Estados Unidos: Las nuevas medidas en materia de migración regional protegerán a algunas personas a expensas de dejar a otras expuestas a mayores peligros
Amnistía Internacional ha documentado que el gobierno de Biden no ha tenido en cuenta el mayor riesgo que corren las personas solicitantes de asilo negras
En respuesta al anuncio del gobierno de Biden de las nuevas medidas en materia de migración regional que se aplicarán tras el vencimiento el 11 de mayo del Título 42, Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, he hecho las siguientes declaraciones:
“Estados Unidos adopta una vez más el enfoque desacertado de dar una de cal y otra de arena en respuesta a la crisis global de refugiados: por un lado, amplía la reunificación familiar y las vías de solicitud de permisos humanitarios en Estados Unidos y, por otro, externaliza sus obligaciones de protección y penaliza duramente a quienes ejercen su derecho humano de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Recordamos al gobierno de Biden y a los de toda la región que solicitar asilo es un derecho humano. Aunque celebramos la ampliación de las vías para que las personas puedan buscar protección sin tener que hacer la peligrosa caminata hasta la frontera, esto no debe hacerse a expensas de que Estados Unidos incumpla su obligación internacional de respetar el derecho a solicitar asilo.”
“En un momento en que la región americana afronta un aumento sin precedentes del número de personas refugiadas, el compromiso de Estados Unidos de duplicar su cuota de admisión de estas personas y de ampliar las vías existentes para la reunificación familiar y la solicitud de permisos humanitarios es un paso importante en la lógica de ofrecer una protección muy necesaria a quienes requieren seguridad. También acogemos con satisfacción los compromisos de los gobiernos de Canadá y España de aumentar las vías de admisión de personas procedentes de la región. No obstante, es inadmisible que la ampliación de estas vías vaya acompañada de la adopción de duras medidas de aplicación de la ley que negarán la protección y dejarán expuestas a mayores peligros a muchas personas, y tendrán consecuencias especialmente dañinas para las negras, pardas e indígenas.”
Estados Unidos adopta una vez más el enfoque desacertado de dar una de cal y otra de arena en respuesta a la crisis global de refugiados.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
“El requisito del gobierno estadounidense de solicitar las citas a través de la aplicación CBP One es como una nueva forma de dosificación, práctica que obligaba a las personas solicitantes de asilo a esperar en México, donde corrían peligro de sufrir graves actos de violencia. Su plan de agilizar aún más el proceso de expulsión acelerada conducirá a falsas evaluaciones de las necesidades de protección que probablemente darán lugar a la devolución de muchas personas a situaciones de peligro, lo que infringe el derecho internacional. En lugar de esto, el gobierno de Biden debe invertir en soluciones que permitan a la gente tramitar sus solicitudes de asilo desde comunidades seguras en las que tengan acceso a asesoramiento jurídico, y no obligarlas a batallar por sus solicitudes de asilo desde instalaciones fronterizas o centros de detención crueles.”
En el pasado, Amnistía Internacional ha documentado que el gobierno de Biden no ha tenido en cuenta el mayor riesgo que corren las personas solicitantes de asilo negras, ya que a menudo se ven afectadas de forma dispar por las crueles políticas de aplicación de la ley, y en México corren un mayor riesgo de sufrir violencia. El gobierno de Biden debe plantearse adoptar las recomendaciones propuestas por Amnistía Internacional en el informe “No nos trataban como a personas“: Tortura y otros malos tratos relacionados con la raza y la condición migratoria contra personas haitianas que buscan seguridad en Estados Unidos, entre ellas restablecer el pleno acceso al asilo en la frontera, poner fin al uso de la detención colectiva por motivos de inmigración, establecer el derecho a asistencia jurídica en todos los procedimientos de inmigración, y despenalizar la entrada y la reentrada irregular en Estados Unidos. Son reformas necesarias para garantizar la justicia y la equidad para las personas solicitantes de asilo negras, incluidas las haitianas.