Ejecución programada en Texas por un delito cometido a los 18 años de edad

Está previsto que Ramiro Gonzales sea ejecutado en Texas el 13 de julio de 2022. Fue condenado a muerte en septiembre de 2006 por un asesinato cometido en enero de 2001, cuando tenía 18 años y salía de una infancia de abusos y abandono. Ahora tiene 39. Amnistía Internacional insta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y al gobernador del estado a otorgar clemencia.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Gobernador
Texas Governor Greg Abbott

Office of the Governor

PO Box 12428, Austin

Texas 78711-2428

EE. UU.

 

 

Señor Gobernador Abbott:

Está previsto que Ramiro Felix Gonzales (TDCJ #999513) sea ejecutado en Texas el 13 de julio de 2022.

Ramiro Gonzales tenía 18 años y dos meses en el momento del asesinato de Bridget Townsend, en 2001. Salía de una infancia de graves abusos y abandono. Una neuropsicóloga testificó en el juicio que Ramiro “básicamente se crió a sí mismo”, tenía la madurez emocional de un chico de 13 o 14 años y, en su opinión, estaba probablemente en el 10% más alto de los niños dañados emocionalmente.

No deseo minimizar las consecuencias de un crimen violento, pero me inquieta el uso que su estado hace de la pena de muerte, incluso contra personas jóvenes. Más del 13% de todas las personas ejecutadas en Texas entre 1982 y 2022 tenían 18 o 19 años en el momento del delito.

Al prohibir en 2005 la ejecución de las personas menores de 18 años, la Corte Suprema de Estados Unidos señaló que “las cualidades que distinguen a los menores de los adultos no desaparecen cuando la persona cumple los 18 años”, y dejó claro que la pena de muerte “debe limitarse a los delincuentes [...] cuya culpabilidad extrema los convierte en los más merecedores de la ejecución”. Le insto a considerar de qué manera una condena a muerte impuesta a un joven de 18 años con daño emocional cumple este requisito.

Le insto a detener la ejecución de Ramiro Gonzales y garantizar que se conmuta su condena a muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

 Información complementaria

En octubre de 2002, Ramiro Gonzales se declaró culpable del secuestro y violación de una mujer, cometido en septiembre de 2001, y fue condenado a cadena perpetua. Poco después de empezar a cumplir esta condena, admitió haber asesinado a una mujer de 18 años en enero de 2001 mientras robaba en la casa de la persona que le suministraba cocaína (una droga que ya había consumido ese mismo día). En el momento del asesinato, hacía 72 días que Ramiro Gonzales había cumplido 18 años.

En la fase de determinación de la pena de su juicio de 2006, la fiscalía presentó a un psiquiatra que testificó que Ramiro Gonzales probablemente cometería actos violentos en prisión. El psiquiatra reconoció que la Asociación Psiquiátrica Estadounidense consideraba poco científicas y poco fiables estas predicciones de “peligrosidad futura”, una conclusión del jurado que es requisito previo para dictar una condena a muerte en Texas. Se ha demostrado desde hace tiempo que esas predicciones son sumamente inexactas, aunque la fiscalía las considera efectivas cuando pide la pena de muerte. Aunque Ramiro Gonzales ha cometido algunas infracciones disciplinarias leves durante su estancia en el corredor de la muerte, todas ellas han sido no violentas.

Los abogados defensores presentaron en la fase de determinación de la pena a testigos que declararon que el acusado había sido abandonado de hecho por su madre, quien había esnifado pintura, bebido alcohol y consumido drogas durante el embarazo, y había intentado abortar en dos ocasiones (en la apelación, se rechazó la alegación de que los abogados defensores deberían haber contratado un experto que evaluara si Ramiro Gonzales sufría un trastorno del espectro alcohólico fetal como testimonio atenuante adicional). El padre de Ramiro tampoco estuvo presente durante su infancia. Ramiro Gonzales, que quedó a cargo de sus abuelos maternos, apenas tuvo ninguna supervisión. Los testigos dieron también detalles de los abusos físicos y sexuales a los que había sido sometido, incluido el abuso sexual a manos de un primo cuando tenía seis años o menos, y a manos de una mujer más mayor cuando tenía 12 o 13. Ramiro Gonzales empezó a consumir alcohol y drogas a los 11 años. Una neuropsicóloga testificó que “básicamente se crió a sí mismo” y que tenía la madurez emocional de un chico de 13 o 14 años. La testigo declaró que era “un joven muy dañado” y que, en su opinión, estaba probablemente en el 10% más alto de los niños dañados emocionalmente. Le diagnosticó trastorno reactivo de la vinculación, un trastorno por el que un niño o niña no ha podido establecer vínculos emocionales estables con sus progenitores o las personas que lo cuidan, a menudo a causa de abusos o abandono emocional a una edad temprana.

