Irán: Seis árabes ahwazíes, en grave peligro de ejecución

Seis hombres —Ali Mojadam, Moein Khanfari, Mohammad Reza Moghadam, Salem Mousavi, Adnan Ghobeishavi y Habib Deris— de la minoría árabe ahwazí perseguida en Irán podrían ser ejecutados de forma inminente. Un Tribunal Revolucionario empleó sus “confesiones” empañadas por la tortura para condenarlos a muerte en febrero tras un juicio manifiestamente injusto. El Tribunal Supremo de Irán ha confirmado las sentencias condenatorias y la penas, lo que significa que podrían ser ejecutados en cualquier momento.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary,

Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union,

Avenue Franklin Roosevelt No. 15,

1050 Bruxelles,

Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Los árabes ahwazíes Adnan Ghobeishavi (25 años), Moein Khanfari (28 años), Mohammad Reza Moghadam (29 años), Salem Mousavi (39 años), Habib Deris, (42 años) y Ali Mojadam (43 años) corren peligro de ser ejecutados de forma inminente. El 14 de febrero, un Tribunal Revolucionario de Ahvaz, provincia de Juzestán, los condenó a muerte por el cargo de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con unas operaciones armadas llevadas a cabo por un grupo separatista que habían provocado la muerte a varios miembros de las fuerzas de seguridad. Los hombres, que, según fuentes informadas contaron a Amnistía Internacional, no eran miembros del grupo separatista, han negado los cargos. El 6 de marzo, el Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte. El 6 de mayo, tras un juicio manifiestamente injusto empañado por denuncias de tortura, las autoridades ejecutaron en secreto al disidente ahwazí sueco-iraní Habib Chaab (Asyoud), al que el poder judicial consideraba uno de los dirigentes europeos del grupo separatista.  Ese mismo día, las autoridades trasladaron a los seis hombres del módulo 5 de la cárcel de Sheiban, provincia de Juzestán, a su módulo de cuarentena, lo que hizo temer que tuvieran planes de ejecutarlos. Mohammad Reza Moghadam, Adnan Ghobeishavi y Habib Deris fueron devueltos al pabellón general el 9 de mayo, pero el resto continúa en cuarentena, y no se tienen noticias de su suerte.

Su juicio colectivo fue manifiestamente injusto. No se les permitió designar a un abogado de su elección ni acceder al que se les asignó de oficio, ni siquiera en el juicio. Las autoridades les prohibieron a ellos y a sus abogados acceder al expediente del caso y a la sentencia. Según un comunicado del poder judicial, sus “confesiones”, que según fuentes informadas contaron a Amnistía Internacional habían sido obtenidas bajo tortura y otros malos tratos durante su desaparición forzada, fueron utilizadas como pruebas contra ellos en el juicio. Fuentes informadas contaron a Amnistía Internacional que los agentes de la Guardia Revolucionaria habían sometido a Habib Deris a privación del sueño, ahogamiento, descargas eléctricas, palizas y suspensión por los pies mientras le sumergían la cabeza en agua, y que a Moein Khanfari le habían dado descargas eléctricas y lo habían atado en una postura en tensión mientras lo golpeaban y lo azotaban con un látigo. Amnistía Internacional también recibió información que indicaba que los agentes habían aplicado descargas eléctricas en las orejas a Ali Mojadam y habían detenido a su esposa e hijos para obligarlo a realizar una “confesión” ante la cámara que luego había sido emitida en un vídeo de propaganda por la televisión estatal antes del juicio.

