Sociedad civil venezolana exige en la ONU renovar la Misión de Determinación de Hechos

En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil Aula Abierta, Organización Internacional del Servicio para los Derechos Humanos (ISHR), Civilis Internacional, Alerta Venezuela, Fundación Friedrich Naumann, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Amnistía Internacional, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), PROVEA, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Cepaz, Voto Joven, Acceso a la Justicia y CIVICUS, realizaron el evento paralelo "La urgente necesidad de renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela". La actividad se llevó a cabo este 16 de septiembre de 2026 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

El encuentro contó con la participación especial de Alex Neve, Maria Eloisa Quintero y Sofía Macher, expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, así como de la Dra. Gloria de Mees, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora para Venezuela. 

Un espacio de encuentro internacional y mandatos independientes de protección

Durante las palabras de apertura del evento, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta y profesor de la Universidad del Zulia, dio la bienvenida a las delegaciones diplomáticas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de órganos internacionales presentes, expresando un saludo con especial deferencia a los mandatos representados. 

Acto seguido, Gómez Gamboa enfatizó que las razones que dieron origen a la creación de la Misión persisten en 2026 y que el mecanismo mantiene una utilidad estratégica fundamental en el contexto presente y futuro respecto a la lucha contra la impunidad, la documentación y determinación de responsabilidades ante las graves violaciones de derechos humanos, y la construcción de la memoria histórica.

Contexto sociopolítico de Venezuela en 2026

Ligia Bolívar, profesora universitaria de la UCAB y directora de la ONG Alerta Venezuela, afirmó que la situación política que vive actualmente Venezuela no corresponde a un proceso de transición a la democracia, sino a un reacomodo de fuerzas donde permanecen intactas las estructuras políticas, económicas y represivas. 

“En el análisis que publicamos en Alerta Venezuela el mismo 3 de enero, calificamos la situación de Venezuela como una transición tutelada. El paso de los meses nos permite afirmar que Venezuela no se encuentra en un proceso de transición a la democracia, sino en un reacomodo de fuerzas. Quienes detentan el poder ya formaban parte de las estructuras políticas, económicas y represivas que permanecen”, dijo. 

Explicó que si bien han existido excarcelaciones, estas no implican libertades plenas ni el cierre de procesos judiciales, además de persistir la impunidad sobre los responsables de detenciones arbitrarias y torturas, citando el caso de Emirlendris Benítez, quien tras ser documentada por la Misión sufrió torturas que le ocasionaron la pérdida de su embarazo y la pérdida de la movilidad.

Bolívar reportó que entre enero y julio de 2026 se registraron 161 violaciones a la libertad de expresión, según datos de Espacio Público, confirmando patrones de censura, bloqueos de internet y hostigamiento contra quienes opinan sobre asuntos públicos. Asimismo, denunció la desarticulación institucional tras la desaplicación de la Ley de Amnistía por parte de Delcy Rodríguez para transferir las solicitudes al llamado "Programa para la Convivencia Democrática y la Paz", un ente informal y discrecional que operó sin decreto o respaldo legal y cuya vigencia de 100 días fue prorrogada indefinidamente. Además, indicó que, a pesar de las solicitudes de verificación de cifras, las autoridades venezolanas no entregaron las listas ni permitieron el acceso a los centros penitenciarios, operando actualmente en el país mediante una extensión confidencial de su carta de entendimiento.

Arquitectura normativa y restricción del espacio cívico

Ricardo Villalobos Fontalvo, académico y director de Civilis Internacional, sostuvo que en Venezuela se mantiene un entramado de 38 normas contrarias a la Constitución y los tratados internacionales diseñadas para castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. 

Destacó la Ley de Fiscalización de las ONG aprobada en agosto de 2024, la cual condicionó el estatus legal de las organizaciones bajo trámites costosos y requisitos que obligan a revelar información sensible de las víctimas. Refirió que, según una encuesta realizada a 101 ONG, el 20,8% suspendió actividades y solo el 3,4% de las organizaciones de derechos humanos logró registrarse de forma exitosa, en contraste con un 25% de aceptación hacia las de carácter puramente humanitario.

