Irán: Riesgo de ejecución de joven con discapacidad mental

Mohammad Ghobadlou llevaba bajo la supervisión de un hospital psiquiátrico por trastorno bipolar desde que tenía 15 años. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, durante los dos meses previos a su detención el 22 de septiembre de 2022, el joven había presentado un mayor nivel de angustia y episodios de estados de ánimo extremos. Tras su detención, estuvo recluido durante varios días en un centro de detención de la Policía de Seguridad Pública, dependiente de la Fuerza de Aplicación de la Ley (police-e amniat), donde, según la información recopilada por Amnistía Internacional, fue brutalmente golpeado. La organización ha tenido conocimiento de que, tras recibir repetidas palizas y después de que quienes lo interrogaban le prometieran que iban a ponerlo en libertad y facilitarle su salida de Irán, Mohammad Ghobadlou fue obligado a “confesar” y leer ante una cámara de vídeo una declaración previamente redactada. Mientras continuó la fase de investigación, hasta finales de octubre de 2022, el joven permaneció recluido en la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán. Durante ese tiempo, lo llevaron ante el instructor jefe de la Sección 1 de la Fiscalía de Robat Karim, en la provincia de Teherán, para interrogarlo. Mohammad Ghobadlou afirmó que, durante cada traslado, los agentes le ataban las manos a los pies, lo metían a empujones bajo el asiento trasero de un automóvil y lo golpeaban.

Durante la fase de investigación y hasta después de la primera sesión judicial que tuvo lugar el 29 de octubre de 2022, Mohammad Ghobadlou se vio privado de la medicación que tomaba para tratar su trastorno bipolar. Esta práctica abusiva, que contraviene la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, le provocó un deterioro de la salud mental y lo colocó en una situación de mayor vulnerabilidad durante los interrogatorios y el juicio. El 1 de noviembre de 2022, su madre hizo público un mensaje de vídeo en el que afirmaba que las autoridades habían prohibido a su hijo recibir visitas, lo mantenían recluido en régimen de aislamiento y no le proporcionaban su medicación. Posteriormente, las autoridades trasladaron al joven desde la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán a la prisión de Rajai Shahr, en Karaj, donde continúa hasta la fecha. Allí le proporcionaron la medicación, pero lo mantuvieron recluido en régimen de aislamiento hasta dos días antes de la segunda sesión judicial que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2022. Amnistía Internacional examinó dos cartas oficiales, del 11 y el 15 de octubre de 2022, que las autoridades superiores de la penitenciaría central del área metropolitana de Teherán enviaron a la fiscalía y en las que se alertaba sobre el estado mental del joven y se pedía su excarcelación por motivos médicos. Los documentos llevan los sellos oficiales del fiscal de Robat Karim (provincia de Teherán) y del instructor jefe de la Sección 1 de la fiscalía de Robat Karim, lo que indica que recibieron las advertencias. Pese a ello, la fiscalía no tomó medidas para garantizar que Mohammad Ghobadlou recibe su medicación ni ordenó una evaluación en detalle de su salud mental, que, según su familia y su abogado, hubiera aportado pruebas de que la discapacidad mental del joven había disminuido considerablemente su responsabilidad sobre las acciones que llevaba a cabo. A Mohammad Ghobadlou lo llevaron ante un psiquiatra que trabajaba para la Organización de Medicina Legal de Irán, el instituto forense de carácter oficial que depende del poder judicial, en una sola ocasión aproximadamente dos semanas después de su detención. Al facultativo no le facilitaron la información general sobre la salud mental del joven ni su historial médico. Sin realizar una evaluación detallada y tras formular varias preguntas generales sobre los sucesos del 22 de septiembre de 2022, el psiquiatra afirmó que Mohammad Ghobadlou había actuado de manera deliberada y comprendía perfectamente la naturaleza de su conducta, y testificó en este sentido ante el Tribunal Penal Uno de la provincia de Teherán el 10 de diciembre de 2022. Sin embargo, el 29 de ese mismo mes, el facultativo se retractó de su postura anterior y se sumó a las decenas de psiquiatras que publicaron una carta abierta al presidente de la magistratura en la que insistían en que un comité formado por psiquiatras de prestigio examinara minuciosamente la salud mental de Mohammad Ghobadlou y evaluara su impacto en la capacidad de obrar con discernimiento del joven. Las normas internacionales exigen que, en los casos de pena capital, las personas acusadas tengan acceso a evaluaciones rigurosas e independientes de salud mental en diversos momentos durante todo el proceso de justicia penal; y que, tan pronto como se diagnostique una discapacidad mental, las personas presas reciban un tratamiento oportuno y adecuado y apoyo, y protección contra la imposición de la pena de muerte. Según el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la negación del acceso a apoyo individual y a ajustes razonables constituye discriminación.

El juicio de Mohammad Ghobadlou ante el Tribunal Penal Uno de la provincia de Teherán consistió en dos breves sesiones que tuvieron lugar el 4 y el 10 de diciembre de 2022. Su abogado ha afirmado en su cuenta de Twitter que se le negó el acceso a las pruebas materiales, como las imágenes grabadas por una cámara de circuito cerrado de televisión y fotografías del incidente del 22 de septiembre, las lesiones que presentaba el fallecido en el momento de los hechos o su cadáver tras la defunción. El abogado también ha manifestado públicamente que esa falta de transparencia, junto con las notorias discrepancias existentes entre los informes policiales preparados poco después del incidente y las alegaciones posteriores de la fiscalía sobre la naturaleza de las lesiones sufridas por el fallecido, suscita graves dudas respecto a que la conducta de su cliente fuera causa importante de muerte.

Al oponerse a la pena de muerte, Amnistía Internacional no minimiza ni aceptar la delincuencia violenta. Las familias que han perdido a seres queridos en delitos violentos tienen derecho a ver a la persona responsable rendir cuentas en un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. La pena de muerte es homicidio autorizado por el Estado, vengativo y premeditado de seres humanos; no es justicia. Esta práctica embrutece a la sociedad y, con el tiempo, devalúa el valor que la sociedad otorga a la vida humana.