Le pido que detenga de inmediato cualquier plan para ejecutar a Ali Mojadam, Moein Khanfari, Mohammad Reza Moghadam, Salem Mousavi, Adnan Ghobeishavi y Habib Deris, anule sus sentencias condenatorias y condenas a muerte y los ponga en libertad, pues la vulneración de su derecho a un juicio con las debidas garantías hace que su reclusión sea arbitraria. Hasta su puesta en libertad lo insto a proporcionarles acceso a sus familias, a abogados de su elección y a atención médica adecuada, así como a protegerlos de sufrir tortura y otros malos tratos de nuevo, a investigar sus denuncias de tortura y a que los responsables sean sometidos a un juicio justo. Le exhorto a permitir que observadores independientes accedan a los hombres en la prisión de Sheiban y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Agentes de la Unidad de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria detuvieron a Ali Mojadam, Moein Khanfari, Mohammad Reza Moghadam, Salem Mousavi, Adnan Ghobeishavi y Habib Deris en sus domicilios en la provincia de Juzestán en actuaciones separadas entre octubre de 2018 y principios de 2019. Amnistía Internacional recibió información de distintas fuentes según la cual todos ellos habían sometidos a tortura y otros malos tratos por los interrogadores durante su reclusión en centros de detención de la Guardia Revolucionaria. Las fuentes, entre las que se encuentra Karim Borvayeh, árabe ahwazí que estuvo encarcelado junto con varios de los hombres en la prisión de Sheiban en 2019 y 2020, contó a Amnistía Internacional que los habían recluido en régimen de aislamiento durante periodos de hasta ocho meses en centros de detención pertenecientes a la Guardia Revolucionaria en los que les habían infligido torturas espantosas. Los interrogadores sometieron a Ali Mojadam a tortura y otros malos tratos durante seis semanas para obligarlo a “confesar”, a lo que éste se negó hasta que la Guardia Revolucionaria detuvo arbitrariamente a su esposa y su hijo, menor de 18 años, y lo amenazó con mantenerlos recluidos hasta que “confesara” todo lo que ellos querían. Según varias fuentes, ante esa situación Ali Mojadam les dijo a los agentes que le “lleva[ran] una hoja en blanco y escribi[ría] lo que qui[sieran]”. A continuación la Guardia Revolucionaria dejó en libertad a su esposa y su hijo, pero los obligó a comprometerse por escrito a no hablar con los medios de comunicación. La “confesión” de Ali Mojadam fue emitida en un vídeo de propaganda de la televisión estatal antes de su juicio, lo que vulnera la presunción de inocencia. Ali Mojadam fue recluido en régimen de aislamiento durante ocho meses. Los interrogadores le vendaron los ojos y lo ataron a una cama contigua a una máquina de electrocución. Le conectaron cables a ambas orejas y, aún con los ojos vendados, le pusieron la mano sobre un disco de la máquina y le dijeron que lo girara con los dedos, lo que le provocó descargas eléctricas de distinta intensidad en el cuerpo. En enero de 2021, Ali Mojadam se cosió los labios y se declaró en huelga de hambre en protesta por su reclusión en régimen de aislamiento, por la negación de su derecho a un juicio justo y por vivir constantemente bajo la amenaza de ejecución. Habib Deris, por su parte, fue arrestado y recluido en el centro de detención de la Guardia Revolucionaria, donde los interrogadores lo encadenaron a una mesa, le cubrieron el rostro con una toalla húmeda y arrojaron agua sobre ella, sometiéndolo a un simulacro de ahogamiento que le provocó asfixia. Lo colgaron de los pies y le sumergieron la cabeza en un gran recipiente lleno de agua, y lo golpearon con cables y tubos con tanta fuerza que su cuerpo quedó completamente cubierto de sangre y hematomas, y se le desprendía la piel. Los agentes le dieron descargas eléctricas en las puntas de los dedos y los pezones. Karim Borvayeh contó a Amnistía Internacional que había visto marcas como hematomas en la frente, la espalda, los omóplatos y los pies de Habib Deris.

El 6 de marzo de 2023, el sitio web del poder judicial —la agencia digital de noticias Mizan— publicó un comunicado en el que anunciaba que seis miembros de un grupo “terrorista” llamado “Harakat al Nizal” habían sido condenados a muerte por un Tribunal Revolucionario de Ahvaz tras ser declarados responsables de algunas de las “operaciones armadas” del grupo en la provincia de Juzestán entre 2017 y 2019. Según el comunicado los hombres se llamaban Ali Mojadam, Mohammad Reza Moghadam, Moein Khanfari, Habib Deris, Adnan Ghobeishavi y Salem Mousavi, y habían llevado a cabo “operaciones terroristas” en la provincia de Juzestán durante las que habían muerto dos miembros de la fuerza paramilitar Basij, un agente de policía y un recluta. En él se mencionaba, además, que los hombres habían llevado a cabo las operaciones bajo las órdenes de los “líderes” del grupo que vivían en Europa, uno de los cuales se llamaba Habib Chaab (Asyoud) y había sido secuestrado en Turquía en octubre de 2020 y posteriormente trasladado a Irán, donde había sido ejecutado. Fuentes informadas contaron a Amnistía Internacional que el simulacro de juicio manifiestamente injusto de los seis hombres había comenzado aproximadamente en diciembre de 2021. Según su relato, en varias ocasiones los hombres habían sido trasladados al tribunal y luego devueltos a prisión tras suspenderse las vistas por incomparecencia del juez. Durante el juicio, los seis hombres se retractaron de sus “confesiones” y dijeron al presidente del tribunal que habían sido forzados a hacerlas bajo tortura. No obstante, el juez desestimó sus declaraciones y descartó ordenar una investigación de sus denuncias de tortura. Las autoridades no han entregado a los hombres las copias de las sentencias condenatorias del Tribunal Revolucionario que les impuso la pena de muerte ni las del Tribunal Supremo que confirma dichas sentencias y penas.

En los últimos años, las autoridades iraníes han ejecutado a varios árabes ahwazíes tras juicios injustos empañados por denuncias de tortura y, en algunos casos, celebrados en secreto. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los que pueda imponerse deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo. Según el derecho internacional, la imposición de pena de muerte tras un juicio sin garantías constituye una privación arbitraria del derecho a la vida. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena capital es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.