Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones

Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria, dijo Amnistía Internacional hoy, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, verificada por su Cuerpo de Verificación Digital.

“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 28 de abril se vienen producido manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en diferentes puntos de país en respuesta al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque, las cuales han sido reprimidas, con frecuencia, de manera violenta. El 1º de mayo, el presidente anunció la presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y afirmó: “quiero hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”.

“El descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente,” dijo Erika Guevara Rosas.

Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas a consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias.  Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.

A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril, o de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el 1 de mayo en Bogotá, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Colombia, deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. Asimismo, la Corte ha establecido que la participación excepcional de las fuerzas armadas en dichas tareas debe ser extraordinaria; subordinada y complementaria; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Inclusive, frente a denuncias de actos de violencia perpetrados por manifestantes en algunas protestas, las autoridades tienen el deber de tomar todas las medidas que correspondan para hacer frente a esos episodios de violencia sin dejar de garantizar que quienes protestan de forma pacífica puedan seguir haciéndolo.

Ante el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y el anuncio de uno nuevo, el gobierno debe garantizar que cualquier política pública en materia tributaria que adopte, se diseñe y se aplique en línea con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Eso significa que debe asegurarse que las medidas sean temporales, razonables y proporcionadas, que se hayan agotado medidas alternativas menos restrictivas y de garantizar la participación real de las personas y los grupos implicados. El gobierno debe realizar con urgencia una evaluación del impacto de esas medidas en los derechos humanos, para asegurarse de que no sean discriminatorias y de que respeten, en particular, los derechos de los grupos históricamente marginalizados, y en el contexto de la pandemia del COVID-19 y sus afectaciones diferenciadas.

Ante los anuncios de nuevas movilizaciones, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a garantizar el derecho del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente y recuerda al presidente Iván Duque que desplegar a las Fuerzas Armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan más violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.