G-20: Los Estados ricos e influyentes deben garantizar que las medidas de recuperación de la COVID-19 abordan la pobreza, la desigualdad y la crisis climática en el mundo
Amnistía Internacional pide a quienes lideran el G-20, que se reúnen esta semana, que adopten medidas sin precedentes para abordar las desigualdades en el mundo, agravadas por la pandemia de COVID-19 y la crisis climática, dos de las mayores amenazas para los derechos humanos en nuestra época.
Los ministros y ministras de Economía del G-20 que se reunirán los días 18 y 19 de julio deberían comprometerse a cancelar la deuda de los países más pobres del mundo, aumentar la inversión en protecciones sanitarias y sociales y eliminar progresivamente los combustibles fósiles para garantizar una recuperación de la pandemia que sea justa y sostenible.
“La COVID-19 ha sacado a relucir las desigualdades flagrantes de nuestro mundo. Si aspiramos a crear resiliencia ante futuras crisis, debemos acometer cambios estructurales que requieren valentía y liderazgo por parte de los países del G-20”, ha dicho Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.
“Las prioridades fallidas de los ricos e influyentes nos han abocado a un estado de excepción mundial. Los países del G-20 deben romper con el pasado invirtiendo en personas y derechos humanos, liderando el camino hacia una recuperación, justa, inclusiva y sostenible."
Cancelación de la deuda
Amnistía Internacional pide al G-20 que cancele la deuda de los países más pobres del mundo durante los próximos dos años como mínimo y así libere recursos que les permitan responder a la pandemia de COVID-19.
Los 77 países más pobres del mundo deberán gastar casi 85.000 millones de dólares estadounidenses en reembolsos de deuda en 2020 y 2021. Alrededor del 40% de esa deuda ha sido contraída con países ricos, y el resto con instituciones internacionales y prestamistas privados. Según la Campaña del Jubileo de la Deuda, 64 países gastan más en pagar deuda que en servicios de salud pública.
En abril, el G-20 se comprometió a suspender el pago de deuda por valor de 12.000 millones de dólares para 77 países en 2020; aun así, los Estados que se beneficien de la medida tendrán que devolver el dinero en años futuros y con intereses.
“Es inconcebible que un país deba gastar más en pagar deuda que en servicios de salud frente a una pandemia. El plan actual del G-20 no sólo es insuficiente para responder en este momento, sino que favorece la acumulación de problemas que impedirán la futura recuperación de los países”, ha dicho Julie Verhaar.
“Nunca debería anteponerse el reembolso de la deuda a los esfuerzos dirigidos a realizar los derechos humanos. El G-20 debe asegurarse de que los países más pobres del mundo no quedan atrapados en un círculo vicioso de deuda, enfermedad y parálisis económica.”
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados más ricos —incluidos los que integran el G-20— tienen la obligación de ayudar a los Estados que se ven en dificultades para movilizar los recursos económicos necesarios frente a la pandemia.
Amnistía Internacional pide asimismo que la cancelación de la deuda conlleve la adopción de sólidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los países donantes y receptores, para que el dinero liberado no sea pasto de la corrupción ni se pierda en gastos inútiles. La cancelación de la deuda debe ser una forma diferenciada de ayuda económica, y no una simple partida de gasto dentro de otras áreas de ayuda existentes.
El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró en junio que se necesita una respuesta multilateral a gran escala, coordinada e integral, equivalente al menos al 10% del PIB mundial, para hacer frente a los efectos de la COVID-19.
Recuperación inclusiva y justicia climática
En su última reunión en abril, los ministros y ministras de Economía del G-20 se comprometieron a "apoyar una recuperación ambientalmente sostenible e inclusiva”, compatible con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Tal recuperación debe incluir inversión en salud, un nuevo pacto para la protección social e inversión en sectores que crean puestos de trabajo ecológicos y dignos.
Sin embargo, varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, han permitido en los últimos meses que empresas del sector de los combustibles fósiles, la industria aeronáutica y otras empresas emisoras de carbono se beneficien de medidas de estímulo económico, como créditos y desgravaciones fiscales. Estas medidas se han concedido en gran medida sin estar sujetas a condiciones de ninguna clase, lo que significa que estas industrias pueden seguir funcionando e incluso expandiéndose sin tener que comprometerse a reducir sus emisiones o utilizando el apoyo del gobierno sólo para mantener a su personal.
Dadas la magnitud de sus economías y su contribución a la crisis climática, los Estados del G-20 deben ser los primeros en adoptar paquetes de estímulos y medidas de recuperación que faciliten la transición a una economía sin emisiones de carbono y fomenten una sociedad resiliente en cuyo centro estén las personas, sobre todo las más afectadas por la transición, y sus derechos humanos.
Eso significa abstenerse de llevar a cabo rescates incondicionales de empresas aeronáuticas y del sector de los combustibles fósiles, y en su lugar invertir en energía renovable producida de manera compatible con los derechos humanos. Los Estados del G-20 deben garantizar que todas las personas que trabajan en sectores afectados por la transición a una economía sin emisiones de carbono —y todas las comunidades que dependen de ellos— reciben apoyo para acceder a puestos de trabajo ecológicos y dignos así como protección de su derecho a un nivel de vida adecuado.
“Si no se toman medidas inmediatas para abordar la crisis climática, la pandemia de COVID-19 será la punta del iceberg respecto a los peligros inminentes que acechan a la humanidad”, ha dicho Julie Verhaar.
Información complementaria
La COVID-19 ha impuesto que la reunión del G-20 los días 18 y 19 de julio se celebre virtualmente. La gran mayoría de los Estados, incluidos 17 de los miembros del G-20, son partes en tratados de derechos humanos que obligan a responder a solicitudes de cooperación y ayuda internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
La observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece claramente que “dado que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá de las fronteras de un Estado, recae en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por solucionar este problema. Los Estados Partes económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un interés especiales en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto”.
Los Principios rectores de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos afirman que el reembolso de la deuda externa no debe interferir en los esfuerzos de los Estados prestatarios para hacer efectivas sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidos derechos económicos y sociales como la salud, la protección social y los medios de vida, y que debe renegociarse en consecuencia con los acreedores.