La desgarradora situación que enfrentan hoy las personas de Cedeño es el resultado de años de inacción climática, tanto del Estado hondureño, como de la comunidad internacional

La comunidad costera de Cedeño, en el Golfo de Fonseca, enfrenta una crisis de derechos humanos provocada por los impactos del cambio climático, incluyendo la erosión costera, el aumento del nivel del mar y la falta de una respuesta estatal adecuada, señaló Amnistía Internacional al presentar su nuevo informe Cedeño: “Perderlo todo, casa e hijos”, Desplazamiento climático desde el Pacífico hondureño.  

El informe revela que en esta zona, impactada hace pocos días por la tormenta tropical Cristina, la línea costera ha retrocedido unos 135 metros entre 2004 y 2026, lo que equivale a 6,13 metros por año. Esta pérdida de territorio está afectando directamente el acceso a los derechos humanos de las personas que viven en Cedeño. 

“La desgarradora situación que enfrentan hoy las personas de Cedeño es el resultado de años de inacción climática, tanto del Estado hondureño, como de la comunidad internacional. Hoy en día están amenazados sus derechos al agua, a la alimentación y a la vivienda, lo que también compromete su derecho a una vida digna. Sus relatos de lo vivido son una llamada de auxilio que exigen una atención inmediata”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

La desgarradora situación que enfrentan hoy las personas de Cedeño es el resultado de años de inacción climática, tanto del Estado hondureño, como de la comunidad internacional.” 

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

Derechos en riesgo 

A pesar de que sus emisiones de gases de efecto invernadero son mínimas, Honduras está entre los países más afectados por el cambio climático a nivel mundial. En Cedeño, las reiteradas marejadas, la erosión costera y el aumento del nivel del mar ponen en riesgo los derechos de las y los habitantes. El acceso al agua está limitado. Muy pocas personas tienen acceso a la red de distribución debido a los daños ocasionados por las marejadas sucesivas. Como resultado, la mayoría de las familias entrevistadas se abastecen de agua a partir de pozos perforados por cuenta propia, pero el agua no es apta para el consumo debido a la contaminación y salinización de las fuentes de agua dulce. 

La alimentación de cientos de personas también está en riesgo. La principal actividad de las familias en esta zona es la pesca artesanal, pero esta actividad está cada vez más comprometida. No solamente se ven reducidos sus ingresos cuando las marejadas impiden la salida de las lanchas y pequeñas embarcaciones. Los pescadores también han observado una reducción de sus capturas, vinculada a la degradación de los ecosistemas, incluyendo la tala del manglar, y no existen otras alternativas sostenibles para generar ingresos.  

En Cedeño Centro, las marejadas también han causado daños a la infraestructura de la comunidad, restaurantes de playa, negocios y viviendas. Aunque no se cuenta con una cifra exacta de casas destruidas, varios testimonios dan cuenta de personas que han perdido y reconstruido su casa en más de una oportunidad.   

“Tengo dos hijas en Estados Unidos, sin papeles, ellas me mandan para sobrevivir. Vivíamos felices antes de la pérdida de mi casa y mi negocio por la marejada. Si eso no hubiera pasado, no se hubieran ido.”  Sonia*, habitante de Cedeño.

“Tengo dos hijas en Estados Unidos, sin papeles, ellas me mandan para sobrevivir. Vivíamos felices antes de la pérdida de mi casa y mi negocio por la marejada. Si eso no hubiera pasado, no se hubieran ido.”  Sonia*, habitante de Cedeño.

Los resultados de la investigación muestran que frente a esta situación, la respuesta de las autoridades hondureñas ha sido muy limitada. Las familias suelen cubrir de sus propios bolsillos, ya impactados por la compra de agua potable y la dependencia creciente a alimentos externos, la reconstrucción o reparación de sus casas y negocios, lo cual, según sus testimonios, también genera endeudamiento.  

Amnistía Internacional concluye que, en su conjunto, los impactos del cambio climático, sumados al fracaso de las autoridades hondureñas para brindar asistencia y responder adecuadamente a las necesidades de las personas damnificadas, vulneran su derecho a una vida digna.  

Reubicación digna e integral  

Más allá de la atención humanitaria que brindan puntualmente la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y otras instituciones en caso de desastres repentinos, no existe un mecanismo en la legislación nacional para atender a las personas que necesitan ser reubicadas de manera más permanente debido a los impactos del cambio climático u otros desastres. La ley hondureña sobre el desplazamiento y el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (SINARDEFI) solamente atienden a las personas desplazadas debido a la violencia.  

Desde mayo de 2025 las personas organizadas en la mesa de justicia climática de Cedeño se han acercado al alcalde de Marcovia, del cual depende Cedeño, y varias Secretarías del gobierno, pidiendo la instalación de una mesa interinstitucional para atender sus necesidades y, sobre todo, organizar la reubicación planificada, digna e integral de sus viviendas. Según sus estimaciones, hoy en día unas 990 personas necesitan ser reubicadas ante los riesgos para sus viviendas. 

