nuevo protocolo adoptado el 9 de mayo en relación con la cuarentena obligatoria y el hecho de que podría no incluir garantías suficientes en contra de posibles violaciones de derechos humanos.
En otro vídeo grabado en El Salvador, donde miles de personas han sido confinadas en centros que no reúnen las condiciones necesarias, se ve cómo personas migrantes retornadas se enfrentan a una terrible tormenta en un refugio casi a la intemperie.
El 30 de abril, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos escribieron al presidente de El Salvador para expresar su preocupación por su aparente desprecio de una resolución del Tribunal Constitucional según la cual las autoridades no pueden privar de su libertad a las personas por incumplir la orden de cuarentena en sus casas, y declarando que el confinamiento forzoso sin pruebas de síntomas o exposición al COVID-19 es inconstitucional.