Cuba: Amnistía Internacional nombra a personas presas de conciencia en el contexto de represión de protestas

Tras las protestas pacíficas celebradas en toda la nación, las autoridades cubanas, con el presidente Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado una política de represión, aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, nombrando a seis personas detenidas en los últimos meses como presas de conciencia.

“En respuesta a las protestas del 11 de julio, las autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos que han cometido”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Hemos nombrado a seis personas como presas de conciencia, en un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación, y pedimos su libertad inmediata e incondicional. El cuadro de violaciones de derechos humanos que hemos documentado en las últimas semanas apunta a una política de represión reforzada para recuperar el control y restablecer una cultura del miedo que se tambaleó el 11 de julio.”

Miles de personas salieron a las calles el 11 de julio para protestar pacíficamente por la situación económica, la escasez de medicamentos, la respuesta del gobierno al COVID-19 y las duras restricciones a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, en una de las mayores manifestaciones que se han visto en décadas. Las autoridades respondieron deteniendo y criminalizando en distintos grados a casi todas las personas que encontraron protestando.

Amnistía Internacional ha pedido que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a los cientos de personas que continúan detenidas por protestar aquel día, y anteriormente ha documentado la red de control de las autoridades sobre la libertad de expresión y de reunión pacífica, y cómo históricamente ha hecho sentir a muchas personas cubanas que no tienen otra salida que marcharse del país. La organización ha documentado también la complejidad creciente de los métodos de censura a medida que el país se va incorporando al mundo digital.

Amnistía Internacional ha observado atentamente la situación en Cuba y, del 15 de julio al 19 de agosto, ha entrevistado a más de 30 personas, entre ellas familiares de quienes están en prisión, personas que fueron detenidas y ya están en libertad, activistas, ONG y otras organizaciones que dan seguimiento a la situación. El 5 de agosto, la organización se dirigió por escrito públicamente al presidente Díaz-Canel y a la fiscal general de la República para preguntar por el número de personas detenidas el 11 de julio, su lugar de detención y los cargos presentados contra ellas, pero al día de hoy no se ha recibido respuesta. Asimismo, el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional verificó más de 60 materiales audiovisuales de apoyo a la investigación.

Amnistía Internacional ha documentado los siguientes crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos:

Personas presas de conciencia

Las autoridades cubanas detuvieron arbitrariamente a cientos de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, en su gran mayoría pacífica, en el contexto de las protestas del 11 de julio, según una lista elaborada por la ONG Cubalex y los testimonios recopilados por Amnistía Internacional. En su mayoría parecen estar acusadas de delitos que tradicionalmente se utilizan para silenciar la disidencia, como el de “desórdenes públicos”, o de delitos incompatibles con las normas internacionales, como el de “desacato”, usado selectivamente contra quienes critican al gobierno.

El enfoque por defecto de las autoridades es penalizar a casi toda persona que haya participado en las protestas, incluidos menores de edad. Ya el 14 de julio, representantes de la Fiscalía General y el Ministerio del Interior afirmaron en la televisión estatal que estaban investigando la responsabilidad individual en la organización de las protestas y los “delitos” cometidos durante las manifestaciones, y un coronel señaló que su planteamiento sería buscar a quienes hubieran organizado, promovido o financiado las protestas.

Según un artículo publicado en Cubadebate, periódico afín al gobierno, y también un tuit de la fiscal general, el 4 de agosto ya habían sido juzgadas 62 personas por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio, en su mayoría por el delito de “desórdenes públicos” y, en menor medida, por “resistencia”, “desacato”, “instigación a delinquir” y “daños”.

Amnistía Internacional ha nombrado hoy a seis personas como presas de conciencia —personas encarceladas por sus creencias religiosas, políticas o de otra índole sin haber recurrido a la violencia ni propugnado su uso—. Estos casos representativos sólo son una minúscula fracción del número total de personas que probablemente merecen ser adoptadas como tales, pero sirven para resaltar algunos de los patrones de abusos de las autoridades cubanas y la política de represión que ya aplicaban antes de las medidas enérgicas adoptadas el 11 de julio. Dos de estas seis personas fueron detenidas cuando iban de camino a las protestas ese día; a las otras cuatro las detuvieron semanas antes y sin embargo están acusadas de los mismos delitos por ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y reunión.

