Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Una vez más, el ciclo de impunidad obliga a la población civil a pagar el precio de la escalada de hostilidades

Amnistía Internacional ha instado hoy a las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos de Gaza a no repetir las violaciones del derecho internacional humanitario que, en anteriores episodios violentos, provocaron muertes y mutilaciones entre la población civil, así como la destrucción de viviendas e infraestructuras.

Desde el 10 de mayo, los grupos armados palestinos han disparado más de 1.500 cohetes en dirección a zonas civiles del centro de Israel y ciudades cercanas a la frontera de Gaza, provocando un reguero de muertes y lesiones entre la población civil. Por su parte, las fuerzas israelíes han lanzado ataques aéreos, que también se han cobrado vidas y han provocado heridos entre la población civil de Gaza. Además, han dañado o destruido, al menos, dos edificios residenciales que albergaban a decenas de familias palestinas, y un edificio de Gaza, en ataques selectivos equivalentes a castigos colectivos contra la población palestina. En total, han muerto 53 personas en Gaza —14 de ellas, menores— y otras 7 en Israel.

“La intensificación de las hostilidades armadas entre Israel y los grupos armados palestinos de Gaza hace temer un nuevo baño de sangre y la destrucción de más viviendas e infraestructuras a lo largo de los próximos días. Todas las partes en el conflicto tienen la obligación absoluta de proteger a la población civil. No deben olvidar que la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta, ni dar por sentado que sus violaciones seguirán quedando impunes”, ha advertido Saleh Higazi, subdirector de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Esta escalada recuerda las terribles hostilidades de 2008, 2012 y 2014, en las que la población civil fue la más golpeada, con destrucción y muerte por doquier en Gaza que, desde 2007, vive sometida a un bloqueo ilegal equivalente a un castigo colectivo.

“Tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos han llevado a cabo, impunemente, crímenes de guerra y otras violaciones. Israel tiene un horrible historial de ataques ilegítimos contra Gaza, que han provocado muertos y heridos entre la población civil, y han llevado consigo crímenes de guerra y de lesa humanidad. A su vez, los grupos armados palestinos han violado también el derecho internacional humanitario con impunidad.

Amnistía Internacional ha condenado en todo momento el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de grupos armados palestinos.

“El lanzamiento de cohetes que no se pueden dirigir con precisión contra áreas pobladas puede constituir un crimen de guerra, y pone en peligro la vida de la población civil a ambos lados de la frontera entre Israel y Gaza”, ha manifestado Saleh Higazi.

En Israel, un ciudadano palestino de 50 años y su hija de 15 murieron en un presunto ataque con cohetes contra la localidad no reconocida de Dohmosh, situada a las afueras de la ciudad de Lod (centro de Israel). En estas comunidades, la población no tiene acceso a refugios y el sistema de sirenas de alarma que avisa de la llegada de proyectiles de Gaza no funciona.

Castigos colectivos

En Gaza, la madrugada del 11 de mayo las fuerzas israelíes empezaron a lanzar ataques contra edificios residenciales. La torre residencial Hanadi, de 13 pisos, quedó completamente reducida a escombros. Previamente, la población civil había sido avisada, para que evacuara la zona. Asimismo, el edificio de oficinas Al-Jawhara quedó gravemente dañado, y el edificio Al-Shurouq fue también reducido a polvo el 12 de mayo. Otros edificios se vieron parcialmente afectados, cuando se lanzaron ataques contra apartamentos concretos.

“Los ataques deliberados contra bienes de carácter civil y la destrucción generalizada e injustificada de propiedades son crímenes de guerra. Destruir edificios de numerosos pisos y dejar en la calle a decenas de familias constituye un castigo colectivo contra la población palestina y contraviene el derecho internacional”, asegura Saleh Higazi.

“Aunque parte de un edificio se utilice con fines militares, las autoridades israelíes tienen la obligación de elegir medios y métodos de ataque que reduzcan al mínimo el peligro para la población civil y para sus propiedades”.

En un ataque contra un apartamento del último piso del edificio “Tiba Apartments”, de siete plantas, murieron una mujer y su hijo de 19 años, con necesidades especiales, que vivían debajo.

En otro ataque, contra la torre residencial “al-Jundi al-Majhoul”, de 14 plantas, murieron tres miembros palestinos de la Yihad Islámica. Una civil que residía en el mismo edificio y que despertó a causa del ataque rememora:

“El edificio no paraba de temblar [...] Cuando fuimos a la ventana [...] vimos que todo el mundo nos miraba y que gritaban ‘evacuen el edificio ahora mismo’, porque le había dado […]. Minutos después, estaba fuera, mientras la gente me empujaba para alejarme del peligro […], lo cual no deja de sonar extraño, porque en aquel momento no teníamos ni idea de qué lugar podía ser seguro como refugio.

“Hasta la fecha sigue [en pie el edificio], pero el terror de los recuerdos es suficiente. No hemos pegado ojo, y los ataques no han parado ni un minuto. Tengo una hija de dos años y medio, y ésta es su primera guerra. Yo misma estaba muerta de miedo, y no sabía qué hacer para tranquilizarla”, explica. A continuación, añade: “lo que me enfurece es que pueden apuntar con precisión contra quien quieran, como han hecho con nuestro edificio y, sin embargo, prefieren demoler edificios enteros. ¿Qué significa eso? No parece que todo un edificio pueda ser una amenaza para la seguridad.”

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, y en concreto al Consejo de Seguridad de la ONU —incluido Estados Unidos— que denuncie públicamente las violaciones del derecho humanitario y presione a todas las partes en el conflicto para que protejan a la población civil. Estados Unidos debe abandonar su evasivo comportamiento, y permitir al Consejo de Seguridad de la ONU emitir de inmediato una declaración enérgica.

“Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben mostrarse públicamente firmes, e imponer de inmediato un exhaustivo embargo de armas a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos, a fin de evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos a manos de cualquiera de las partes en el conflicto”, sostiene Saleh Higazi.

“Asimismo, la comunidad internacional debe presionar para que se aborden las causas fundamentales de este último estallido de violencia, entre ellas la arraigada impunidad de los crímenes de guerra y de otras violaciones graves del derecho internacional, así como la constante expansión ilegal de los asentamientos israelíes, el bloqueo de Gaza y el desalojo y la expropiación de propiedades de la población palestina, como la de Sheikh Jarrah”.