- El caos en curso provocado por los recortes en la financiación humanitaria estadounidense crea una incertidumbre peligrosa.
- El nuevo gobierno sirio y las autoridades autónomas deben abordar el inhumano sistema de detención.
- La coalición dirigida por la ONU y EE.UU. debe apoyar los esfuerzos para reducir el número de personas recluidas en campos y centros.
“El caos creado por los recientes recortes aleatorios en la financiación estadounidense debe impulsar la reducción rápida del número de personas detenidas de forma arbitraria e indefinida en el nordeste de Siria por su presunta vinculación con el grupo armado Estado Islámico”, ha declarado Amnistía Internacional.
Más de seis años después de la derrota territorial del Estado Islámico, las Autoridades Autónomas de la Región del Norte y Este de Siria (en adelante, autoridades autónomas), con el apoyo de la coalición dirigida por Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico, siguen manteniendo recluidas ilícitamente a decenas de miles de hombres, mujeres, y niños y niñas por su presunta vinculación con el Estado Islámico en más de dos docenas de centros de detención y en los campos de detención de Al Hol y Roj. Algunas de estas personas son sobrevivientes de crímenes de derecho internacional y de la trata de personas a manos del Estado Islámico. La mayoría de estas personas no han sido acusadas formalmente ni han tenido la oportunidad de impugnar su detención, y algunas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos.
Los recortes repentinos e imprevistos de fondos por parte de la administración Trump han creado lo que sólo cabe calificar de situación caótica caracterizada por el debilitamiento de los servicios básicos en los campos. Mientras los recursos paliativos se agotan y se avecinan nuevos recortes, quienes residen en los campos afrontan una agitación creciente. El informe de Amnistía Internacional del año pasado documentó que las personas recluidas en los campos ya sufrían condiciones inhumanas y potencialmente mortales, con acceso insuficiente al agua y a la asistencia médica, obligadas a soportar una existencia inestable y a menudo peligrosa, llena de violencia y otros actos delictivos. Como dijo una mujer de 28 años a Amnistía Internacional: “Vivimos bajo el terror”.
Es intolerable que la administración Trump debilite aún más uno de los campos más inestables del mundo interrumpiendo abruptamente la financiación.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“El caos creado por los recortes en la financiación de la administración Trump podría tener efectos catastróficos para las decenas de miles de niños, niñas, mujeres y hombres recluidos en el nordeste de Siria”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Es intolerable que la administración Trump debilite aún más uno de los campos más inestables del mundo interrumpiendo abruptamente la financiación de servicios esenciales, dejando así una carga extrema sobre las autoridades autónomas y actores humanitarios”.
En marzo de 2025, Amnistía Internacional habló con 27 personas —entre las que había miembros de organizaciones humanitarias y no gubernamentales, representantes de las autoridades autónomas y residentes de los campos de Al Hol y Roj— en relación con el futuro del sistema de detención.
Recortes de la financiación estadounidense
El 20 de enero, la administración Trump anunció una pausa en la ayuda exterior. La emisión arbitraria, abrupta e impredecible de órdenes de detener los trabajos por parte del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sumió Al Hol en el caos.
La coordinación del campo está en manos de Blumont, ONG estadounidense que recibe ayuda exterior de Estados Unidos. La mañana del 25 de enero, Jihan Hanan, representante de las autoridades autónomas y administradora del campo, descubrió que ninguno de los aproximadamente 300 miembros del personal de Blumont —financiado por Estados Unidos— había llegado al trabajo, incluido el personal de seguridad que custodiaba oficinas y almacenes.
Ese día se había programado con las autoridades de Irak un viaje de repatriación para alrededor de 600 iraquíes recluidos en Al Hol. Dado que Blumont gestiona una base de datos de residentes del campo, Hanan se vio obligada a irrumpir en las oficinas de la ONG para facilitar las repatriaciones. Según informes, fueron saqueados almacenes que guardaban productos como gas para cocinar y pan.