Para determinar si alguien es una persona presa de conciencia, Amnistía Internacional se basa en la información de que dispone sobre las circunstancias que condujeron a su detención. Al adoptar a alguien como persona presa de conciencia, Amnistía Internacional afirma que esa persona debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional, pero esto no significa que respalde sus opiniones o conductas pasadas o presentes.

Luis Manuel Otero Alcántara es artista y pertenece al Movimiento San Isidro, grupo que se movilizó inicialmente para oponerse a una ley que censura a los artistas. Fue detenido hacia las tres de la tarde del 11 de julio en La Habana, después de haber publicado un vídeo en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas. Al parecer, está recluido en la cárcel de Guanajay, pero los cargos contra él no están claros. Amnistía Internacional lo ha adoptado como preso de conciencia en tres ocasiones anteriores.

José Daniel Ferrer García es activista y dirige la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), grupo de oposición política no oficial. Ha sufrido amenazas y hostigamiento en el pasado y ha estado en prisión sólo por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica, motivo por el cual ha sido reconocido anteriormente como preso de conciencia por Amnistía Internacional. El 11 de julio, José Daniel se disponía a asistir a las manifestaciones de Santiago de Cuba con su hijo. Salió de su casa y pasó junto a los agentes de seguridad del Estado que lo tienen sometido a vigilancia permanente, pero fue interceptado unos metros más adelante por otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su hijo fue la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Desde entonces no hay registro oficial del paradero de José Daniel, y las autoridades no permiten que la familia lo vea o se comunique con él. Amnistía Internacional considera que la ocultación de su paradero implica que está sometido a desaparición forzada con arreglo al artículo 2 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que Cuba es Estado Parte.

Esteban Rodríguez es periodista independiente y trabaja para ADN Cuba. Fue detenido en la calle Obispo, en La Habana Vieja, el 30 de abril junto a unas 12 personas por manifestarse pacíficamente en apoyo del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba en huelga de hambre bajo estricta vigilancia policial frente a su casa. Después de que se le diagnosticara COVID-19 en junio, Esteban está recluido actualmente en la prisión de Combinado del Este acusado de “resistencia” y “desórdenes públicos”.

Thais Mailén Franco Benítez es activista de derechos humanos. Ella también participó en la protesta pacífica de la calle Obispo el 30 de abril y fue igualmente acusada de “resistencia” y “desórdenes públicos”. Después de tenerla bajo custodia del Estado en un hospital por una caída sufrida en prisión, actualmente las autoridades la mantienen recluida en la cárcel de El Guatao, en La Habana, donde su familia teme que no esté recibiendo tratamiento médico adecuado.

Maykel Castillo Pérez, conocido por su nombre artístico, El Osorbo, es músico y activista de derechos humanos. Es coautor de la canción “Patria y vida”, que critica al gobierno cubano y ha sido adoptada como himno de protesta. El 4 de abril de 2021, Maykel iba caminando por La Habana cuando unos agentes de policía lo interceptaron para hacerle preguntas y trataron de arrestarlo, aunque desistieron de su empeño ante las quejas de otros transeúntes que veían injusta su actuación. El 18 de mayo, agentes de seguridad se presentaron en su domicilio y lo detuvieron. Está recluido en la Prisión Provincial de Pinar del Río por cargos de “atentado”, “resistencia”, “evasión de presos o detenidos” y “desórdenes públicos”.

Hamlet Lavastida es artista gráfico y había regresado a Cuba al término de una residencia artística en Berlín.  Tras someterlo a una cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado, las autoridades lo llevaron el 26 de junio a la cárcel/centro de detención de Villa Marista, donde está acusado de “instigación a delinquir”, supuestamente por proponer, en una conversación de mensajería privada, una representación artística (performance) que nunca llegó a materializarse.

Vigilancia y arresto domiciliario

La vigilancia física es otra táctica que emplean las autoridades cubanas para ejercer un control férreo sobre el movimiento de activistas y el periodismo independiente. Implica la presencia permanente de agentes de seguridad en el exterior del domicilio de una persona, que la amenazan con detenerla si sale de él, lo que puede constituir arresto domiciliario. Es una tendencia que Amnistía Internacional ya documentó en diciembre del año pasado cuando, tras una protesta inusual ante la sede del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, casi una decena de miembros del Movimiento San Isidro fueron sometidos a un grado escalofriante de vigilancia durante dos semanas y se enfrentaban a la detención si salían de casa.

Esta práctica ha continuado con posterioridad a las manifestaciones del 11 de julio. El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional y su Cuerpo de Verificación Digital determinaron el origen, verificaron y geolocalizaron 54 vídeos que muestran la vigilancia de cuatro activistas y periodistas independientes —entre ellos Héctor Luis Valdés Cocho, Luz Escobar e Iliana Hernández— grabados entre el 11 de julio y el 12 de agosto. En ellos se ven agentes de policía uniformados y vestidos de civil apostados en el exterior de las casas de los activistas y, en algún caso, enfrentándose a los vigilados cuando desafían las instrucciones.

Héctor Luis Valdés Cocho contó a Amnistía Internacional que había tenido vigilancia afuera de su casa y que no pudo salir durante 16 días tras las protestas del 11 de julio. La periodista independiente Luz Escobar dijo que, aunque había tenido vigilancia permanente en el exterior de su casa durante unas dos semanas tras el 11 de julio, lo cierto era que, en general, estaba mucho más vigilada desde las protestas de noviembre de 2020. “Como periodista me afecta bastante […]. La vigilancia me impide salir de mi casa” explicó. Y añadió que esto, sumado a las interrupciones de Internet, ponía muchas trabas a su trabajo de periodista.

Como otros/as periodistas independientes, Iliana Hernández no pudo salir de su casa el 11 de julio para participar en las protestas. El análisis de los vídeos que grabó del exterior de su casa revela que había policías apostados en todas las bocacalles que daban a su casa entre el 11 de julio y el 8 de agosto.

Iliana contó a Amnistía Internacional que, desde el 11 de julio, al menos hay cinco agentes en el exterior de su casa las 24 horas. “Salgo, me secuestran, me dejan en una patrulla por allí, me hacen un circo de que me van a acusar de algo […]. Luego supuestamente me retiran la acusación (y) me traen para mi casa” contó a Amnistía Internacional. Aunque Iliana ya ha sido formalmente acusada en ocasiones anteriores, asegura que no existe una orden judicial que disponga su arresto domiciliario, por lo que la vigilancia que sufre y la detención a la que se expone si sale de su casa serían medidas arbitrarias.

Otra táctica empleada por las autoridades cubanas para restringir la libertad de circulación es cursar formalmente una orden de reclusión domiciliaria. Tras las manifestaciones del 11 de julio en toda la isla, muchas de las personas que salieron de prisión contaron a Amnistía Internacional que las autoridades les habían dicho que se retirarían los cargos en su contra con la condición de que no salieran de sus casas, sin facilitarles información clara sobre cualquier juicio pendiente. Un arresto domiciliario de esta naturaleza es una medida cautelar con arreglo al derecho cubano, que establece que en la reclusión domiciliaria la persona acusada no puede salir de su casa sin autorización judicial a no ser para asistir a su centro de trabajo o estudio o para atender a su salud y, según el caso, la dicta la Fiscalía General o un tribunal. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que en estos casos constituye una detención arbitraria si los delitos de los que se acusa a la persona están relacionados con su ejercicio de sus derechos humanos, y pide su liberación inmediata.

Antes del 11 de julio ya era una táctica habitual someter a reclusión domiciliaria a quienes están en espera de juicio. El 11 de agosto, Mary Karla Ares González —una de las numerosas personas activistas detenidas por manifestarse en la calle Obispo en abril— llevaba unos 75 días sometida a reclusión domiciliaria como condición para no ir a la cárcel, y aún no tenía fecha para el juicio. Aunque ha podido hacer visitas familiares de vez en cuando, afirma que le ha cambiado la vida por completo y que ya no hace ejercicio al aire libre ni va a comprar comida. “Me siento tan presa como cuando estaba en la prisión, incluso más”, contó a Amnistía Internacional.

Violaciones del debido proceso y detención en régimen de incomunicación

Tras las detenciones masivas del 11 de julio, personas que fueron detenidas y ya han sido liberadas, así como familiares de quienes continúan en detención han informado ampliamente de una diversidad de violaciones del debido proceso, y detenciones en régimen de incomunicación. Aunque la Fiscalía General de la República niega que se haya privado de asistencia letrada a las personas detenidas o se les haya aplicado el régimen de incomunicación, los testimonios reunidos por Amnistía Internacional indican lo contrario.

Rolando Remedios, de 25 años, estudiante y activista de derechos humanos, fue detenido por participar en las manifestaciones de La Habana Vieja y acusado de “desórdenes públicos”, delito que, en los términos establecidos en la legislación cubana, es incompatible con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos por su extrema imprecisión. Se publicaron fotografías de su violenta detención ante el histórico edificio del Capitolio en medios de comunicación de todo el mundo. Rolando estuvo detenido en régimen de incomunicación hasta el 23 de julio; después, su padre pudo reunirse con él unos 15 minutos en presencia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y Rolando pudo comunicarse esporádicamente con su familia y abogado. Fue puesto en libertad el 6 de agosto sin ser informado de su situación jurídica. Días más tarde, las autoridades le comunicaron que debía presentarse a firmar todas las semanas y que no se habían retirado los cargos.

Una mujer, que pidió no ser identificada por miedo a que vuelvan a detenerla, contó a Amnistía Internacional que el 11 de julio era la primera vez que se había manifestado pacíficamente porque, como madre que no recibía ningún apoyo de las autoridades, estaba harta del sistema y de no ser escuchada. Dijo que había pasado varios días en una celda antes de quedar en libertad previo pago de una multa.

Pedro*, un hombre que estuvo más de dos semanas detenido contó a Amnistía Internacional que había sido liberado con la condición del pago de una multa que aproximadamente cuadruplicaba el salario mensual medio de Cuba. Afirma que fue detenido por agentes del Estado vestidos de civil y que no le permitieron acceder a un abogado durante más de una semana.

Igual que Pedro*, muchas personas liberadas no comprenden por qué ellas están en libertad mientras que muchos cientos más que se manifestaron el 11 de julio continúan en prisión y sus familias reciben escasa o nula información sobre los cargos presentados en su contra o los motivos de su detención.

Miriela Cruz Yanis fue detenida en el contexto de las protestas del 11 de julio. Asegura que las autoridades la esposaron y golpearon, la privaron de acceso a los medicamentos que necesita por una enfermedad crónica y la tuvieron siete días en prisión. Su hijo, Dayron Fanego Cruz, de 22 años, de quien afirma que padece hipertensión y asma, continúa encarcelado. Desde que fue detenido el 13 de julio, su madre sólo ha podido hablar brevemente con él en dos ocasiones, pero las autoridades no le han permitido visitarlo ni le han dado información escrita sobre los cargos presentados contra él. Ella cree que pueden acusarlo de “desacato”.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona detenida debe tener acceso a asistencia letrada desde el principio de una investigación criminal. El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura ha recomendado que esto ocurra en el plazo de 24 horas tras el arresto.

Pese a ello, muchas personas liberadas tras su detención en relación con las protestas del 11 de julio, así como familiares de otras que siguen detenidas, han contado a Amnistía Internacional que carecieron de acceso a representación letrada. Las autoridades afirman que la persona acusada puede tener representación letrada si lo desea. Sin embargo, en la práctica, muchas de las personas que han hablado con Amnistía Internacional no se fían mucho de los defensores de oficio, que están obligados a pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, organismo estrechamente controlado por el Estado.

La información recopilada por Amnistía Internacional indica asimismo que las personas detenidas y/o su representación letrada no están recibiendo información suficiente sobre las acusaciones, un obstáculo adicional para una defensa jurídica adecuada. Las personas detenidas no son informadas con prontitud ni debidamente de sus derechos, entre ellos el derecho a asistencia letrada, ni de los cargos presentados en su contra. En algunos casos ni siquiera se informa a la persona de su situación jurídica después de quedar en libertad, por lo que teme volver a ser detenida en cualquier momento, en claro incumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos.

Los derechos de la persona detenida a comunicarse con el mundo exterior, a notificar a alguien que está en detención y a recibir visitas son salvaguardias fundamentales frente a violaciones de derechos humanos como la tortura u otros malos tratos y la desaparición forzada. Aun así, múltiples familias contaron a Amnistía Internacional que las autoridades no les habían confirmado el lugar donde estaban detenidos sus seres queridos, sobre todo en la semana posterior a las detenciones masivas. Amnistía Internacional examinó numerosas decisiones judiciales sobre peticiones de hábeas corpus que confirman la detención, pero no revelan el lugar de reclusión, privando a la familia de una información fundamental. Como Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Cuba debe garantizar que toda persona detenida puede comunicarse con familiares, representantes letrados o cualquier otra persona que deseen, y asimismo debe llevar un registro completo y fiable de las detenciones y reclusiones.

Además, Amnistía Internacional ha recibido reiterados testimonios de que las autoridades están denegando visitas de familiares debido a restricciones por COVID-19. Si bien suspender el contacto puede ser una medida de salud pública aceptable en determinadas circunstancias, debería compensarse potenciando otras formas de contacto con el mundo exterior, como permitir el acceso a teléfonos, Internet, correo electrónico o videollamadas y que los familiares entreguen comida y otros artículos, y nada indica que las autoridades cubanas estén facilitando tales medidas.

Malos tratos, incluso a mujeres

El despliegue de fuerzas especiales conocidas como “boinas negras,” así como agentes de policía y de seguridad del Estado para practicar detenciones en el contexto de las protestas del 11 de julio ha tenido como consecuencia informes generalizados de malos tratos, incluso a mujeres.

Familiares de personas detenidas, así como personas que estuvieron en detención y ya han sido liberadas, han contado a Amnistía Internacional en entrevistas, la mayoría con la condición de preservar el anonimato, que, tras las protestas, agentes encargados de hacer cumplir la ley actuaron selectivamente contra jóvenes de quienes sospechaban que habían participado en ellas, los sacaron a rastras de sus camas y, a veces sin calzado ni ropa, se los llevaron a la cárcel en vehículos policiales. Muchos denunciaron condiciones de humedad y falta de espacio y de higiene en la cárcel, que no se habían adoptado medidas de distanciamiento social ni otras para prevenir la COVID-19 y que rara vez les permitían salir al exterior.

Iris Mariño, actriz y periodista independiente de Camagüey, contó a Amnistía Internacional que había participado en las manifestaciones de manera pacífica para pedir democracia y pluralidad, y que fue detenida en solitario el 11 de julio por un agente de seguridad del Estado y dos policías, todos hombres.

Los 10 días que estuvo recluida pasó por múltiples celdas. Según su testimonio, su esposo estuvo 30 horas buscándola en las comisarías de policía, después de que ella no pudiera contactar con él mediante la única llamada que le permitieron hacer. Pasaron 96 horas hasta que una autoridad la informó de que estaba acusada de “desórdenes públicos” y le dijo que podía tener acceso a un abogado. Cuenta que estuvo 50 horas sola en una celda inmunda donde afirma que no podría ver ni las palmas de sus manos, práctica equiparable a reclusión en régimen de aislamiento y malos tratos.

Iris dijo que había informado repetidamente a los agentes de sus hematomas en brazos y rodillas, producto del trato que había sufrido a manos del agente de seguridad del Estado responsable de su detención. Pero hasta el décimo día de detención no hubo una autoridad fiscal que tomara nota de su denuncia de malos tratos. A su salida de la prisión, las autoridades le comunicaron de palabra que estaba bajo reclusión domiciliaria hasta nuevo aviso, con unos criterios limitados para salir de casa. Allí continuaba el 15 de agosto.

