Malasia: Cargos contra activistas por participar en un piquete pacífico

Cinco activistas siguen bajo cargos tras participar en un piquete pacífico contra la empresa de servicios de limpieza de un hospital en junio de 2020. El acto de protesta pretendía llamar la atención sobre el presunto trato injusto de sindicalistas y el suministro insuficiente de equipo de protección individual (EPI) a las personas encargadas de las tareas de limpieza. La policía detuvo a cinco activistas y los acusó de “reunión no autorizada”. Un elemento esencial del derecho a la libertad de asociación es que nadie debe ser procesado por reunirse de forma pacífica. Por consiguiente, pedimos al fiscal general que retire los cargos y cierre el caso.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

 

Tan Sri Dato’ Sri IdrusHarun

Fiscal General de Malasia / Attorney General of Malaysia

Attorney General's Chambers

No. 45, PersiaranPerdana, Presint 4

62100 Putrajaya, Malasia

Correo-e: [email protected]

Twitter: @AGCPutrajaya

Señor Tan Sri Dato' Sri IdrusHarun:

Le escribo para pedirle que retire los cargos presentados contra cinco activistas (M. Sarasvathy, L. Danaletchumy V. Santhiran, P. Jothi y C. Subramaniam Raja) que participaban en un piquete pacífico el 2 de junio de 2020 para protestar contra el trato injusto de las personas encargadas de la limpieza del hospital por parte de un subcontratista. Denunciaban suministro inadecuado de equipos de protección individual (EPI) contra la COVID-19, intimidación de las personas encargadas de las tareas de limpieza que tienen actividad sindical, cancelación de un convenio colectivo aceptado por el subcontratista anterior, supresión del incremento anual de sueldos y del aumento del tiempo de baja por enfermedad y de vacaciones anuales según la antigüedad, así como la reducción de los días festivos pagados. La empresa niega estas denuncias.

Como tal vez sepa, el piquete estaba formado por menos de 20 personas, que se reunieron respetando las medidas de distancia física, uso de mascarilla y control de la temperatura. A pesar de ello, las autoridades detuvieron a activistas que formaban parte del piquete y que pasaron la noche bajo custodia antes de comparecer ante el tribunal encadenados, una forma de trato inhumano o degradante que puede constituir tortura. Las personas detenidas también denuncian haber sufrido malos tratos durante su arresto y detención, y afirman que los agentes de policía las insultaron, las obligaron a cambiarse de ropa con la puerta abierta y no les dieron agua para tomar su medicación.

Cada uno de estos activistas, que el 2 de junio de 2020 fueron acusados de violar la Normativa de Prevención y Control de Enfermedades Contagiosas (Medidas para las Áreas Locales Infectadas), puede ser condenado al pago de una multa de hasta 1.000 ringgits (234 dólares estadounidenses), a seis meses de cárcel o ambas cosas. Dado que protestaban por sus bajos salarios, la multa resulta especialmente desproporcionada.

Los piquetes constituyen un elemento esencial de los derechos a la libertad de asociación y reunión, consagrados en el derecho internacional; la restricción de estos derechos durante las emergencias de salud pública debe ser necesaria y proporcional al objetivo de hacer frente a estas emergencias. La crisis de la COVID-19 no debe ser pretexto para suprimir de forma innecesaria y desproporcionada los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Las personas que están luchando contra la pandemia en primera línea no deben ser castigadas por pedir mejores condiciones laborales.

Pido a su Oficina que:

• retire todos los cargos contra los cinco activistas, ya que son cargos contrarios al derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas que afectarán desproporcionadamente a este grupo;
• investigue las denuncias contra la empresa, en particular el suministro inadecuado de equipos de protección individual frente a la COVID-19 y los actos de intimidación a los que se ha sometido a los trabajadores y trabajadoras activos en el sindicato, y se asegure de que se respetan y hacen cumplir todas las leyes laborales.

Muchas gracias por su atención.

Información complementaria

En Malasia, el personal de limpieza de los hospitales públicos trabaja con contratos temporales a través de empresas privadas que a su vez han sido subcontratadas por empresas concesionarias de los contratos públicos para los servicios de apoyo a los hospitales. En tanto que temporal, el personal de limpieza suele cobrar sólo el salario mínimo mensual de 1.200 ringgits (280 dólares), y no tiene derecho a aumentos anuales ni otras prestaciones, como más de 11 días festivos pagados, primas e indemnización en caso de reducción de plantilla. Además, debido al constante cambio de contratos, su situación suele ser inestable, ya que cada nueva entidad contratante puede revisar y reducir sus prestaciones y no reconocerles la antigüedad.

