Amnistía Internacional exige la libertad inmediata de Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas

Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de estas personas defensoras de derechos humanos  quienes se encuentran detenidas arbitrariamente en Venezuela.

100 días cumple Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano. Fue detenida el 9 de febrero de 2024. Hubo desaparición forzada al ser su paradero desconocido hasta el 15 de febrero, no ha podido nombrar a su defensa técnica lo que constituye una violación a su derecho a la defensa y al debido proceso.

1 mes  tiene Carlos Julio Rojas, activista y periodista detenido el 15 de abril de 2024 por funcionarios del SEBIN. Ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, no se le ha permitido contacto con sus familiares, ni la designación de abogados de su confianza. Existe también preocupación por su estado de salud.

1050 días  es el tiempo que Javier Tarazona, director de Fundaredes, tiene detenido desde el 2 de julio de 2021. Desde entonces hubo incomunicación prolongada, falta de acceso a un abogado de su elección y tortura, según han denunciado miembros de Fundaredes que tuvieron contacto con él y constantes retrasos en su juicio. Es considerado por Amnistía Internacional preso de conciencia.

Amnistía Internacional considera que la detención arbitraria de Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel forma parte de un patrón de represión contra los defensores de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades venezolanas deben poner fin de inmediato a estas prácticas y garantizar la libertad inmediata e incondicional de estas personas.

Amnistía Internacional exige:

- La libertad inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.

- Se ponga fin a la detención de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.

- Se investiguen de manera imparcial y independiente las denuncias de tortura y otros malos tratos sufridos por Tarazona, Rojas y San Miguel.

- Se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.