Venezuela: Desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad
Se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas fueron investigadas por Amnistía Internacional. Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush
- Las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes, con lo que se configura el crimen de lesa humanidad.
- De los casos de 15 personas desaparecidas forzadamente documentados por Amnistía Internacional desde julio de 2024, 11 personas permanecen sometidas a desaparición forzada incluyendo a personas venezolanas y a ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
- La Corte Penal Internacional y los tribunales nacionales que ejerciten la jurisdicción universal deberían investigar y -existiendo suficiente evidencia- procesar a los presuntos responsables hasta el máximo nivel.
Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales, dijo Amnistía Internacional en su informe Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, que analiza la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025.
Con base en este nuevo informe y al conjunto de investigaciones de la organización a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluye que estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela. La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional. Al ser un crimen internacional, acarrea no solo responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad penal de los funcionarios particulares que lo cometan.”
La investigación de Amnistía Internacional se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención u el ocultamiento de la suerte oel paradero de la persona detenida.
El marco temporal del informe inicia con la elección presidencial del 28 de julio de 2024 e incluye la represión que siguió al cuestionado resultado anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 personas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero. En relación a las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó Amnistía Internacional, destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.
Se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas fueron investigadas por Amnistía Internacional. Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush. Únicamente se logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.
Al cierre de este informe, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización Foro Penal.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y OCULTAMIENTO DEL PARADERO
En la mayoría de las instancias analizadas por Amnistía Internacional, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. Además, la motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política: las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos.
Por ejemplo, se presume que la detención de Rory Branker, detenido el 20 de febrero de 2025 por el SEBIN y que continúa en paradero desconocido, tuvo como finalidad castigar al medio La Patilla, donde él es editor, conocido por su línea editorial crítica hacia el gobierno.
En general, las autoridades negaron información sobre la detención de todas estas personas. Cuando sí las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familias recorrieron sin descanso organismos de gobierno, fiscalía, poder judicial y varios centros de reclusión para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta. Destacan la sede de la DGCIM en Boleíta, la sede del SEBIN conocida como El Helicoide, así como el centro de reclusión Rodeo I, todos ellos en Caracas o sus alrededores, como los lugares más utilizados por el Estado para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.
La esposa y el equipo de trabajo de Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos PROVEA, con detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025 y en paradero desconocido durante días, presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, intentando sin éxito interponer recursos contra la detención, y recorriendo múltiples centros de detención —incluido El Helicoide— en un esfuerzo por confirmar su detención y encontrarlo. Tras una rueda de prensa en la que PROVEA denunció su desaparición forzada, el fiscal general reconoció públicamente su detención, aunque sin revelar su ubicación. Finalmente, el 17 de mayo, custodios del SEBIN confirmaron que se encontraba bajo su custodia.
En los casos de las 15 personas, no solo se les negaron de manera sistemática las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, sino que ciertos mecanismos del aparato judicial sirvieron para conferir apariencia de legalidad a procedimientos esencialmente arbitrarios e ilegales y facilitar la desaparición forzada. Entre los elementos más ilustradores de estos mecanismos figuran: las audiencias de presentación realizadas en secreto; la imposición de defensores públicos sin voluntad ni capacidad de actuar como defensa legal independiente; la utilización de tribunales carentes de independencia —como los denominados Tribunales contra el Terrorismo—; la anulación de facto del recurso de habeas corpus de la víctima; y la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política, bajo el ropaje de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. Sumado a todo ello, en muchos casos las autoridades estatales también identificaron y estigmatizaron públicamente a las víctimas.
Asimismo, ciertos indicios apuntan a que varias de las personas desaparecidas forzadamente podrían haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos con el objetivo de obtener o fabricar una ‘confesión’, o forzar un ‘testimonio’ que incrimine a terceros.
DETENCIONES Y DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS EXTRANJERAS
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención de más de 150 “mercenarios extranjeros”. Al parecer, las autoridades venezolanas estarían utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. Amnistía Internacional documentó varios casos de personas cuya detención habría sido motivada principalmente por su nacionalidad.
“Recordamos a cualquier funcionario que pueda estar involucrado en desapariciones forzadas —incluidas aquellas que afectan a personas extranjeras—que la prohibición de este crimen es absoluta y no admite excepciones, ni siquiera en el marco de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe,” dijo Agnès Callamard.
Yevhenii Petrovich Trush, un joven ucraniano de 19 años que vive con un Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, fue detenido sin causa aparente mientras solicitaba refugio en el Puente Internacional Atanasio Girardot, estado Táchira, en la frontera con Colombia. Desde el 20 de octubre de 2024 se desconoce su suerte y paradero a pesar de las múltiples diligencias y acciones de búsqueda realizadas por la madre de su pareja venezolana.
Los ciudadanos españoles Andrés Martínez y Jose María Basoa fueron detenidos en septiembre de 2024, acusados de pertenecer presuntamente al servicio de inteligencia español (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) y de integrar una supuesta red de “mercenarios” cuyo objetivo sería atentar contra el gobierno de Venezuela, según declaró el ministro del Interior en una rueda de prensa ofrecida días después. Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos de manera forzada.
PARTE DE UN ATAQUE GENERALIZADO Y SISTEMÁTICO
A la luz de la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el análisis de Amnistía Internacional también se centra en el crimen de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma de la CPI.
En su artículo 7, el Estatuto dispone que un conjunto de actos, incluida la “desaparición forzada de personas”, constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
En 2019, Amnistía Internacional concluyó que en Venezuela existía un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. En ese momento, la organización identificó las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, y las lesiones por uso excesivo de la fuerza como elementos de una política de represión del Estado. Posteriormente también incluyó el posible crimen de persecución.
En su nuevo informe, Amnistía Internacional concluye que al menos algunos de los actos de desaparición forzada documentados fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela, y que también constituyen un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
RECOMENDACIONES
“Ante la incesante comisión de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una imperante impunidad en el país, llamamos a la Fiscalía de la CPI a avanzar de manera firme sobre la situación en Venezuela, y considerar incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación,” dijo Agnès Callamard.
“Las autoridades venezolanas deben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras. Las familias tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de quienes han sido desaparecidos forzadamente., Además, todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos deben ser liberadas inmediatamente.”
“Los Estados deben utilizar todos los canales diplomáticos y multilaterales a su disposición para presionar a las autoridades venezolanas para que informen sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas, y que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente. También deberían ejercitar la jurisdicción universal o cualquier otra forma de jurisdicción extraterritorial para investigar y, de existir evidencia suficiente, procesar a cualquier sospechoso de cometer una desaparición forzada.”
“Las autoridades venezolanas están intentando asfixiar a la sociedad civil, la cual, contra viento y marea, aguanta ataques y amenazas. Amnistía Internacional también pide a los Estados que fortalezcan el apoyo técnico, político y financiero a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil venezolanas que operan dentro y fuera de Venezuela.”
Información complementaria:
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define a la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas la define de manera muy similar, como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Este examen, que nació a instancia propia de la Fiscal en ese momento, fue respaldado en 2018 por una remisión de seis Estados parte de la Corte: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, a quienes se le sumaron Uruguay y Ecuador en 2024 y 2025, respectivamente. En 2020, la Fiscalía concluyó que existían bases razonables para investigar crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017.
Por el momento, la CPI está investigando los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables.