Filipinas: La resolución de la ONU es una oportunidad perdida para la justicia, pero el escrutinio continúa

La resolución sobre Filipinas adoptada hoy por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una oportunidad perdida para obtener justicia por miles de homicidios ilegítimos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.  

En lugar de iniciar una investigación exhaustiva, sumamente necesaria, sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas, la resolución de la ONU —encabezada conjuntamente por Islandia y Filipinas— solicita que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apoye a Filipinas mediante “asistencia técnica”. Esta asistencia se centrará en áreas tales como la rendición de cuentas, la recopilación de datos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, el espacio de la sociedad civil, la legislación antiterrorista y un enfoque del control de drogas basado en los derechos.  

“La situación de los derechos humanos en Filipinas requiere algo que más que una mera ‘asistencia técnica’ de la ONU. Se necesita una investigación internacional completa para abordar de manera efectiva la impunidad reinante en el país”, ha manifestado Rachel Chhoa-Howard, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.  

La resolución desoye los reiterados llamamientos de la sociedad civil y los expertos de la ONU para que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país, incluidas las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía y por grupos parapoliciales vinculados a ella en el contexto de la denominada “guerra contra las drogas”.  

“El Consejo de Derechos Humanos no ha promovido la justicia para las afligidas familias de Filipinas que habían depositado sus esperanzas en la comunidad internacional”, ha manifestado  Rachel Chhoa-Howard.  

“Esta débil resolución también defrauda a los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que han colaborado de buena fe con la ONU y realizan su trabajo con un enorme riesgo personal.” 

Amnistía Internacional ha observado un continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas en los últimos meses. Entre las principales señales de alarma se encuentran la actual incitación a matar realizada por el presidente Duterte, el ascenso a jefe de la policía nacional del teniente general Camilo Cascolan (presunto artífice de la mortal campaña antidrogas), y la adopción de una peligrosa ley antiterrorista. En junio de 2020, la conocida periodista Maria Ress fue declarada culpable de “ciberdifamación” y, un mes después, se cerró la gran cadena de medios de comunicación ABS-CBN. También hay un nuevo repunte de los homicidios policiales, y en los últimos meses se ha asesinado brutalmente a activistas políticos y de derechos humanos y a un periodista.  

Esta crítica situación fue expuesta con detalle por Amnistía Internacional en un informe publicado la semana pasada, “My Job is to Kill” (Mi trabajo es matar), que toma su título de un discurso pronunciado por el presidente Duterte en marzo de 2020.  

“Los Estados que negociaron con Filipinas para que se aceptara esta resolución tienen la responsabilidad de iniciar una investigación internacional completa si no hay una mejora radical en la situación de los derechos humanos en el país. Estos Estados se enfrentan a una prueba de credibilidad: ¿cómo responderán si continúa la sangrienta oleada de homicidios, y si la brutal represión de la sociedad civil y los medios de comunicación continúa desenfrenada?” 

A pesar de sus graves deficiencias, la resolución incluye medidas que encargan a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que siga proporcionando actualizaciones al Consejo durante los dos próximos años.  

“La decisión de mantener a Filipinas en la agenda del Consejo transmite al gobierno de Duterte el mensaje claro de que la comunidad internacional sigue vigilando”, ha manifestado Rachel Chhoa-Howard.

“En los próximos meses debe ponerse fin de inmediato a la oleada de homicidios relacionados con las drogas, deben cesar los violentos ataques contra quienes critican al gobierno y debe detenerse la represión de la libertad de prensa en Filipinas.”  

“Puede que las tácticas gubernamentales de demorar una investigación internacional hayan funcionado esta vez, pero llegará un momento en el que se hará justicia.” 

Información complementaria

La resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 7 de octubre fue presentada por Filipinas junto con Islandia. 

Vino precedida de una resolución pionera inicial, encabezada en 2019 por Islandia, que pedía que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaborara un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y lo presentara al Consejo. Aquel informe, publicado en junio de  2020, exponía cómo años de ausencia de rendición de cuentas respecto a las violaciones de derechos humanos han creado una cultura de impunidad en el país. El informe describía también el homicidio sistemático y generalizado de miles de sospechosos de delitos de drogas a causa de la incitación a matar realizada desde las más altas instancias del gobierno.  

A la luz de las conclusiones y recomendaciones del informe, un grupo de 35 ONG hizo un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que iniciara una investigación independiente e internacional sobre la situación. Aún no se ha respondido a ese llamamiento.  

Tras la creciente presión ejercida por el Consejo de Derechos Humanos sobre el gobierno de Duterte en los periodos de sesiones recientes, el gobierno de Filipinas anunció en julio de 2020 el establecimiento de un grupo interinstitucional para examinar los casos de homicidio cometidos durante las operaciones antinarcóticos de la policía. El calendario y las circunstancias de ese grupo interinstitucional han sido claramente diseñados para proteger al gobierno del escrutinio e incluyen a las mismas instituciones implicadas en los homicidios y otras violaciones de derechos humanos.  

Amnistía Internacional no considera que este grupo sea un esfuerzo creíble para impartir justicia, y siente honda preocupación porque pondrá más en peligro a las familias de las víctimas que colaboren con él. Las investigaciones previas llevadas a cabo por Amnistía Internacional han manifestado preocupación por el historial de la Policía Nacional de Filipinas de acosar e intimidar a quienes presentan denuncias contra ella. La mayoría de los agentes acusados de ser responsables de homicidios ilegítimos continúan en servicio activo, y a menudo viven entre la comunidad.