Egipto: Investiguen a los agentes de policía por los vídeos de tortura filtrados, no a las víctimas

Las autoridades egipcias deben suspender sus tremendas represalias contra al menos nueve personas detenidas y tres de sus familiares y amistades, a quienes están investigando por difundir vídeos filtrados sobre abusos policiales en la primera comisaría de policía de Al Salam en El Cairo; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La organización pide que se investigue de forma inmediata y efectiva a todos los policías responsables del trato infligido a los detenidos que aparecen en los vídeos —como mantenerlos en posturas dolorosas—, incluida la causa de los hematomas y marcas visibles.

En lugar de investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado de Egipto ha abierto investigaciones contra nueve detenidos —entre ellos ocho que aparecían en los vídeos filtrados, revelados inicialmente por The Guardian el 24 de enero— y tres más, incluido un adolescente de 15 años, en detención desde febrero por acusaciones de “ayudar a difundir los vídeos”. Detenidos inicialmente por delitos de carácter no político, como posesión de drogas y agresión, desde que se filtraron los vídeos los detenidos se enfrentan a una diversidad de acusaciones, entre ellas “propagar noticias falsas”.

“Es vergonzoso y surrealista que la respuesta de las autoridades egipcias a este vídeo fuera castigar a las víctimas y algunas de sus amistades en lugar de investigar de inmediato a las personas grabadas en él en una cruda ilustración de la epidemia de tortura y otros malos tratos que vive Egipto. No es sino un ejemplo más de la farsa de las autoridades en la que niegan con descaro toda actuación indebida y reprimen las voces de las víctimas que se atreven a reclamar justicia”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Los agentes de policía de la primera comisaría de Al Salam que sean razonablemente sospechosos de haber participado en la tortura y otros malos a personas detenidas deben ser apartados del servicio hasta que se lleven a cabo investigaciones criminales, y las autoridades deben garantizar que los detenidos que denuncian haber sufrido tortura y otros malos tratos reciben protección frente a nuevas represalias y pueden prestar declaración de forma confidencial. Todas las personas recluidas exclusivamente en relación con los vídeos filtrados deben quedar en libertad de inmediato ya que estaban ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.”

Amnistía Internacional ha revisado los dos vídeos en cuestión, que recibió de una fuente el 23 de enero de 2022, antes de que publicara su artículo. En uno de ellos, grabado furtivamente a través de la puerta de una celda, aparecen dos reclusos sin camisa colgados por los brazos de una reja. En el segundo vídeo se ven reclusos haciendo cola para mostrar sus heridas y marcas, y se los oye decir que fueron infligidas por agentes de policía. Amnistía Internacional examinó las cuentas en redes sociales de tres agentes de policía nombrados por los detenidos en los vídeos señalando que trabajan en la primera comisaría de policía de Al Salam.

En respuesta al artículo publicado en el 24 de enero, el Ministerio del Interior desestimó al instante los vídeos como falsos. El 15 de febrero, la fiscalía afirmó de manera inverosímil que los hombres que aparecían en los vídeos habían sido “incitados por personas desconocidas” de dentro y fuera de Egipto a “autolesionarse” con una moneda y a difundir el vídeo con ánimo de “propagar mentiras e inestabilidad”. Las investigaciones estaban plagadas de defectos, y la propia fiscalía admitió que basaba sus acusaciones en las investigaciones policiales.

Más adelante en febrero, medios de comunicación y cuentas de redes sociales progubernamentales difundieron vídeos de algunos de los detenidos reconociendo que los vídeos filtrados eran una actuación y que sus lesiones se debían a una pelea. Estas “confesiones” se grabaron en circunstancias claramente coercitivas: los detenidos estaban esposados unos a otros y eran interrogados agresivamente por agentes de policía, de una forma que violaba su derecho a no inculparse así como la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

El 1 de febrero de 2022, Amnistía Internacional recibió un tercer vídeo en el que varios de los detenidos que aparecían en uno de los originales suplicaban al presidente egipcio que los salvara de la tortura y las represalias de la policía. En este tercer vídeo, grabado el 28 de enero, se veían varios hombres con heridas en la parte superior del cuerpo y las extremidades, quejándose de nuevas palizas a manos de la policía y de tener prohibidas las visitas familiares y las entregas de comida como castigo por las primeras filtraciones. Al menos uno de los hombres que aparecían en los vídeos está recluido en un lugar no revelado desde el 30 de enero, en condiciones constitutivas de desaparición forzada.

