Rusia/Ucrania: Inhabilitados abogados crimeos de derechos humanos

Los abogados Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev y Nazim Sheikhmambetov fueron inhabilitados el 15 de julio en represalia por su trabajo de derechos humanos como defensores de activistas de la comunidad tártara de Crimea (ocupada por Rusia) sobre quienes pesaban cargos de motivación política. A menos que la decisión se revoque, no podrán representar a sus clientes en procesos penales ni ante los tribunales, y tampoco podrán presentarse de nuevo a los exámenes de habilitación profesional hasta dentro de un año. Estos hechos suponen una advertencia para el resto de profesionales del derecho de Crimea, en un momento en el que proliferan las represalias contra activistas por razones políticas.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Presidente del Colegio de Abogados Federal de Rusia
Yuriy S. Pilipenko

President of the Russian Federal Bar Association

43 Sivtsev Vrazhek lane,

Moscow, 119002, Rusia

Correo-e: [email protected], [email protected]

 

Señor presidente:

 

Le escribo para transmitirle mi consternación por la reciente inhabilitación de los abogados Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev y Nazim Sheikhmambetov —sólo por haber cumplido con su deber profesional en defensa de los derechos humanos en Crimea—, y para instarles a usted y a la comunidad de profesionales del derecho a redoblar sus iniciativas de solidaridad y defensa, y tomar medidas para volverlos a habilitar de inmediato como abogados en ejercicio.

 

Los tres eran miembros del Colegio de Abogados “Nizam” (República Chechena), que los inhabilitó el 15 de julio en respuesta a una queja presentada en su contra por la Dirección del Ministerio de Justicia en Chechenia. Como miembro de la comunidad de profesionales del derecho, sentirá sin duda la misma preocupación que yo por el hecho de que estas personas hayan sido inhabilitadas a causa de una queja formulada por un organismo estatal, ya que con ello se vulnera el principio fundamental de independencia de la profesión legal. Los abogados en cuestión aseguran no haber recibido ninguna notificación sobre la queja ni sobre la vista disciplinaria en su contra. Aunque la Dirección del Ministerio de Justicia los ha acusado de infracciones profesionales, resulta evidente que la decisión es una represalia por su trabajo de derechos humanos en Crimea, donde han representado a clientes en casos de motivación política. Los interesados piensan recurrir su inhabilitación ante los tribunales y ante el Colegio de Abogados Federal. A menos que ésta se revoque de inmediato, no podrán representar a sus clientes en procesos penales ni ante los tribunales, y tampoco podrán presentarse de nuevo a los exámenes de habilitación profesional hasta dentro de un año.

 

Como probablemente sabrá, la comunidad de profesionales del derecho de Crimea viene sufriendo cada vez más represalias a lo largo de los últimos años y meses, por lo que la inhabilitación de estos tres abogados supone una nueva advertencia disuasoria. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han sometido a personas de esa comunidad profesional a registros y detenciones arbitrarias, y algunas de ellas han recibido multas excesivas o han sido recluidas en lo que se conoce como detención administrativa por “delitos” que consistían en el ejercicio de sus derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

 

A través de esta carta, me dirijo no sólo a usted, sino también a toda la profesión legal de su país y, en concreto, al Colegio de Abogados Federal de Rusia, y los insto a todos a solidarizarse con la comunidad profesional, y a tomar medidas para proteger a aquellos integrantes suyos que, como abogados y abogadas, cumplen con su deber profesional de conformidad con las normas internacionales. En concreto, insto al Colegio de Abogados Federal de Rusia a ejercer la autoridad y la discreción que le confiere el artículo 37.2 de la Ley Federal sobre el Trabajo y la Profesión Legal (63-FZ, de 31 de mayo de 2002) para anular la decisión de inhabilitar a Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev y Nazim Sheikhmambetov.

 

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

La situación de derechos humanos de Crimea viene deteriorándose desde la ocupación y la anexión ilegal de ese territorio por Rusia en 2014. Esta realidad experimentó un empeoramiento notable a partir del comienzo de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, el 24 de febrero de 2022,  con duras represalias contra personas que intentaban ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tales como activistas cívicos, periodistas independientes, gente con opiniones favorables a Ucrania e integrantes de grupos confesionales, entre otras. Las continuas represalias se han cebado, sobre todo, con figuras destacadas y activistas de la comunidad tártara de Crimea, a la que las autoridades de facto han considerado siempre desleal a Rusia como potencia ocupante.

El Mejlis del Pueblo Tártaro Crimeo, órgano de autogobierno que había abanderado la promoción de la cultura, la identidad y las tradiciones tártaras de Crimea, fue arbitrariamente prohibido en 2016, en aplicación de la legislación rusa contra el extremismo. Sus dirigentes y activistas se han exiliado y, los que no lo han hecho, han sido procesados y encarcelados. Ese mismo grado de persecución lo sufren también ahora activistas de movimientos de base surgidos con posterioridad, en un intento de proteger a la comunidad tártara de Crimea frente a nuevas represalias. Muchas de esas personas han sido detenidas en virtud de cargos infundados de terrorismo y encarceladas en Rusia, tras haber sido enjuiciadas, sin las debidas garantías, ante tribunales militares.

Este mismo mes, organismos rusos encargados de hacer cumplir la ley detuvieron a seis varones tártaros de Crimea, a quienes acusaron de pertenecer a Hizb ut Tahrir —movimiento religioso proscrito en Rusia por “terrorismo” , pero no en Ucrania—, cuyos casos se sumaron a un mínimo de 82 detenciones similares efectuadas en años anteriores, que se tradujeron en sentencias condenatorias de entre 10 y 20 años.

Para representar a las víctimas de procesos judiciales de motivación política, los abogados y abogadas locales han tenido que hacer muestra de especial valentía, puesto que ellos mismos han tenido también que enfrentarse a represalias constantes, incluidos registros ilegítimos, cuantiosas multas, encarcelamientos en forma de “detención administrativa” y amenazadas continuas de inhabilitación.

Tras la ocupación y la anexión ilegal de Crimea, Rusia importó íntegramente su legislación a la península, lo cual es, en sí mismo, una violación del derecho internacional humanitario, que rige la ocupación. En consecuencia, los abogados y abogadas locales dejaron de ser formalmente reconocidos como tales, y tuvieron que solicitar su admisión en colegios de abogados de Rusia, para poder representar a clientes en procesos penales y ante los tribunales en Crimea. También se ha instituido un colegio de abogados en Crimea, de acuerdo con la legislación rusa. Sin embargo, se ha vetado su petenencia a él a abogados y abogadas de derechos humanos. Tanto Rustem Kyamilev como Lilya Gemedzhi han pedido que su afiliación se transfiera al Colegio de Abogados de Crimea, pero éste ha desestimado reiteradamente sus solicitudes alegando motivos poco convincentes, como las restricciones impuestas en relación con la pandemia de COVID-19 (en Rusia y en la Crimea ocupada estas restricciones y las sanciones correspondientes se aplicaron, a menudo, de manera selectiva para reprimir a personas críticas con el gobierno u opuestas a él).

Pueden escribir llamamientos en: ruso o inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 17 de octubre de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: lilya gemedzhi (femenino), rustem kyamilev (masculino), nazim sheikhmambetov (masculino)