Paren la maquinaria de deportación masiva
La situación de los venezolanos deportados es motivo de gran preocupación. Muchos se encuentran en centros de detención antes de ser repatriados, y existen denuncias de irregularidades en los procesos de deportación
Las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos han intensificado las deportaciones de personas venezolanas, una medida que se enmarca en un contexto de políticas migratorias más estrictas y que van en contra de los derechos humanos y los pactos internacionales que avalan la protección a personas migrantes y refugiadas.
El éxodo venezolano, que ha alcanzado cifras sin precedentes, es resultado directo de la profunda crisis política, económica y social que azota al país sudamericano. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la violencia y la persecución política han obligado a millones de venezolanos a buscar refugio en otros países, incluyendo Estados Unidos. Las políticas de deportación, por tanto, añaden una capa de dificultad a una situación humanitaria ya de por sí crítica, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
La situación de los venezolanos deportados es motivo de gran preocupación. Muchos se encuentran en centros de detención antes de ser repatriados, y existen denuncias de irregularidades en los procesos de deportación. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos que enfrentan estas personas al regresar a Venezuela, donde la situación política y social sigue siendo inestable. La exigencia de respeto al derecho de asilo se ha intensificado, subrayando la necesidad de evaluar cada caso individualmente y garantizar la protección de aquellos que huyen de la persecución y la violencia.
Exigimos soluciones justas
Los planes del presidente Trump sobre deportaciones masivas y crueldad en la frontera son catastróficos para quienes buscan seguridad y para las comunidades de todo Estados Unidos.
No podemos permitir que se siga utilizando el miedo de la gente con respecto a la seguridad física y económica como arma para justificar políticas abusivas y daños a los inmigrantes y a las personas que buscan seguridad en la frontera y en las ciudades y pueblos de todo Estados Unidos.
Existe una mejor manera de crear orden y equidad en el sistema de inmigración y de mejorar las comunidades para que todos puedan prosperar, independientemente de si han estado en Estados Unidos durante generaciones o si acaban de llegar en busca de seguridad.
Estados Unidos puede respetar los derechos humanos, tratar a todas las personas con dignidad y tener un sistema de inmigración que funcione para todos.
No dejaremos de luchar para proteger a las comunidades de la destrucción.
Necesitamos soluciones que sean efectivas, justas y, en última instancia, que garanticen que el dinero de los contribuyentes se pueda reinvertir en políticas y programas que ayuden a todas nuestras comunidades.
Las soluciones que respetan las obligaciones de derechos humanos incluyen las voces y experiencias de las comunidades afectadas, permiten a nuestros vecinos inmigrantes acceder a un camino hacia la ciudadanía y respetan la fuerza compartida que surge de acoger a las personas que buscan seguridad. Existen alternativas seguras, ordenadas y justas que harán que nuestras comunidades sean más fuertes y vibrantes.
Reconciliación, presupuesto, financiación y congreso
Amnistía Internacional se opone firmemente a cualquier paquete de financiación en el Congreso que sirva para sufragar un aumento de las detenciones y las deportaciones, muros o barreras fronterizas, o que impulse las políticas nocivas y xenófobas propuestas por el presidente Trump.
Las comunidades de todo el país están luchando por llegar a fin de mes y se merecen algo mejor que sus líderes invirtiendo miles de millones de dólares de sus impuestos duramente ganados en costosas y crueles iniciativas de deportación y disuasión en lugar de políticas y programas que ayuden a todas nuestras comunidades a prosperar.
Han visto miles de millones de dólares de los contribuyentes invertidos en muros, militarismo y vigilancia en sus comunidades, y las han visto sacudidas por la violencia alimentada por el odio, todo mientras se les deja que se organicen para dar la bienvenida a los recién llegados que arriban a sus puertas de maneras hermosas y dignas.
En lugar de pelearnos por un pedazo del pastel, podemos hacer que todo el pastel sea más grande, y nuestros amigos y vecinos inmigrantes, actuales y futuros, son parte de esa solución. Eso parece significar invertir en educación, vivienda, infraestructura resistente al clima y atención médica. Cuando el dinero de los contribuyentes se invierte en ayudar a las comunidades a prosperar, tenemos recursos más que suficientes para que todos vivamos una vida plena.
Nuestros líderes electos deben alejarse del status quo deshumanizante y ofrecer un contrapunto claro a las crueles políticas de detención y deportación de Trump.
