Familias romaníes sin hogar tras desalojo

En Sofía, unas 200 personas romaníes han quedado sin hogar tras haber demolido sus viviendas las autoridades locales, sin el debido proceso, sin haber avisado con la debida antelación y sin haber explorado soluciones alternativas, violando así, claramente, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Privadas ahora de cobijo y acceso a agua, electricidad y otros servicios básicos, las familias afectadas —entre las que figuran menores de edad, personas de edad avanzada o con discapacidad y embarazadas— viven en condiciones de precariedad extrema. Amnistía Internacional considera que —habida cuenta de la falta de salvaguardias de procedimiento y de la situación resultante para la mayor parte de las personas afectadas, que se encuentran ahora sin techo— este desalojo constituye un desalojo forzoso, práctica prohibida en virtud de las obligaciones internacionales y regionales contraídas por Bulgaria en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades búlgaras a facilitar viviendas alternativas, atención médica y ayudas sociales a todas las familias afectadas.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Vasil Terziev (alcalde de Sofía)

Mayor Vasil Terziev

Sofia Municipality 

33 Moskovska Street, 1000 

Sofia, Bulgaria 

Correo-e: [email protected] 

 

Sr. Alcalde:

 

Le escribo con carácter de urgencia para instarlo a intervenir de inmediato en torno a la nefasta situación en que se encuentran en la actualidad una serie de familias romaníes del barrio de Zaharna Fabrika de la capital búlgara, Sofía. El pasado 15 de abril, el gobierno del distrito de Ilinden (Sofía) —a sus órdenes— empezó a demoler decenas de viviendas en Zaharna Fabrika, con lo que dejó sin hogar a casi 200 personas romaníes, entre ellas, niños, niñas, personas de edad avanzada y embarazadas. En consecuencia, la mayoría de estas familias se vieron sin cobijo y sin acceso a servicios esenciales, como agua, electricidad, atención médica y educación. Desde que tuvieron lugar las demoliciones, las autoridades sólo han facilitado viviendas alternativas a unas pocas de esas familias, mientras la mayoría continúa en condiciones de precariedad extrema, durmiendo en tiendas de campaña o en refugios improvisados.

 

Las demoliciones se llevaron a cabo sin el debido proceso, sin avisar con la debida antelación y sin haber celebrado una auténtica consulta para explorar otras soluciones, contraviniendo así la sentencia dictada el 11 de abril por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ordenaba a las autoridades búlgaras paralizar los desalojos mientras no se facilitara información sobre viviendas alternativas. Al no haber acatado esta sentencia, las autoridades búlgaras han violado sus obligaciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la obligación de garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En virtud de dichas obligaciones, los desalojos sólo están permitidos como último recurso, tras haberse celebrado una consulta auténtica para analizar todas las alternativas posibles al desalojo, haber facilitado viviendas alternativas y haber instaurado salvaguardias para proteger la dignidad y los derechos de las personas afectadas.

 

Lo insto a tomar medidas de inmediato para impedir nuevos desalojos forzosos. Asimismo, lo insto a garantizar que se faciliten otras viviendas adecuadas a las familias afectadas, además de acceso a servicios esenciales, tales como atención médica, ayudas sociales y educación. Esto implica también la creación de un grupo de trabajo sobre esta situación de crisis, que incluya instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil clave, así como representantes de la comunidad afectada. Dicho grupo deberá trabajar con carácter de urgencia para resolver la situación. Además, se deberá facilitar el acceso a recursos efectivos por las pérdidas ya sufridas. Lo insto a actuar sin demora para abordar esta situación y a defender y hacer cumplir las obligaciones contraídas por Bulgaria en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

 

Atentamente, [NOMBRE]

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 

La mañana del pasado 15 de abril, agentes de policía acompañados de maquinaria pesada entraron en el barrio de Zaharna Fabrika, en Sofía, y demolieron decenas de viviendas que habían dado cobijo a generaciones de familias romaníes. En consecuencia, quedaron sin hogar casi 200 personas, entre quienes figuraban niños y niñas, personas de edad avanzada o con discapacidad y embarazadas. Estas demoliciones se llevaron a cabo sin haber consultado de verdad a las familias afectadas con antelación para explorar todas las alternativas posibles al desalojo y las opciones de reasentamiento.

Durante las vacaciones de Semana Santa, muchas familias se vieron, desamparadas, en la calle. Según el alcalde de Sofía, se alojó a seis de ellas en viviendas municipales, mientras que nueve personas fueron acogidas en un refugio provisional del mismo barrio. Las restantes familias, sin techo, se vieron obligadas a dormir al raso o en tiendas de campañas facilitadas por el voluntariado. No tenían acceso a agua, electricidad ni servicios básicos. Ni las autoridades municipales ni las estatales ofrecieron alojamiento temporal y apoyo adecuados a todas las familias afectadas. En algunos casos, los funcionarios locales se negaron en público a socorrer a las familias desplazadas. Entretanto, el gobierno central guardó silencio sobre el proceder del gobierno local.

Los desalojos forzosos de Zaharna Fabrika se llevaron a cabo en contravención de una sentencia judicial dictada el 11 de abril por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la que se ordenaba a las autoridades búlgaras detener las demoliciones y facilitar información sobre alojamiento alternativo. El gobierno del distrito de Ilinden hizo caso omiso de esa sentencia y siguió adelante, obligando así a Bulgaria a incumplir sus obligaciones de derechos humanos en relación con el derecho a una vivienda adecuada y la prohibición de los desalojos forzosos. El 24 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió de nuevo a las autoridades búlgaras que facilitaran alojamiento adecuado. En la actualidad, varias familias romaníes continúan sin techo y en situación de necesidad urgente. La municipalidad de Sofia ha incumplido el plazo del 5 de mayo, que la había concedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para facilitar alojamiento a las personas desplazadas.

Bulgaria es Estado Parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Carta Social Europea revisada. En su Observación general núm. 7, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recalca que los desalojos sólo son permisibles como último recurso, precedidos de un verdadero proceso de consulta con todas las personas afectadas para explorar todas las alternativas posibles al desalojo, y acompañados de la provisión de un alojamiento alternativo adecuado para quienes lo necesiten y de salvaguardias para proteger la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.

Incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, éste sólo puede llevarse a cabo una vez se hayan establecido las oportunas salvaguardias de procedimiento, y siempre que se indemnice por todas las pérdidas y se proporcione una vivienda alternativa adecuada a todas las personas afectadas. Además, en abril de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó una histórica decisión según la cual, si una comunidad había vivido en un lugar durante una serie de años, las autoridades no debían tratar la situación como otros “casos rutinarios de expulsión […] de propiedades ocupadas ilegalmente”. Es más, las autoridades tienen la obligación de demostrar que el desalojo es “proporcionado” al fin que se persigue. Además, deben tener en cuenta el riesgo de que las personas se queden sin hogar a consecuencia del desalojo (Yordanova et al. v. Bulgaria).

Las autoridades de Ilinden han incumplido de manera manifiesta todas estas obligaciones. Amnistía Internacional considera que este desalojo es un desalojo forzoso porque no se han respetado las salvaguardas de procedimiento y se ha dejado sin hogar a las personas afectadas. La organización teme también que sea otro caso más de desalojo forzoso de comunidades romaníes de sus hogares por parte de las autoridades locales, en contravención de las normas internacionales y regionales de derechos humanos que Bulgaria está obligada a cumplir por ley.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: búlgaro, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 9 de noviembre de 2025 

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: comunidad romaní de Zaharna Fabrika (no procede)