El docente universitario detalló además que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contempla penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones de hasta 60 años por promover el escrutinio internacional. Asimismo, presentó cifras del Monitor Cívico que documentó 99 eventos represivos y 395 incidencias de vulneraciones entre abril y junio contra la libertad de asociación, expresión y participación. 

Respecto a la respuesta estatal ante los recientes terremotos en el norte de Venezuela, denunció que la autoridad apenas desplegó el 12,6% de su capacidad en las primeras 24 horas y que cuerpos como el SEBIN y la PNB obstruyeron activamente centros de acopio independientes e intimidaron albergues comunitarios. 

“Ante lo expuesto, desde Civilis enfatizamos que cualquier agenda de reinstitucionalización debe priorizar la derogación total de este marco jurídico restrictivo. No basta con enmendarlo ni "flexibilizar" su aplicación: mientras esta arquitectura exista es inviable poder garantizar la justicia, la verdad, reparación y no repetición en un contexto en el que el propio Estado se niega a investigar. De igual forma, debe priorizarse la libertad plena de los defensores de derechos humanos detenidos y personas judicializados”, comentó el experto. 

Por su parte, el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, intervino desde la moderación para alertar sobre el agravamiento de los cortes eléctricos diarios de más de 8 horas en las regiones y la política de asfixia presupuestaria y salarios de menos de dos dólares mensuales contra las universidades venezolanas, buscando su desmovilización y el colapso del sistema educativo.

“El Estado ha implementado una política sistemática con indicadores de “gran corrupción”, prácticas intervencionistas y asfixia presupuestaria contra las universidades y los universitarios, lo cual desmantela la educación superior e inhibe el pensamiento crítico, la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos humanos de las comunidades académicas. El salario de un profesor universitario es menor a 2$ al mes. Se busca la desmovilización de la Universidad en la discusión de los asuntos públicos, su captura y el colapso del sistema educativo en un contexto de grave debilitamiento del espacio cívico”, explicó el docente universitario.

Crímenes internacionales

Clara del Campo, encargada de Campañas para América Latina de Amnistía Internacional, enfatizó que la política de represión se mantiene activa en sus estructuras, integrantes y prácticas, centrando su exposición en el uso sistemático de las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y la persecución. En este sentido, el incumplimiento de las obligaciones de proveer información oficial sobre las personas bajo su custodia, resaltando que el trabajo coordinado de ONG y familiares contabiliza actualmente entre 328 y 400 personas en detención arbitraria por motivos políticos.

La representante de Amnistía Internacional ilustró la continuidad de estas prácticas mediante casos recientes como los de la adolescente Samantha Hernández y su hermana Aranza, el caso de Oscar Morales, y la situación de Juan Carlos Marrufo en el internado judicial Rodeo I, recordando que la negación de atención médica urgente y adecuada puede constituir actos de tortura. 

“Siguen las detenciones y siguen los malos tratos, la tortura y las desapariciones forzadas. El caso de la falta de atención médica es particularmente revelador, ilustrativo y alarmante. Recordamos que la falta de atención médica, urgente y adecuada, que conlleva un sufrimiento físico o psicológico grave, con conocimiento o intención de los custodios, puede constituir tortura. Esto es demasiado frecuente en la actualidad”, comentó. 

Asimismo, alertó sobre la práctica reiterada de traslados sin notificación que configuran desapariciones forzadas, citando la situación de Jorge Guanares, de quien se desconoce el paradero desde el 2 de agosto de 2024. 

Aunado a esto, Del Campo condenó la permanencia de causas penales abiertas y medidas restrictivas contra defensores de derechos humanos como Carlos Correa, Carlos Julio Rojas, Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

La continuidad del aparato represivo e impunidad estructural

Santiago Canton, profesor universitario y Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), aseveró que el aparato represivo no ha sido desmantelado porque fue construido deliberadamente con la finalidad de mantener el poder. 

“El aparato represivo venezolano se construyó con una finalidad muy concreta: la permanencia en el poder. Y el patrón se repite. Cada vez que apareció una posibilidad real de cambio, por la vía de la calle o por la vía electoral, la respuesta fue la misma: mantenerse en el poder a cualquier costo y esperar a que los vientos vuelvan a cambiar”, dijo Canton.