Detenciones masivas y deportaciones
La detención de inmigrantes en Estados Unidos es innecesaria, está plagada de abusos sistemáticos, es arbitraria e ilegal según el derecho internacional. Detener a personas únicamente por su estatus migratorio constituye una detención arbitraria, una violación del derecho internacional. Y la detención de familias viola las obligaciones de Estados Unidos en relación con el tratamiento de los niños inmigrantes. La difusión de falsas narrativas sobre la delincuencia y las invasiones de inmigrantes en la frontera promueve políticas basadas en ideas de supremacía blanca a expensas de los inmigrantes y de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos.
A todos nos preocupa la seguridad de nuestras familias y comunidades. Deportar a millones de nuestros amigos y vecinos inmigrantes no hace nada para que nuestras comunidades sean seguras. Trump planea atacar a las personas que ya viven en Estados Unidos y trabajan en áreas como la agricultura, la construcción y la atención médica para apoyar a sus familias y mejorar nuestras comunidades.
En lugar de gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes en detenciones y deportaciones masivas, deberíamos invertir ese dinero en sistemas que beneficien a todas nuestras comunidades, como la vivienda, la atención médica, la resiliencia climática, la educación y la infraestructura para ayudar a fortalecer nuestras comunidades. Necesitamos soluciones reales que respeten los derechos humanos, aborden las causas profundas de la migración forzada, permitan vías seguras y ordenadas hacia la seguridad y satisfagan las necesidades de las comunidades en la frontera y en el interior de los Estados Unidos.
La frontera
Las políticas fronterizas de Estados Unidos se basan vergonzosamente en la disuasión, la externalización y el encarcelamiento para castigar a las personas que buscan seguridad, poniendo sus vidas en peligro. El enfoque contínuo en castigar a las personas que se mudan para buscar una vida nueva, mejor o más segura no solo es cruel, sino ineficaz y alimenta la dependencia de nuestro país del encarcelamiento masivo que se dirige desproporcionadamente a las personas negras y morenas.
Las comunidades fronterizas son seguras, vibrantes y están llenas de soluciones a los problemas que enfrentan sus comunidades, problemas que van más allá de la inmigración y el asilo, como el acceso a la atención médica, la justicia reproductiva, la vivienda, la educación de calidad y más.
Estados Unidos debe financiar sólidamente el Programa de Refugio y Servicios que financia a los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias para brindar servicios de recepción inmediata a las personas que buscan seguridad; ampliar el Programa Piloto de Gestión de Casos; y crear y financiar un Fondo de Recepción de Destino para enviar dólares federales a las comunidades estatales, locales y tribales para establecer y expandir programas de recepción a mediano plazo que promuevan la autosuficiencia de los recién llegados y fortalezcan la capacidad local para garantizar que los miembros nuevos y antiguos de la comunidad tengan lo que necesitan para prosperar.
Estados Unidos también debe dirigir un enfoque de todo el nuevo gobierno que incluya un nuevo puesto en la Casa Blanca y una nueva oficina del DHS que sirva para coordinar los esfuerzos intrainstitucionales e intergubernamentales para dar la bienvenida a las personas que buscan seguridad. Estados Unidos ya no puede hacer esto de manera fragmentada y desordenada.
Asilo
El derecho a solicitar asilo no es negociable. Las personas deben tener acceso a solicitar asilo independientemente de cómo ingresen al país. Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de proteger a todas las personas que buscan seguridad dentro de sus fronteras.
Solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos es extraordinariamente peligroso, y la gente no haría ese riesgoso viaje si existieran alternativas viables.
Estados Unidos, un país que alguna vez fue visto como un modelo de protección humanitaria, presenta una falsa elección a las personas que huyen para salvar sus vidas y que ahora corren el riesgo de ser secuestradas, extorsionadas y agredidas física y sexualmente en México: o permanecen en peligro en México por un período indefinido hasta que sus nombres sean llamados a un sorteo para ingresar a Estados Unidos, o escapan del peligro en México y cruzan irregularmente, donde es más probable que los deporten de todos modos sin el debido proceso.
Estados Unidos debe, en cambio, responder a este momento de desplazamiento global con financiamiento y políticas de bienvenida, para responder a la crisis con políticas que sean humanas en lugar de las que causan daño.
La modernización y la inversión en capacidad en los puertos de entrada permite que las personas puedan llegar de manera segura y ordenada y sean procesadas con rapidez, y evita que se les obligue a cruzar por rutas peligrosas a manos de actores criminales.