Para seguir repartiendo comida y agua, las autoridades autónomas recurrieron a la ayuda de otras ONG y contrataron a alrededor de 40 guardas de seguridad para proteger las oficinas en el campo. Unos días después del bloqueo, el gobierno estadounidense concedió una exención a Blumont que le permitió recuperar parte de su financiación. Sin embargo, en abril, Estados Unidos también recortó durante 24 horas la financiación de una ONG que llevaba comida al campo, acto que la administración Trump dijo posteriormente que había sido un error.
A fecha 4 de marzo, según las últimas cifras disponibles, el gobierno estadounidense había recortado ayuda humanitaria por valor de al menos 117 millones de dólares asignada a proyectos en el nordeste de Siria, aunque con posterioridad se ha restablecido parte de la financiación. Las personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que les preocupaba la disminución de servicios de salud en Al Hol, que incluye el cierre de centros de salud y la reducción del número de ambulancias para los servicios de urgencia; y la pérdida de programas en lo que se conoce como centros de rehabilitación para niños varones separados forzosamente de sus familias en los campos.
También se vieron afectados programas para ayudar a las personas que salen de Al Hol, incluso a lugares dentro de Siria. Antes de los recortes de financiación, las autoridades autónomas y los grupos humanitarios ya tenían dificultades para satisfacer las necesidades de quienes residían en los campos.
A principios de marzo también finalizaron cinco proyectos tras los recortes de financiación. Una persona recluida en el campo dijo que habían recibido raciones dobles de comida del Programa Mundial de Alimentos y que les habían dicho que les tenía que durar un tiempo, por si había más recortes.
Algunas personas entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron gran preocupación por la posibilidad de que el Estado Islámico reclutara gente dentro de los campos. Una persona representante de una organización humanitaria explicó: “Mientras los servicios disminuyen en estos dos campos y la gente tiene cada vez más hambre y tiene cada vez más dificultades para acceder a servicios básicos, el grito que llega de […] quienes viven en Al Hol y Roj es [a Estado Islámico] ‘vengan a buscarnos’”. Destacando la amenaza, a mediados de abril las autoridades autónomas hicieron una campaña de seguridad en el campo de Al Hol debido a lo que calificaron de “aumento de los intentos de introducir clandestinamente a familias de Daesh [Estado Islámico] [y] las continuas operaciones de reclutamiento [de Estado Islámico]”.
A pesar de que se ha restablecido parte de la financiación para Al Hol, la incertidumbre creada por los recortes ha causado un daño irreparable a diversos proyectos. Una persona que representaba a una organización humanitaria explicó que una vez que los contratos del personal finalizan, el proceso de volver a contratar personal y recuperar los programas es complicado. Los recortes de la financiación estadounidense también han precipitado la pérdida de personal clave del Foro de ONG del Nordeste de Siria (NES Forum), la estructura de coordinación humanitaria de la región, lo que ha provocado algunas lagunas fundamentales de coordinación.
La ONU está haciéndose cargo gradualmente de algunas actividades de coordinación, lo que podría aumentar la visibilidad de los problemas de derechos humanos en curso y de los motivos de preocupación que suscita el sistema de detención. Sin embargo, la ONU también afronta dificultades de financiación muy grandes, y muchas ONG siguen sin poder acceder a fondos de la ONU porque deben inscribirse ante el gobierno sirio en Damasco en un trámite al que se oponen algunos grupos debido a los onerosos requisitos para la inscripción.
Aceleración de la repatriación y de los retornos desde los campos
Tras años sin encontrar una solución duradera a la crisis en el nordeste de Siria, la agitación creada por los recortes de la financiación debe impulsar por fin una actuación urgente. Los acontecimientos recientes —como la caída del gobierno del presidente Bachar al Assad, la presencia cada vez mayor de la ONU en el nordeste de Siria y los crecientes lazos diplomáticos entre el gobierno sirio y los Estados que tienen aún nacionales detenidos— podrían contribuir a acelerar el final del sistema de detención ilícita.