En 2016, un grupo de trabajadores y trabajadoras de limpieza hospitalaria reactivó el Sindicato Nacional de Trabajadores Auxiliares de Hospital y Servicios Afines (NUWHSAS) en la región septentrional para negociar un convenio colectivo con 43 reivindicaciones, incluido un salario inicial más elevado y sujeto a incrementos anuales. El Sindicato asegura que negociaron un nuevo convenio colectivo con 38 reivindicaciones en octubre de 2019, que fijaba las condiciones de trabajo del personal temporal de limpieza. Sin embargo, antes de la fecha prevista para que entrara en vigor el convenio, en enero de 2020, la subcontrata se le concedió a una empresa diferente, subsidiaria de otra empresa que cotiza en bolsa, vinculada al gobierno y propiedad del fondo soberano de inversión del gobierno malasio. Según los medios de comunicación, esta empresa ahora se niega a reconocer al sindicato, y por tanto el convenio colectivo se considera nulo y sin efecto. La empresa ni afirma ni desmiente que se niegue a reconocer al sindicato, pero ha declarado que la acusación de ataque contra el sindicato es materia de un litigio comercial pendiente en virtud del artículo 18 de la Ley de Relaciones Laborales. Los procedimientos judiciales se han aplazado debido a la pandemia de COVID-19.

Según NUWHSAS, al inicio de la pandemia el personal de limpieza no tuvo acceso a equipos de protección personal adecuados para limpiar los pabellones e instalaciones dedicadas a enfermos de COVID-19, y el suministro de mascarillas y guantes por parte de la empresa UEM Edgenta fue inadecuado. El sindicato también ha acusado a UEM Edgenta de atacar especialmente al personal de limpieza que desarrolla actividad sindical:

• modificando sus horas y turnos de trabajo;
• trasladando arbitrariamente a los sindicalistas a hospitales situados lejos de su vivienda;
• prohibiendo los debates de temas sindicales entre los comités sindicales y el personal, incluso durante las pausas para descansar;
• impidiendo a los miembros del sindicato que hagan horas extra para ganar más;
• intimidando y amenazando a los miembros del sindicato con iniciar actuaciones disciplinarias contra ellos.

El 3 de junio de 2020, la empresa publicó una declaración en la que negaba las acusaciones del sindicato, incluido el cambio deliberado de horas y turnos, los traslados arbitrarios, la prohibición de actividades sindicales, el hostigamiento verbal, la denegación de EPI, la congelación de salarios y la ausencia de vacaciones pagadas. Sin embargo, los representantes legales del sindicato las mantienen.

En una carta a Amnistía Internacional Malasia de 19 de junio, UEM Edgenta volvió a negar las acusaciones, y afirmó además que habían tomado muchas medidas desde la protesta, como formar un grupo de trabajo interno para estudiar las denuncias sindicales, realizar una gira por determinados hospitales del norte de Malasia peninsular en la que se realizó una auditoría de los EPI y se organizaron sesiones de participación con personal de servicios de apoyo sanitario, y desarrollar PrihatinLine, canal online para que este personal comparta sus impresiones y preocupaciones con la alta dirección y el nuevo grupo de trabajo. El sindicato ha informado de que, desde el inicio de la campaña, representantes de la empresa se han reunido individualmente con cada integrante del personal de limpieza, pero se niegan a hacerlo con el sindicato.

En la última comparecencia ante los tribunales hasta ahora, el 28 de agosto de 2020, el tribunal comunicó que el 18 de septiembre de 2020 decidirá si se retiran o se mantienen los cargos.

Antes de la protesta, el 26 de marzo de 2020, el sindicato afirmó que esta misma compañía había prohibido que a los trabajadores y trabajadoras del Hospital TelukIntan se les realizaran pruebas de COVID-19, a pesar de que 39 miembros del personal sanitario del hospital habían dado positivo en dichas pruebas. Según el sindicato, la compañía alegaba para justificar su negativa a realizar las pruebas que no podría sustituir al personal de limpieza si tenían que darse de baja después de las pruebas. El 27 de marzo, el Ministerio de Sanidad ordenó que todo el personal del hospital se hiciera los test de COVID-19.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés, malasio bahasa. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 27 de octubre de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: M. Sarasvathy (femenino); L. Danaletchumy (femenino); V. Santhiran (masculino); P. Jothi (femenino); C Subramaniam Raja (masculino).

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa28/2644/2020/es/