Según datos presentados, indicó que mientras el gobierno informó sobre 8.000 beneficiarios de la Ley de Amnistía, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) solo pudo confirmar 1.149 excarcelaciones entre finales de 2025 y junio de 2026. 

Aunado a esto, Canton afirmó que los jueces venezolanos no actúan de manera autónoma y continúan aplicando la legislación contra el odio y el antiterrorismo bajo instrucciones del Ejecutivo Nacional. Ejemplo de ello es el caso de Víctor Quero, detenido y desaparecido en enero de 2025, cuya muerte en custodia dentro del Internado Judicial Rodeo I en julio de ese mismo año fue ocultada por el Estado a su madre, Carmen Navas, hasta mayo de 2026. 

Ante todos los casos documentados, subrayó que para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos se requiere la condena efectiva de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la recuperación del Estado de derecho mediante una reforma transparente del Tribunal Supremo de Justicia y la convocatoria a elecciones democráticas a la brevedad.

Falta de transparencia en la renovación de autoridades judiciales

Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), centró su análisis en el proceso de renovación de autoridades judiciales y de organismos de control en Venezuela, advirtiendo que la falta de información oportuna, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas han sido la regla constante en estas ejecuciones. 

Lusverti denunció las reformas consecutivas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, orientadas a incrementar el número de magistrados y modificar la conformación del Comité de Postulaciones de la Sociedad Civil; señalando que han carecido de la debida transparencia y participación ciudadana. 

"Al punto que luego de 10 días de aprobada la ley aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Así como tampoco ocurrió con los procesos de nombramiento del nuevo Fiscal y la Defensora del Pueblo. Ambos no contando con las credenciales necesarias exigidas por la Constitución para este proceso. En el caso específico de la Defensora del Pueblo no se cumplió con una disposición específica de la Constitución que requiere trayectoria reconocida en materia de derechos humanos", dijo. 

Ante este escenario, concluyó que resulta imperativo que la comunidad internacional mantenga una estricta vigilancia sobre la designación del TSJ y las pretendidas reformas al sistema de justicia en el país.

Escrutinio internacional

Por su parte, Luis Carlos Díaz, representante de Transparencia Venezuela, en un análisis compartido a Aula Abierta, aseguró que las víctimas en el país requieren la permanencia del escrutinio internacional más allá de las dinámicas económicas y petroleras. Seguidamente, denunció que la estrategia de las autoridades venezolanas ha consistido en aislar al país de los mecanismos internacionales, tal como ocurrió con la OEA y como sucede actualmente respecto a la Corte Penal Internacional (CPI), obstaculizando las investigaciones para reducir los espacios de exigencia de justicia.

En consecuencia, Díaz resaltó que la crisis venezolana involucra directamente a la comunidad internacional, toda vez que ciudadanos de más de 30 nacionalidades, incluidos trabajadores humanitarios internacionales, han sido víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e incomunicación en el país. 

En este sentido, formuló cuatro peticiones concretas a los Estados miembros: 

• Primero: renueven el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de DDHH para Venezuela. Ambos mecanismos deben cooperar y actuar libremente dentro del país.

• Segundo: denle los recursos y el tiempo necesarios para seguir investigando, identificando responsabilidades y preservando evidencia. Todavía hay mucha información por develar dentro de su mandato.

• Tercero: mantengan el escrutinio internacional mientras Venezuela no tenga instituciones independientes capaces de investigar estos crímenes. Sobre todo el crimen de persecución, que tiene impacto en temas migratorios que le interesan a la comunidad internacional.

• Y cuarto: escuchen y protejan a las víctimas, venezolanas y extranjeras. Cualquier proceso de transición tiene que incluir verdad, justicia, reparación y garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Mientras ese largo plazo ocurre, en el presente hay excarcelados que necesitan atención humanitaria urgente, porque están saliendo en muy malas condiciones.

Finalmente, las organizaciones convocantes reiteraron que la renovación de la Misión Internacional Independiente resulta vital para prevenir la consolidación de factores de riesgo de crímenes de atrocidad, evaluar objetivamente si las medidas estatales constituyen cambios verdaderos o simples maniobras efímeras, y garantizar la complementariedad de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas en defensa de la sociedad civil y las comunidades académicas de Venezuela.