Cuando la Corte Suprema resolvió en 1989 que los estados podían seguir ejecutando a personas por delitos cometidos a los 16 o 17 años, los cuatro jueces discrepantes señalaron que “muchos de los cambios psicológicos y emocionales que experimenta un adolescente al madurar no se producen, de hecho, hasta los primeros años de la veintena”, y que “los adolescentes condenados a muerte parecen sufrir habitualmente toda una serie de problemas psicológicos, emocionales y de otro tipo que afectan a su capacidad probable de criterio y a su nivel de culpabilidad”. Cuando la Corte prohibió en 2005 la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, reconoció expresamente la inmadurez, la impulsividad, la falta de criterio, el escaso desarrollo del sentido de la responsabilidad y la vulnerabilidad o susceptibilidad de la gente joven a “influencias negativas y presiones externas, incluidas las de sus compañeros”, así como su potencial de reforma. En esta ocasión, la mayoría señaló que las “cualidades que distinguen a los menores de los adultos no desaparecen cuando la persona cumple los 18 años”.

El 60% de las ejecuciones de menores de 18 años en el momento del delito llevadas a cabo en Estados Unidos han tenido lugar en Texas. De los 13 menores ejecutados en ese estado, nueve eran negros (8) o hispanos (1) y, de estos nueve, seis (el 67%) habían sido declarados culpables de delitos con víctimas blancas. Aunque no está sometida a la prohibición categórica contenida en el derecho internacional y constitucional relativa a las personas menores de 18 años, la ejecución de personas que tenían 18 o 19 años en el momento del delito ha seguido unos patrones geográficos y raciales similares. Se ha ejecutado a más personas de estas edades en Texas que en cualquier otro estado; de hecho, sólo otros cuatro estados han ejecutado a más personas de cualquier edad que Texas a personas que tenían 18 o 19 años en el momento del delito. Setenta y siete de las 574 personas (el 13%) ejecutadas en Texas desde 1982 hasta junio de 2022 tenían 18 o 19 años en el momento del delito. De estas 77, 48 eran afroamericanas (el 62%) y, de éstas, 34 (el 71%) habían sido declaradas culpables de delitos con víctimas blancas. Desde 2014, Texas ha ejecutado a nueve personas por delitos cometidos cuando tenían 18 años; cuatro eran negras, tres hispanas y dos blancas. Ramiro Gonzales es hispano. La víctima era blanca.

Dos de las 13 ejecuciones federales llevadas a cabo en Estados Unidos entre julio de 2020 y enero de 2021 eran de dos hombres negros declarados culpables del asesinato de una pareja blanca, cometido cuando tenían 18 o 19 años. Ambos fueron declarados culpables por un tribunal federal en el mismo distrito de Texas en el que Ramiro Gonzales fue juzgado en un tribunal estatal. A medida que se aproximaba la segunda de las dos ejecuciones federales, la fiscal federal que defendió las condenas a muerte en apelación reveló que había cambiado de opinión. La fiscal señaló que “la ciencia ha establecido que las estructuras cerebrales no están totalmente desarrolladas en los hombres jóvenes hasta que cumplen los 25 o 26”, y que “las personas de 18 años no son diferentes de las de 17 en cuanto a inmadurez y potencial de rehabilitación”.

En lo que va de año se han llevado a cabo siete ejecuciones en Estados Unidos, una de ellas en Texas, estado que tiene en su haber 574 de las 1.547 ejecuciones llevadas a cabo en el país desde 1976. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente.

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