Ucrania: El fallo del TEDH sobre las protestas del Euromaidán es un avance decisivo hacia la justicia

Tras conocerse que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado que el Estado ucraniano es responsable de detenciones ilegales, malos tratos, secuestros y, en un caso, homicidio de manifestantes perpetrados durante la represión violenta de las protestas del Euromaidán del invierno de 2013 y 2014, Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional Ucrania, ha manifestado:

“El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos refleja lo que Amnistía Internacional y el activismo ucraniano de los derechos humanos llevan años denunciando: con la presidencia de Viktor Yanukovych, las autoridades ucranianas ejercieron una represión atroz de las protestas durante el Euromaidán. Para la mayoría de las víctimas de estos abusos, no se ha hecho justicia.

“Esperamos que la sentencia de hoy ayude a eliminar los obstáculos que impiden a Ucrania descubrir toda la verdad, hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos y garantizar que las víctimas y sus familias reciben reparación plena y adecuada.”

Información complementaria

El 21 de enero, el TEDH falló en varias causas distintas que las autoridades ucranianas habían recurrido deliberadamente a malos tratos, fuerza excesiva, detenciones ilegales y secuestros contra manifestantes en el marco de una campaña de represión de manifestaciones inicialmente pacíficas. En una de las causas, determinó que el Estado ucraniano era responsable del homicidio de una persona participante en las manifestaciones.

Desde el principio de las protestas conocidas popularmente como Euromaidán, Amnistía Internacional ha llevado a cabo una intensa campaña en demanda de justicia y reparación para todas las víctimas de los abusos policiales cometidos en el curso de ellas. Las protestas condujeron al derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych. En un informe publicado hace dos años, Amnistía Internacional puso de manifiesto un alto grado de obstrucción de la justicia al mostrar que, de 288 casos de ex agentes encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios acusados formalmente de múltiples violaciones de derechos humano, sólo en nueve se dictaron sentencias de privación de libertad.