Honduras: Asesinados dos defensores del agua

Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, miembros de la resistencia popular de Guapinol (departamento de Colón, norte de Honduras) contra una mina de hierro, fueron hallados muertos en la comunidad de Guapinol el 7 de enero de 2023. Según sus familiares, ambos fueron interceptados por unos atacantes armados que dispararon contra ellos y los mataron en el acto. Aly es hermano de Reynaldo Domínguez, y los dos forman parte de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras. Pedimos a las autoridades hondureñas que garanticen que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales y que se toman medidas inmediatas para brindar a estas personas protección completa e inmediata.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Sr. Óscar Fernando Chinchilla

Fiscal General

Posta Edificio Lomas Plaza II,

Col. Lomas del Guijarro,

Tegucigalpa,

Honduras

Correo-e: [email protected]

Twitter: @MP_Honduras / @ofchb

Señor Fiscal General:

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la muerte de los defensores de los derechos humanos Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, ocurrida en la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, en Honduras, el 7 de enero de 2023, así como por la seguridad de sus familiares, la comunidad de Guapinol y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP).

Según información del CMDBCP, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron abatidos a tiros el 7 de enero de 2023, cuando regresaban del trabajo a casa en un ciclomotor. La población de Guapinol y otras comunidades de Tocoa han sufrido continuos ataques a causa de su impugnación pacífica de la legalidad de un proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras; esos ataques han incluido la detención injusta de ocho defensores del río Guapinol, conocidos como los “ocho de Guapinol”, que obtuvieron notoriedad y atención globales.

Las autoridades responsables de la investigación deben respetar el derecho de las familias de los defensores de los derechos humanos a la justicia, la verdad y la reparación. Según las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades deben considerar el trabajo de derechos humanos de las víctimas como hipótesis para estos crímenes.

Por tanto, le insto a llevar a cabo urgentemente una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial para identificar a todos los responsables de los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Varias comunidades, grupos campesinos, parroquias y organizaciones locales del municipio de Tocoa (departamento de Colón), en el norte de Honduras, encabezados por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), se oponen a la concesión otorgada a la empresa minera Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras (anteriormente conocido como Montaña de Botaderos) desde 2015.

El 1 de agosto de 2018, unos residentes locales establecieron el “campamento de Guapinol” para protestar pacíficamente contra la concesión y explotación minera del núcleo de un área protegida donde se encuentran las fuentes de agua de las que dependen estas comunidades para su supervivencia. Se han presentado varias denuncias penales ante los tribunales locales, que siguen pendientes. Los miembros del CMDBCP se han enfrentado al menos a dos procesos penales desde 2018 por defender los ríos Guapinol y San Pedro frente al impacto del proyecto minero. A causa de esos procesos, Aly y su hermano Reynaldo Domínguez, pasaron un tiempo en prisión en 2019 junto con otros defensores del río Guapinol.

Esos mismos procesos condujeron a que ocho defensores del río Guapinol permanecieran detenidos injustamente durante más de dos años exclusivamente por defender de forma pacífica el derecho a agua no contaminada; esa detención provocó la indignación internacional. Tras un riguroso análisis, Amnistía Internacional determinó que el expediente del caso mostraba múltiples defectos en la investigación y declaró a estos defensores presos de conciencia. Desde la liberación de estos defensores en febrero de 2021, el CMBDCP ha denunciado ataques contra sus miembros, incluidas estigmatización y vigilancia. El Comité sigue exigiendo que se ponga fin al proyecto minero.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha alertado sobre numerosos homicidios y otros ataques contra activistas en Honduras, uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos. A pesar de la gravedad de los ataques contra estos defensores, Honduras aún no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos relativo al medioambiente en Latinoamérica y el Caribe, que obliga a los Estados firmantes a proteger a los defensores y defensoras ambientales, y que entró en vigor el 22 de abril de 2021.