Persecución de las víctimas Según tres fuentes informadas y el Frente Egipcio por los Derechos Humanos, al menos 12 personas comparecieron por separado ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado entre el 16 de febrero y el 1 de marzo en relación con los vídeos filtrados. Todas fueron detenidas a continuación en espera de las investigaciones sobre varios cargos, como “propagación de noticias falsas”, “pertenencia a un grupo terrorista”, “ayuda a un grupo terrorista”, “posesión de herramienta de publicación en un lugar de detención”, “financiación de un grupo terrorista” y “uso indebido de redes sociales”.

Nasser Omran, de 46 años, recluido en relación con el vídeo filtrado, estuvo sometido a desaparición forzada desde su arresto, el 9 de febrero, hasta su comparecencia ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, el 20 de febrero, en contravención de la legislación egipcia y el derecho internacional. Durante ese periodo fue privado de contacto con familiares y abogados. Antes había estado detenido en la primera comisaría de policía de Al Salam, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, en relación con un delito relacionado con drogas del cual ya ha sido absuelto.

También se ha actuado contra familiares y amistades de los detenidos que aparecían en los vídeos filtrados.

El 16 de febrero, las fuerzas de seguridad arrestaron al estudiante de 15 años Ziad Khaled en su domicilio de Ciudad El Salam, gobernación de El Cairo. Registraron su casa sin una orden judicial, confiscaron su teléfono y lo pusieron bajo custodia en condiciones constitutivas de desaparición forzada en un lugar no revelado. Allí, las fuerzas de seguridad lo interrogaron sobre su relación con un detenido que aparecía en los vídeos filtrados antes de llevarlo ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado el 1 de marzo. Continúa detenido en espera de las investigaciones sobre las acusaciones de “ayudar y financiar a un grupo terrorista” y “propagar noticias falsas”.

Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que cierren las investigaciones sobre los 12 detenidos por su participación en el vídeo y ordenen su liberación si no van a acusarlos y remitirlos a juicio por delitos internacionalmente reconocibles y no relacionados con los vídeos filtrados. Las autoridades deben garantizar que quienes han sufrido tortura y otros malos tratos obtienen una reparación adecuada por los daños sufridos.

“El gobierno egipcio afirma que está mejorando la situación de los derechos humanos, pero sus palabras suenan falsas ante la evidencia de la complicidad de la fiscalía con la policía al presentar cargos infundados de terrorismo contra quienes se atreven a denunciar la tortura y otros malos tratos policiales en lugar de exigir rendición de cuentas a los policías responsables. Este contexto de impunidad y represalias pone de relieve la necesidad de un mecanismo internacional de vigilancia y presentación de informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la situación de los derechos humanos en Egipto”, ha afirmado Philip Luther.

Información complementaria

En Egipto es habitual el uso de la tortura y otros malos tratos, especialmente en la fase de investigación y el periodo inicial de la detención. Los métodos de tortura denunciados con mayor frecuencia son las descargas eléctricas, la suspensión por las extremidades, la reclusión indefinida en régimen de aislamiento y en condiciones inhumanas, los abusos sexuales y las palizas.

Amnistía Internacional viene documentando el uso de tortura y desaparición forzada por la Agencia de Seguridad Nacional, el servicio de Inteligencia Militar y los servicios de Inteligencia General desde 2015, incluido el uso de tortura para obtener “confesiones”. Decenas de personas han muerto bajo custodia desde 2013 en medio de informes verosímiles de que fueron privadas de acceso a asistencia médica y sufrieron tortura y otros malos tratos.