Negación e interrupciones de Internet

Las autoridades cubanas han elaborado una narrativa compleja que niega todas las violaciones de derechos humanos cometidas tras la represión y culpa de la situación económica exclusivamente al embargo económico de Estados Unidos. Aunque el gobierno de Estados Unidos debería levantar dicho embargo urgentemente, como Amnistía Internacional viene diciendo desde hace años, la responsabilidad de la política de represión recae directamente en los máximos dirigentes del gobierno cubano.

Utilizando su monopolio de los medios de comunicación estatales, las autoridades han emitido una selección de imágenes de violencia en las manifestaciones para hacer ver que éstas fueron violentas en general. En una carta al secretario general de la ONU, el embajador cubano Pedroso Cuesta negaba toda acusación sobre violaciones de derechos humanos cometidas por organismos encargados de hacer cumplir la ley, y describió las protestas como “violencia [e] incitación a la violencia, al vandalismo y a otras actividades delictivas.”

En una conferencia de prensa emitida por la televisión estatal, la fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo intentaron negar cualquier irregularidad procesal o violación del derecho internacional de los derechos humanos. El presidente del Tribunal Supremo insistió en que el sistema de justicia y los jueces actúan con independencia y señaló que los medios de comunicación estaban publicando información falsa distribuida por “enemigos de la institucionalidad y de la revolución cubana”.

Desde el 11 de julio, las autoridades han interrumpido con frecuencia el acceso a Internet, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. El mismo 11 de julio hubo una interrupción general del servicio de Internet en todo el país y, posteriormente, un descenso del tráfico en la red hasta el 12 de julio, según las mediciones de red recopiladas por Kentic. Desde entonces, las autoridades han bloqueado regularmente las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, Telegram y Signal. Según un representante del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI), la tecnología empleada para efectuar los bloqueos es cada vez más sofisticada, sobre todo desde 2019, cuando la organización también señaló el bloqueo de sitios de medios de comunicación durante el referéndum constitucional.

Esta censura practicada por las autoridades cubanas, que controlan la única red de telecomunicaciones del país, ha afectado a la capacidad de los observadores independientes de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, para realizar su labor de documentación en momentos críticos. Restringir la comunicación durante la pandemia de COVID-19 también puede haber repercutido gravemente en los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud.

“Amnistía Internacional pide al gobierno de Miguel Díaz-Canel que ponga en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos humanos. Reiteramos nuestra histórica petición de acceso a Cuba para monitorear la situación de los derechos humanos y asistir como observadores a los próximos juicios de cientos de personas que continúan detenidas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Recomendaciones

Basándose en esta investigación inicial, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones:

• • Las autoridades cubanas deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
  • Los máximos dirigentes de Cuba deben poner fin de inmediato a su política de represión, que vulnera derechos humanos y está dirigida a sostener una cultura del miedo y a anular toda forma de diálogo.
  • Cuba debe permitir de inmediato la entrada al país del relator especial de la ONU para la libertad de opinión y de expresión y de la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos para que documenten la situación de los derechos humanos en el país.
  • Cuba debe permitir de inmediato el acceso de organizaciones de derechos humanos independientes, como Amnistía Internacional, para que puedan dar seguimiento y asistir como observadores a los próximos juicios contra cientos de activistas y personas corrientes que continúan en detención.
  • Las autoridades cubanas deben garantizar que se respetan los derechos económicos, sociales y culturales de la población, abordar su necesidad de mayor acceso a alimentos y medicamentos, y dar una respuesta eficaz a la pandemia de COVID-19.
  • La comunidad internacional debe condenar los actos de las autoridades cubanas en los términos más enérgicos en todas las reuniones diplomáticas y espacios internacionales.
  • Las autoridades estadounidenses deben levantar el embargo impuesto a Cuba desde hace décadas ya que contribuye a la violación de derechos económicos.