Reconociendo este cambio en el entorno, las autoridades autónomas han empezado a trabajar en un plan, en coordinación con la ONU, para vaciar los campos de personas iraquíes y sirias en 2025. La población de estas nacionalidades representa casi el 80% de las 36.000 personas de Al Hol; el resto procede de alrededor de otros 60 países.
En enero de 2025, las autoridades autónomas anunciaron que facilitarían el retorno voluntario de las personas sirias detenidas en Al Hol a sus localidades de origen. La mayoría de las 16.000 personas sirias restantes del campo proceden de zonas que estaban bajo el control del gobierno de Assad o de grupos armados de oposición.
En el último año, el gobierno iraquí ha aumentado significativamente el ritmo de las repatriaciones y, a fecha de marzo de 2025, habían retornado más de 5.600 personas del campo de Al Hol, que representan casi la mitad de las personas que Irak ha repatriado desde Al Hol desde 2021.
La partida de quienes residen del campo de Al Hol es bienvenida. Sin embargo, no se debería trasladar a la gente sin más de un centro de detención a otro, como el Centro Al Jedah en Irak, donde Amnistía Internacional documentó el año pasado torturas y desapariciones forzadas.
Recomendaciones
El nuevo gobierno sirio, las autoridades autónomas, la coalición dirigida por Estados Unidos y la ONU deben identificar soluciones a la crisis pendientes desde hace tiempo.
Una de las prioridades más urgentes es la necesidad de reducir el número de personas recluidas en los campos. Antes de que las familias puedan salir de éstos, se debería reagrupar a los niños y niñas y personas adultas jóvenes separados de sus familias. Se debería invertir en programas en Irak y Siria para apoyar el retorno voluntario, la rehabilitación y la reintegración de personas iraquíes y sirias que no sean sospechosas de haber perpetrado crímenes de derecho internacional en sus zonas de origen.
Es hora de acabar por fin con este sistema de detención ilícita.
Agnès Callamard
“Es hora de acabar por fin con este sistema de detención ilícita. Mientras Estados Unidos se dispone a reducir su presencia militar en Siria, no se debe abandonar a quienes siguen viviendo en estos campos”, concluyó Agnès Callamard.
“Los Estados con nacionales en el nordeste de Siria deben fletar vuelos inmediatamente para llevar por fin a casa a sus ciudadanos y ciudadanas menores de edad, a quienes los cuidan y a las víctimas potenciales de trata.
Cualquier persona adulta restante debe ser sometida a examen para identificar cuáles deben ser investigadas y enjuiciadas por crímenes de derecho internacional o crímenes graves tipificados en la legislación nacional. Todas las demás deben ser puestas en libertad, y el gobierno sirio y los de otros países deben ayudar a reasentar a quienes no puedan volver a casa”.
Las víctimas de crímenes cometidos por el Estado Islámico merecen justicia. Incluso cuando repatríe a personas para ser juzgadas, seguirá quedando un grupo residual de personas sirias y de otros países que no puedan regresar a casa. El nuevo gobierno sirio, con el apoyo de las autoridades autónomas y de la comunidad internacional, debe iniciar un plan de juicios que cumplan las normas internacionales.
Información complementaria
Sigue habiendo cerca de 46.400 personas sirias, iraquíes y de otros países en los campos y centros de detención. La mayoría son mujeres y niños y niñas. De los hombres recluidos en los centros de detención, no han sido juzgados aún entre 2.000 y 3.100 extranjeros y unos 2.000 sirios.
Tras la caída de Al Asad y el establecimiento de un gobierno provisional en Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias, uno de los grupos que integran las autoridades autónomas, firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para que “todas las instituciones civiles y militares del nordeste de Siria” se fusionen “en la administración del Estado sirio”. Esta fusión podría incluir la administración de los campos y centros de detención del nordeste.