Amnistía Internacional celebra el anuncio realizado el 3 de junio de 2026 por el gobierno de Honduras, para la creación de una mesa técnica interinstitucional coordinada por COPECO para atender la situación de las comunidades afectadas por el avance del mar en Cedeño. 

La organización solicita al gobierno que este anuncio se traduzca en un plan de reubicación que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con recursos suficientes para su implementación, y que garantice la participación efectiva de la comunidad en todo el proceso. Además, ante las previsiones de aumento numérico o de la intensidad de los fenómenos meteorológicos debido al calentamiento global, Amnistía Internacional urge al Congreso crear un marco normativo para atender a las personas desplazadas debido a los impactos del cambio climático y desastres y regir este tipo de reubicaciones planificadas, conforme a las obligaciones internacionales establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32/25. 

Desplazamiento climático  

Los testimonios recibidos evidencian que los impactos de las marejadas y la falta de garantías de derechos humanos en Cedeño son un catalizador para el desplazamiento climático tanto interno como transfronterizo, en particular para las personas adultas jóvenes.  

El informe destaca la insuficiencia de vías para la migración legal y segura desde Honduras, en particular para quienes se ven empujados por la crisis climática. Esta situación ha orillado a las personas de Cedeño hacia la migración irregular. Muchos se encuentran en Estados Unidos, sin estatus migratorio regular y con miedo a ser deportadas. 

Los Estados, incluyendo Estados Unidos y México, tienen la obligación de no devolver a sus países de origen si las personas temen de sufrir violaciones de derechos en el contexto de la emergencia climática y los desastres. No obstante, en la práctica, han implementado medidas que limitan el acceso a la protección internacional y violan rutinariamente los derechos humanos.  

El endurecimiento de las políticas migratorias de México y Estados Unidos pone en riesgo la vida de miles de personas. Amnistía Internacional llama a estos Estados a abstenerse de retornar a Honduras a personas con necesidades de protección Internacional, y solicita a la comunidad internacional establecer nuevas categorías migratorias, basadas en derechos y aumentar los ya existentes, para a las personas más afectadas por los impactos del cambio climático y los desastres. 

“Cedeño muestra una doble injusticia: las personas están siendo expulsadas de su territorio por una crisis climática que no causaron y, al mismo tiempo, enfrentan políticas migratorias cada vez más restrictivas cuando buscan protección o alternativas de vida. La respuesta no puede ser abandono ni deportación. Debe ser protección, justicia climática y cooperación internacional”, dijo Ana Piquer. 

Cedeño muestra una doble injusticia: las personas están siendo expulsadas de su territorio por una crisis climática que no causaron y, al mismo tiempo, enfrentan políticas migratorias cada vez más restrictivas cuando buscan protección o alternativas de vida.” 

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

Falta de adaptación y financiamiento climáticos  

La documentación analizada muestra que desde hace más de 20 años los distintos gobiernos de Honduras han tenido conocimiento sobre la situación de Cedeño. Más recientemente, las autoridades hondureñas han reconocido las afectaciones a los derechos humanos que enfrentan las poblaciones costeras, y la necesidad de adaptar medidas para protegerlas ante los impactos del cambio climático, así como proteger los ecosistemas. Sin embargo, las condiciones de vida de las y los habitantes de Cedeño han continuado deteriorándose. 

Amnistía Internacional considera que el desamparo en la que viven estas personas está estrechamente relacionado con la falta de medidas de adaptación climática por parte del gobierno de Honduras. Pese a contar con un marco normativo e institucional en materia climática, Honduras enfrenta serios retos para la implementación de sus estrategias climáticas, debido a limitaciones de recursos y de capacidad institucional.  

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligación del Estado de Honduras adoptar medidas para proteger los derechos humanos de su población en el contexto de la emergencia climática al agua, a la alimentación, a la vivienda, y que incluso estas medidas son esenciales para prevenir las migraciones y desplazamientos forzados derivados de los desastres y de los impactos del cambio climático.  

“La investigación evidencia que a pesar de los grandes retos que enfrenta, el gobierno de Honduras tiene entre sus manos una serie de oportunidades para impulsar la implementación de las estrategias climáticas que urgentemente necesitan las personas de Cedeño y su población en general, y adaptar su marco normativo para garantizar los derechos de las personas desplazadas por los desastres y el cambio climático. Este Gobierno no las debe desaprovechar” agregó Ana Piquer.  

Estos retos se enmarcan en un contexto de falta de financiamiento climático internacional, que resaltó el gobierno hondureño anterior. Si bien todos los países tienen la obligación de luchar colectivamente contra el cambio climático, la organización subraya que los principales emisores tienen la responsabilidad de apoyar a los países de bajos ingresos con financiación climática. En este sentido, Amnistía Internacional ha llamado a que estos apoyos se materialicen de preferencia en forma de donaciones y no de deudas, para que países como Honduras puedan financiar la adaptación y mitigación climáticas y las medidas de reparación por pérdidas y daños sin endeudarse.