Ucrania: Cuatro años después, las víctimas de desaparición forzada siguen sin recibir justicia
Las autoridades de facto en los territorios bajo el control de grupos armados siguen “deteniendo” a civiles y recluyéndolos sin revelar su suerte ni su paradero durante semanas, lo que constituye desaparición forzada; además, también los someten a tortura y otros malos tratos, sin proporcionarles recurso a la justicia o remedios legales
Cuatro años después de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch revelaran la práctica de la detención secreta de civiles por parte de los dos bandos del conflicto en el este de Ucrania, ninguna de las víctimas ha recibido justicia, verdad o reparación. En una declaración conjunta publicada hoy, las dos organizaciones han manifestado que no se ha procesado ni a una sola persona sospechosa de estar implicada en esta práctica.
“Mientras las personas que estuvieron recluidas en las prisiones secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania siguen aguardando la verdad, la justicia y la reparación, la agencia sigue negando hechos bien fundamentados y culpando a la ‘propaganda rusa’ de las denuncias a las que prefiere no enfrentarse”, ha manifestado Marie Struthers, directora de la Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional.
“El Servicio de Seguridad de Ucrania tiene un nuevo director pero, por desgracia, mantiene su política de negación pública. Hasta que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables sean identificadas y llevadas ante la justicia en juicios justos, la impunidad constante significa que la población civil de las dos partes del conflicto seguirá expuesta a atroces violaciones de derechos humanos.”
En abril de 2018, Amnistía Internacional recibió una carta del Servicio de Seguridad de Ucrania que decía que no tenía ninguna prisión secreta, pero dentro del mismo sobre había un recorte de un catálogo de muebles que mostraba un lujoso dormitorio.
“El recorte no tenía ninguna relevancia para la carta y, ya pretendiera ser una broma o una pista sobre el uso de ciertas instalaciones como dormitorios que niegan las fuentes oficiales, esta respuesta pone de manifiesto la sensación de que las violaciones graves de derechos humanos quedan impunes.”
En el otro lado de la línea del conflicto, en los territorios bajo el control de grupos armados respaldados por Rusia, la situación se ha deteriorado. Las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional descritos hace cuatro años en el informe You Don’t Exist, continúan imparables en las denominadas “repúblicas populares” de Donetsk y Luhansk. Allí, las autoridades de facto siguen privando ilegalmente a civiles de su libertad mientras ocultan su suerte y su paradero durante semanas —en ocasiones meses— y mientras someten a estas personas a violencia física y abusos psicológicos.
“Los dos bandos del conflicto armado en el este de Ucrania deben tomar medidas para abordar las atroces violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios bajo su control. La población de Ucrania no se merece nada que esté por debajo de la justicia total por estos abusos, lo que significa verdad y reparación para las víctimas, y procesamiento en procedimientos judiciales con las debidas garantías para los sospechosos de ser penalmente responsables”, ha manifestado Marie Struthers.
Información complementaria
Hace cuatro años, Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron un informe conjunto: You Don’t Exist, que revelaba los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos —incluida la detención prolongada y arbitraria de civiles, y la tortura y otros malos tratos— cometidos tanto por las autoridades ucranianas como por grupos armados respaldados por Rusia. Para el 12 de diciembre de 2016, las autoridades ucranianas liberaron a todas las personas que se sabía que estaban presas y habían sido sometidas a desaparición forzada en instalaciones secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania, pero no reconocieron ni su detención ni su liberación.
Las autoridades de facto en los territorios bajo el control de grupos armados siguen “deteniendo” a civiles y recluyéndolos sin revelar su suerte ni su paradero durante semanas, lo que constituye desaparición forzada; además, también los someten a tortura y otros malos tratos, sin proporcionarles recurso a la justicia o remedios legales.