Américas: Amnistía Internacional presenta cinco estrategias para hacer que la policía rinda cuentas

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que, si de verdad quieren poner fin a la impunidad imperante de la que se benefician las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos de la región deben abordar esa cuestión como problema estructural, aplicando protocolos adecuados de investigación, sometiendo a escrutinio la actuación de los altos mandos y trabajando con la sociedad civil para instaurar mecanismos efectivos e independientes de rendición de cuentas.

El documento en cuestión, titulado Policías bajo la lupa: Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas resume las conclusiones de una conferencia regional virtual, celebrada en enero de 2021 y auspiciada por Open Society Foundation (OSF), Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que asistieron casi un centenar de personas entre activistas, gente del ámbito universitario y funcionariado público.

“Nuestras investigaciones en Latinoamérica y el Caribe, a lo largo de varios años, demuestran que, en esa región, la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía es la norma, no la excepción. En el documento que publicamos hoy se proponen cinco planteamientos concretos para poner fin a la impunidad de esos abusos. Esperamos que tanto el funcionariado público como todo el personal que trabaja con los derechos humanos utilicen este texto como guía práctica para identificar formas específicas de construir una región más justa”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las cinco recomendaciones clave que se formulan a los Estados para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía son las siguientes: introducir mecanismos independientes y efectivos de supervisión y rendición de cuentas de la policía; reconocer y fortalecer el crucial papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos de víctimas en los sistemas de supervisión y rendición de cuentas de la policía; garantizar que las posibles muertes ilegítimas a manos de la policía se investiguen de conformidad con el Protocolo de Minnesota; abordar la violencia policial ilegítima como problema estructural; y establecer con claridad en las leyes y normas la responsabilidad de los mandos y demás superiores en la violencia policial ilegítima.

“Ninguna de estas recomendaciones puede ser eficaz por sí sola. Sin embargo, todas ellas juntas, sumadas a la abundante determinación y experiencia que existe en Latinoamérica y el Caribe, pueden configurar una sólida hoja de ruta hacia una actuación policial efectiva, que rinda cuentas y que proteja los derechos humanos de todas las personas. Si los Estados las siguen, conseguirán crear una región en la que los abusos policiales sean algo excepcional, y no generalizado”, afirma Erika Guevara Rosas.

A lo largo de los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado el uso policial ilícito de la fuerza para disuadir y dispersar a manifestantes en países tales como Chile, Colombia, Honduras y Venezuela; asimismo, se ha constatado el uso ilegítimo de la fuerza en operaciones policiales para hacer cumplir las restricciones impuestas para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19 y para controlar la delincuencia. La mayoría de las personas sospechosas de responsabilidad penal por estas violaciones de derechos humanos gozan de casi total impunidad. Así, en lugares como Río de Janeiro, la policía es con frecuencia una ley en sí misma, que investiga, detiene y condena a muerte. El Salvador, por su parte, se distingue por registrar no sólo la tasa de homicidios más alta del mundo, sino también la tasa más alta de homicidios cometidos por la policía, que no paran de aumentar.

El nuevo informe pone en evidencia cómo, en Latinoamérica y el Caribe, un porcentaje desproporcionado de las víctimas de uso excesivo o ilegítimo —en general— de la fuerza a manos de la policía pertenece a comunidades que sufren discriminación estructural, como es el caso de la población indígena o afrodescendiente, migrante y refugiada, de las personas residentes en barrios con bajo nivel de ingresos y de la población LGBTIQ+.

En cuanto a las mujeres, aunque, posiblemente, no sean blanco directo de la mayoría de los homicidios cometidos por la policía, con frecuencia son ellas quienes tienen que arrostrar las consecuencias cuando un familiar muere o sufre lesiones que cambian su vida. Además, las mujeres son víctimas directas de violencia de género en países como México, en los que es frecuente que la policía y las fuerzas armadas las sometan a violencia sexual durante las detenciones y los interrogatorios. Es más, ciertos grupos de mujeres, como las trabajadoras sexuales, son blanco específico de tortura y malos tratos en diversos países, como la República Dominicana.

A menudo, la impunidad de los abusos policiales se perpetúa porque las investigaciones sobre estos delitos no son independientes, ni cumplen las normas mínimas de diligencia ni implican a las víctimas y a sus familiares. En Brasil, muchas investigaciones se han visto adulteradas por el control que ejerce la policía sobre los servicios forenses y balísticos, mientras que, en Colombia, la ausencia de investigaciones independientes ha permitido manipular pruebas y presentar homicidios ilegítimos como bajas de combate (fenómeno conocido con el apelativo de “falsos positivos”).

El incumplimiento generalizado de las normas mínimas de investigación efectiva ha provocado retrasos en las mismas en países como Brasil, Jamaica y Nicaragua, mientras que, en otros muchos países, las víctimas y sus familiares tienen que sortear numerosos obstáculos para acceder a información sobre la marcha de las investigaciones acerca del uso ilegítimo de la fuerza por la policía, y no digamos ya si lo que pretenden es participar en ellas.